La puesta en marcha del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos se sigue dilatando y los organismos de derechos humanos hacen responsable al secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño por su “falta de responsabilidad institucional y voluntad política”.
Organismos de Derechos Humanos cuestionan al Gobierno y puntualmente al secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño por su inacción para conformar y poner en funcionamiento el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Lo acusan de “imponer obstáculos burocráticos y dilaciones”. Se suma a esto, el alejamiento a fines de 2024 de la que hasta ese entonces era directora general de Derechos Humanos de Entre Ríos Gracia Jaroslavsky. En su lugar asumió la dirigente socialista, Maria Emma Bargagna, quien se venía desempeñando como coordinadora del Registro Único de la Verdad.
“Nunca hubo clara una política de parte de la Secretaría de Justicia en relación a los derechos humanos”, afirman por lo bajo.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura tiene por objetivo garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, casi dos años después, el organismo no termina de consolidarse por cuestiones que los organismos de derechos humanos atribuyen a la secretaria de Justicia.
El organismo tiene entre sus atribuciones más importantes la de llevar adelante las visitas a los centros de detención de la provincia con el objetivo de verificar condiciones o situaciones que permitan o faciliten la comisión de malos tratos o actos de torturas; realizar informes en los que se expondrán todas las observaciones; desarrollar recomendaciones para que cesen tales prácticas y situaciones con un énfasis en la prevención; y sostener un vínculo cooperativo con el Estado y la sociedad civil para su efectiva implementación.
La implementación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura es una deuda de larga data en Entre Ríos. Su creación fue votada por unanimidad en la Legislatura en 2017, pero nunca se pudo integrar. La ley contemplaba la integración de una comisión bicameral para acompañar la tarea, pero solo se integró a medias. Recién en 2023 se logró un consenso para que finalmente pueda constituirse el organismo, con la integración de un representante del Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos; dos diputados, uno por la mayoría y otro por la minoría; un senador; dos miembros de la sociedad civil de referencia en el área de derechos humanos y un cargo de Secretario Ejecutivo.
“En este año y medio la secretaria de Justicia ha venido impidiendo sistemáticamente que el Comité pueda ejecutar su presupuesto aprobado por ley, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo. De este modo se imposibilita el pleno desarrollo operativo de sus actividades, como la puesta en funciones del Secretario Ejecutivo seleccionado por concurso público”, reclaman los organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos.
3 comentarios
comite para la prevencion de la tortura???? es joda??? tortura es seguir manteniendo a tantos vagos que viven de los ciudadanos trabajadores
Al final el tema era ejecutar el presupuesro
Este tipo es un malvado primero hecho gente ahora los derechos humanos encima no sabe nada y el y todos sus funcionarios lo único que hacen es aumentarse el sueldo