El presidente de la comisión aplicó su facultad ante la paridad con Unión por la Patria, que se pronunció por el rechazo, al igual que la izquierda. Encuentro Federal elaboró una propuesta con modificaciones. La ley de leyes se discutirá en diciembre, con el nuevo Congreso
Aúltimo momento, y gracias a la doble firma de Bertie Benegas Lynch -presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados- el oficialismo y sus aliados se alzaron con el dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto 2026. De todas maneras, el debate de la iniciativa recién se celebraría después del 10 de diciembre, cuando se renueven ambas cámaras. Para esa instancia confían en tener el guiño de los gobernadores, que todavía esperan gestos concretos del Gobierno para introducir modificaciones al texto.
La reunión de la Comisión de Presupuesto alumbró cuatro dictámenes. El de mayoría fue para el oficialismo, que logró 21 firmas, incluida la del diputado y designado ministro del Interior, Diego Santilli.
Empero, el aval no fue unívoco: el bloque de Pro firmó en disidencia porque no se incluyó la copartipación de la ciudad de Buenos Aires. También la UCR, el bloque sanjuanino de Producción y Trabajo e Innovación Federal -que responde a los gobernadores de Río Negro, Salta y Misiones- siguieron el camino de la disidencia. Un llamado de atención para el Gobierno.
La bancada de Unión por la Patria perdió por un voto: con 20 firmas despachó un dictamen de rechazo. Un dato no menor: los diputados por Catamarca, La Pampa y de Santiago del Estero -cuyos gobernadores estuvieron presentes en la reunión con Javier Milei en la Casa Rosada el jueves pasado- suscribieron el rechazo. En la misma línea se pronunciaron los diputados de izquierda, aunque con un dictamen propio.
En tanto, el bloque de Encuentro Federal –adonde anidan los legisladores de Provincias Unidas, entre otros- presentó un dictamen propio que fue avalado por los diputados radicales de Democracia y MID. Obtuvieron seis firmas. Ese proyecto contiene un decena de modificaciones al texto oficialista, muchas de las cuales buscan atender las demandas de los gobernadores. Sus autores insisten en que no modifica el equilibrio fiscal.
La oposición se propuso apurar hoy mismo los dictámenes con el argumento de que el Poder Ejecutivo todavía no convocó a sesiones extraordinarias el mes próximo para sancionar la ley; a fin de este mes vence el período de sesiones ordinarias y teme que, como en los últimos dos años, apele al artilugio de prorrogar el presupuesto 2023 para manejar de manera discrecional los recursos.
El oficialismo insiste en que esta vez el presupuesto 2026 constituye una de sus prioridades –máxime porque es una exigencia de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI)-. Envalentonado por el triunfo electoral de medio término, la Casa Rosada hizo saber que prefiere que la iniciativa recién sea debatida recién con la conformación de las nuevas cámaras, ya que para entonces la representación libertaria se verá robustecida.
En resumidas cuentas, el oficialismo logró hoy salirse con la suya al doblarle el brazo a la oposición y llevarse, con la diferencia de un voto, el dictamen de mayoría. Sin embargo, esto no anticipa todavía un triunfo en el recinto: las disidencias, planteadas incluso por gobernadores y legisladores cercanos al oficialismo, preanuncian que la ley que eventualmente será votada después del 10 de diciembre incorporará cambios. Habrá que ver qué estará dispuesto a ceder la Casa Rosada. Por ahora no dio indicios al respecto.
El debate
En las últimas horas oficialismo hizo lo imposible por demorar la instancia de la firma de los dictámenes, pero no lo logró. Tanto Unión por la Patria, como Encuentro Federal, Democracia y la izquierda estaban decididos a avanzar. A la hora de rubricar los dictámenes, hubo empate en 20 firmas entre el oficialismo (y sus aliados) y Unión por la Patria. Desempató Benegas Lynch en su condición de presidente de la comisión.
El debate en la Comisión de Presupuesto fue intenso. En el arranque, el diputado Cristian Castillo, de izquierda, advirtió que, a su juicio, las proyecciones macroeconómicas del proyecto oficialista “quedaron desfasadas”.
“Plantea una serie de supuestos que difícilmente se comprueben tanto en la idea de la meta inflacionaria, de crecimiento, como la consolidación de una caída muy importante en las partidas sociales en lo que hace a la educación, cultura y salud”, enfatizó.
Desde Unión por la Patria, Carlos Heller y Germán Martínez fundamentaron su rechazo.
“Este proyecto, así como está, no parece darle a la Argentina las herramientas necesarias para alcanzar un camino de recuperación de la actividad económica, y de recuperación de la actividad productiva y de empleo en la Argentina”, esgrimió Martínez.
Acto seguido, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) detalló los puntos principales del dictamen de su espacio. Enfatizó, en este punto, que la propuesta contempla los gastos presupuestarios que demandan las tres leyes que el Congreso ratificó pese al veto presidencial y que, aún así, permanecen suspendidas: la de financiamiento a las universidades, la declaración de emergencia en salud pediátrica y la de Discapacidad.
“Lo más importante es que no atenta contra la idea del déficit cero. Vamos a discutir prioridades, eso es lo más importante”, enfatizó el diputado cordobés.
Además de contemplar el gasto de las tres leyes ignoradas por el Gobierno, el proyecto incluye un refuerzo presupuestario para las universidades; a las 13 cajas previsionales no transferidas a la Nación; a la preservación de los bosques nativos en cumplimiento de la ley correspondiente, a la Fábrica Militar de Aviones y al Fondo Nacional de Empleo.
Asimismo, establece un cupo fiscal para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, al tiempo que propone un artículo que establece que toda transferencia o cesión de bienes inmuebles del Estado de carácter estratégico debe contar con el aval del Congreso.
Según precisó Agost Carreño, esta iniciativa no altera el equilibrio fiscal -es más, estimó que arrojaría un superávit del 0,89% del PBI– porque se incorporarían al menos dos fuentes extra de financiamiento: la recaudación de los llamados entes cooperadores al Tesoro y la eliminación de la llamada cuenta de jerarquización, que detrae recursos impositivos para para beneficios extraordinarios a funcionarios superiores.
Los bloques de Democracia y del MID suscribieron esta iniciativa. “Lo importante es que tengamos un presupuesto, que el gobierno empiece a consensuar con otros sectores de la economía, porque más importante que tener un presupuesto es el consenso que reúna para poder mirar el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, planteó Eduardo Falcone, del MID.
El proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo estima un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de $1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. En cuanto al resultado, prevé un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero (después del pago de los intereses de la deuda) del 0,2% del PBI.
Estas proyecciones no son compartidas por las estimaciones que formuló el FMI para la Argentina, que prevé para 2026 un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4%.