Un grave caso de presunto tráfico de influencias y negociaciones paralelas estalló en el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Entre Ríos. Las denuncias, que comprometen a un alto funcionario del organismo, que se señala como el Vicepresidente, y a personal de la Regional Oeste, se cruzan directamente con un reclamo judicial en curso por más de $20 millones de pesos por el incumplimiento en la entrega de una vivienda social. La trama involucra el uso indebido de información institucional para facilitar una transacción privada por fuera de los canales administrativos del Estado, lo que plantea serios interrogantes sobre la ética y el manejo de recursos públicos, constituyendo un GRAVE DELITO PENAL.
La trama de las «gestiones informales» en el IAPV
Según información difundida, funcionarios del IAPV habrían intervenido en gestiones no registradas para el «recupero» y posterior traspaso de una vivienda estatal en un barrio de la capital entrerriana.
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Señalamiento Directo: Las acusaciones apuntan al Vicepresidente del IAPV, quien, en supuesta complicidad con la abogada de la Regional Oeste, habría facilitado datos internos para una negociación entre particulares.
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Manejo Indebido de Información: Se habría compartido «información institucional» con un particular para «facilitar una negociación privada por fuera de los canales administrativos», una práctica que, de confirmarse, constituiría un grave manejo indebido de datos públicos con fines lucrativos.
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La Presunta Estafa: El funcionario habría inducido a un particular (quien resultó ser la Sra. Antonella Nadia Anouk Velazquez, según el expediente judicial) a firmar documentos por un monto total que ascendería a más de $20.000.000 de pesos (citando los pagarés), bajo la promesa explícita de entregarle la vivienda.
La suscripción de estos documentos se habría realizado en julio de 2025. Sin embargo, la entrega de la vivienda, ubicada en el B° 300 Viviendas Manzana C casa 18, nunca se concretó, lo que disparó el conflicto legal.
La mediación judicial que expone el conflicto
El escándalo salió a la luz pública al cruzarse con una notificación de mediación prejudicial obligatoria que la víctima, la Sra. Antonella Nadia Anouk Velazquez, inició en octubre de 2025.
El expediente, caratulado «Velazquez, Antonella Nadia Anouk C/ Uriona, Luis Antonio y Otros S/ Ordinario» (Expte. 166453), pone en el centro del reclamo el incumplimiento de contrato, simulación de hecho y daños y perjuicios.
Actores y hechos citados en la notificación:
| Rol | Protagonista | Objeto del Reclamo |
| Requirente (Afectada) | Velazquez, Antonella Nadia Anouk | Incumplimiento de contrato y simulación por la no entrega de la vivienda del B° 300, tras la firma de documentos (pagarés) el 17/07/2025. |
| Requeridos | Casanova, Romina Ruth | Implicado en el reclamo por la falta de entrega. |
| Uriona, Luis Antonio | Implicado en el reclamo por la falta de entrega. | |
| Schönhals, Manuel | Implicado en el reclamo por la falta de entrega. |
El abogado de la requirente, Dr. Eduardo Daniel Gerard, fue quien formalizó la convocatoria.
La controversial audiencia de octubre
La notificación judicial fijó la audiencia de mediación para el día 21 de octubre de 2025. Según los trascendidos periodísticos, el Vicepresidente del IAPV, junto a la abogada de la Regional Oeste, habría asistido a esta instancia.
«El vicepresidente, asistido por la abogada de la Regional Oeste, habría deslindado su responsabilidad, y hacer que el IAPV quedara involucrado en la mediación.»
Esta estrategia buscaba, aparentemente, desligar la responsabilidad personal del funcionario, trasladando el problema al propio organismo estatal, que en principio no figura como parte requerida directa en el expediente.
Graves interrogantes y responsabilidades éticas y penales ya que no se trataría de un incumplimiento contractual si no de un delito.
El caso trasciende el simple incumplimiento contractual y se adentra en el terreno de las responsabilidades políticas éticas y delictivas dentro de un organismo clave para la política habitacional de la provincia.
La pregunta central es por qué funcionarios del IAPV, incluido el Vicepresidente, se involucraron en una «negociación privada» y «gestiones informales» sobre una vivienda que es patrimonio estatal, y cómo un particular pudo acceder a información oficial para suscribir documentos que comprometen una cifra multimillonaria.
De confirmarse la inducción a firmar pagarés bajo la promesa de una vivienda que solo el IAPV puede adjudicar o recuperar legalmente, los funcionarios involucrados no solo enfrentarían un juicio civil, sino también posibles investigaciones por delitos contra la administración pública, incluyendo tráfico de influencias o fraude.
El futuro del caso y la perspectivajudicial
Aunque la mediación haya tenido lugar el 21 de octubre (la nota de prensa fue redactada poco después del 24 de octubre), el fracaso de la misma es casi seguro, dado el tenor de las denuncias y la postura del funcionario de deslindar responsabilidad.
El conflicto se encamina, inevitablemente, hacia un juicio ordinario que no solo deberá determinar la responsabilidad de los requeridos (Casanova, Uriona y Schönhals) por el incumplimiento y el fraude de la simulación, sino que también podría forzar una investigación más profunda sobre el rol exacto de los funcionarios del IAPV que habrían facilitado la maniobra.
El caso plantea la urgencia de revisar los protocolos internos del IAPV para evitar el uso de información pública con fines privados y garantizar que todas las negociaciones sobre el recupero y adjudicación de viviendas se realicen de manera transparente y por los canales administrativos formales.
Se espera una respuesta oficial por parte de la cúpula del IAPV sobre la participación de sus funcionarios en esta controversial transacción y las medidas que se tomarán al respecto.