Allende impugnó la pericia contable y dilata el juicio de la causa sobre la que YA SE DECLARÓ CULPABLE

Parece que José Ángel Allende sigue vigente con su capacidad de gambetear a la justicia, y ahora logró que se impugne la frondosa pericia contable que detalla su meteórica captación de bienes de todo tipo durante sus años como diputado provincial, y que no tiene forma de justificar, ya que la diferencia entre esos bienes y lo que ha percibido como funcionario y otras actividades es de 2 millones de dólares. Además, su familia cercana está involucrada en estas maniobras, teniendo a sus nombres muchos de esos bienes y propiedades. Hoy iniciaba el desfile de la familia Allende por tribunales, pero por ahora, los abogados de Allende, lograron desactivarlo. En 2021 se había declarado culpable, pretendiendo un juicio abreviado y pagar, pero el Juez Garzón no consintió la propuesta de que pague “chauchas y palitos”.

El juez de Garantías Pablo Zoff aceptó el recurso de apelación presentado por los defensores técnicos, los abogados Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi, quienes impugnaron resoluciones previas emitidas el 17 de marzo. El juez, tras revisar el estado de las actuaciones y los argumentos presentados, decidió conceder el recurso de apelación, pero con un efecto particular: el efecto suspensivo. Esto significa que, mientras el tribunal superior revisa el caso, las resoluciones impugnadas quedarán en pausa, y no se ejecutarán hasta que se resuelva definitivamente la apelación. Esta medida busca evitar que se tomen decisiones que podrían afectar los derechos de las partes mientras el proceso sigue su curso.

Además, el juez ordenó la suspensión de las indagatorias, es decir, los interrogatorios o declaraciones que estaban programadas en el expediente, específicamente en la página 1832. Estas indagatorias quedarán en espera hasta que el tribunal superior, en este caso la Cámara de Transición, Sala I, resuelva el recurso de apelación. Esta decisión refleja un principio fundamental del derecho: la no prejudicialidad, que busca evitar que se tomen medidas que podrían perjudicar a las partes antes de que se resuelva el fondo del asunto.

Los defensores técnicos, por su parte, recibieron una notificación para que, si lo consideran conveniente, puedan «mejorar» su recurso de apelación. Esto implica que tienen la oportunidad de presentar argumentos adicionales o aclaraciones para fortalecer su posición ante el tribunal superior. Para ello, cuentan con un plazo de tres días hábiles, contados a partir de que el expediente llegue a la Cámara de Transición. Este plazo está establecido en el artículo 472 del Código Procesal Penal (C.P.P.), que regula los procedimientos para mejorar los recursos de apelación.

El expediente, una vez completados estos trámites, será elevado a la Cámara de Transición, Sala I, un tribunal superior compuesto por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Santiago Brugo. Este tribunal será el encargado de revisar el caso en profundidad y emitir una decisión definitiva sobre la apelación. La resolución también ordena notificar a las partes involucradas sobre estas decisiones, asegurando que todos estén al tanto de los siguientes pasos en el proceso.

Esta resolución judicial marca un momento crucial en el caso de Enriquecimiento Ilícito de Allende, ya que no solo concede la apelación, sino que también suspende las actuaciones impugnadas y da a los defensores técnicos la oportunidad de fortalecer sus argumentos. Todo ello mientras el expediente se eleva a un tribunal superior, que tendrá la última palabra sobre el asunto. Este tipo de decisiones refleja el funcionamiento del sistema judicial, donde se busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, evitando que se tomen medidas que podrían afectar los derechos de las partes antes de que se resuelva el fondo del caso.