El freno a la obra pública es el mayor conflicto de Milei con las provincias

Los gobernadores esperaban una reactivación de la economía en el año electoral. El nuevo acuerdo con el FMI los condiciona aún más

El incumplimiento de la Casa Rosada sobre la promesa de reinicar la obra pública este año es lo que más golpea el ánimo de los gobernadores dialoguistas, que empiezan a “animarse” a desacoplar su colaboración con el oficialismo en el Congreso. El fuerte ajuste que realizaron las provincias en 2024 -21,6% al tercer trimestre- se nutrió de la expectativa de que este año mejorara la recaudación y se normalizara la asistencia nacional. Ahora, el presidente Javier Milei anunció que la meta de superávit primario pasó de 1,3% al 1,6% del PBI por el nuevo acuerdo con el FMI, que también establece que se debe discutir un nuevo sistema de coparticipación. Todo conspira contra la expectativa de las provincias de reactivar la obra pública.

En un año electoral, la obra pública no solo implica tener “algo para mostrar”, sino también una revitalización de la actividad. Las reuniones con funcionarios de la Casa Rosada se repiten, hay negociaciones individuales y se promete que habrá activación de algunos trabajos, pero el tiempo corre y no se ven los resultados.

A este contexto se le agrega que los gobernadores detectan que, desde el escándalo $LIBRA, la administración libertaria perdió algo de la fortaleza que los inhibía de marcar diferencias. Mientras todas eran buenas noticias en la agenda nacional, los mandatarios que comparten electorado con Milei se esmeraron por no quedar en la mira de las críticas del Presidente. “A Superman lo está afectando la criptonita”, ironizó un ministro provincial afecto a los cómics.

Las expectativas de una mejora de las transferencias nacionales se recorta todavía más porque el Presidente señaló que, ante la posibilidad de que el shock externo se agudice, el Gobierno responderá con mayor ajuste fiscal.

Una conducta que encendió luces amarillas en la Casa Rosada fue la del catamarqueño Raúl Jalil, aliado desde el inicio de la gestión. Sus cuatro diputados nacionales dieron quorum y votaron a favor la constitución de la comisión investigadora de $LIBRA. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no se refirió a Jalil pero sí a los legisladores cordobeses que también dieron quorum: dijo estar “sorprendido” por esa decisión.

Toda comparación de esas transferencias con 2024 está amañada porque en el arranque de la gestión de Javier Milei los giros a las provincias marcaron un piso histórico. La Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional en las provincias y CABA, en el primer trimestre, sumó $127.328 millones en su etapa pagada, lo que implica una suba real interanual de 101,8%, pero sigue un 53% abajo del promedio histórico desde 1995 a la fecha.

Según datos de la consultora Politikon Chaco, las “construcciones” (caminos, diques, puentes, edificios, canales de riego y desagües, etc) registraron un alza del 64,9% y el resto, 180,3%. La foto del período muestra que “construcciones” evolucionó menos que los otros ítems y, además, su participación en la torta decreció 12 puntos porcentuales.

Las “construcciones” en cinco provincias representan el 100% de la inversión real directa y en otra docena superan el 90%; la excepción es CABA, con 1,1%. De los montos totales pagados por Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Jujuy concentran el 67,7% (las dos primeras acumulan 46%). En La Pampa, La Rioja, San Luis y Chubut directamente no hubo ejecución en el primer trimestre.

Avales sin ejecutar

Una negociación que varios gobernadores lograron cerrar y que, en su momento, calmó los ánimos, fue conseguir que el ministro de Economía, Luis Caputo, les diera avales para endeudarse. Sin embargo, la mayoría de esos permisos están sin ejecutarse; solo está el trámite administrativo abierto. Los mandatarios están reacios a endeudarse, aun cuando ese camino podría permitirles agilizar el ritmo de la obra pública.

Este año solo colocó títulos públicos en el mercado local Mendoza, mientras que en el 2024 lo realizaron Santa Fe, Córdoba y Río Negro, mientras que Chaco y Buenos Aires hicieron roll-over. Para varios economistas que siguen las finanzas provinciales, señalan que la mejora del perfil deudor que registran las provincias les permitiría buscar fondos locales aunque admiten que los plazos son cortos. En el mercado internacional la incertidumbre sí condiciona fuertemente la salida.

Un problema extra es el de la judicialización de deudas nacionales con empresas constructoras. Si esas obras son parte de programas financiados por organismos internacionales, se corta el giro de recursos.

Por ahora, solo hay un caso, el de la Autopista 19 entre la ciudad de Córdoba y San Francisco, que fue transferida de Nación a la provincia y que tenía fondeo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La UTE CRZ Construcciones denunció en Washington irregularidades por el pase de manos y porque Martín Llaryora licitó los trabajos cuando todavía había contratos en marcha.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción explican que ese es un caso “especial”, porque hubo una rescisión de contrato y demandas cruzadas. “No sabemos de otras demandas”, indican.