La Justicia investiga una hipótesis alarmante: que el organismo destinado a “promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad” funcionó, en los hechos, como una bolsa de negocios para empresarios que lo infiltraron, se repartieron contratos de compra de medicamentos e insumos, cobraron sobreprecios y pagaron sobornos.
Esa es la sospecha que expuso el fiscal federal Franco Picardi en su dictamen de la semana pasada en la causa que investiga una presunta estafa gigantesca dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante el gobierno de Javier Milei. ¿Quién habilitó a estos “privados”, profesionales en el manejo de cajas en distintos organismos y durante los más diversos gobiernos, a desembarcar en la Andis?
Esa pregunta es clave y todavía no está respondida en la causa, un expediente que lleva tres meses, tiene 15 acusados que fueron citados a indagatoria y chats, audios y cuadernos con menciones -aún no desentrañadas- a altos personajes de la política. Hoy declaró como acusado Diego Spagnuolo, que fue amigo y abogado personal de Milei y dirigió la Andis hasta que se conocieron audios adjudicados a él en los que se vinculaba a Lule Menem y Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Esta es una guía para seguir el caso.
La maniobra
DESEMBARCO
Según la fiscalía, el primer paso que se trazaron quienes hicieron negocios espurios a costa de la Andis fue entrar con algún cargo de jerarquía en el organismo para controlarlo. Para eso -dijeron en sus chats-, necesitaban “llegar a Karina Milei”, la “que define todo”. Tuvieron éxito con el resultado buscado, no se sabe todavía cómo: Daniel María Garbellini, uno de ellos, fue nombrado director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
Antes de conseguir entrar en la Andis, habían intentado hacerse de otras cajas del Estado, según las pruebas presentadas por la fiscalía. El plan era “cuatro años de gestión” y después, “todos a Tenerife”.
DIRECCIONAMIENTO
El dictamen del fiscal Picardi sostiene que hubo un “direccionamiento de procesos de compra, en favor de un conjunto de proveedores con vínculos con los funcionarios públicos de Andis, en clara violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública”. Es que, según la fiscalía, los investigados se manejaron con una “discrecionalidad absoluta” para “restringir artificialmente la competencia”; así, decidían ellos a cuántos oferentes invitaban a la compulsa, quiénes eran esas firmas y quién se quedaría con cada negocio. En algunos casos se invitaba a entre 13 y 16 proveedores, pero en otros, a entre uno y cinco, y a veces, solo a uno, “sin que se vislumbre razón alguna para ello”. Excluyeron, así, a “competidores regulares”. El resultado era ruinoso para el Estado, dijo el fiscal, que afirmó: “Cuando las licitaciones eran más abiertas, los precios eran más baratos”. En las “licitaciones reducidas” se repetían los adjudicatarios: las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93,11 % de los $ 30.337.220.919,77 que se adjudicaron entre julio 2024 y agosto 2025 en de esas contrataciones, de acuerdo con la documentación de la causa.
SOBREPRECIOS
El fiscal advirtió que “se observaron sobreprecios en determinados medicamentos PACBI [de alto costo económico o de tratamiento prolongado], que eran adjudicados a empresas con fuertes vínculos con la Andis. Un análisis hecho por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos. Por ejemplo, el medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab registró aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas. Todo esto, sin una explicación razonable, según la fiscalía.
PAGOS
El fiscal consideró probado que existieron “pagos indebidos a funcionarios públicos de la Andis, a cambio de diversos favores”; en especial, a Spagnuolo, Garbellini, González y Di Giorno. Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Guadalupe Muñoz, la mujer de Calvete, $5.000.000 en efectivo. Calvete le pidió ese dinero a su mujer para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. ¿Por qué querría Spagnuolo pesos para viajar a Israel? No se sabe.
En base a un audio que forma parte de la causa, el fiscal sostuvo que Calvete le dijo a Spagnuolo cómo cobrar ese dinero “en algún lugar disimulado”.
En uno de los teléfonos de Calvete, los investigadores encontraron además tres fotos de Spagnuolo en “el domicilio de Calvete” -dice el fiscal- con una mochila al hombro. “Ideal para transponrtar valores”, afirma Picardi en su dictamen.
Los protagonistas
Del dictamen del fiscal surge que dentro de la Andis coexistían al menos dos grupos de empresarios y funcionarios que hacían negocios a costa del erario público; eran grupos relacionados, pero actuaban en paralelo, creen los investigadores con las pruebas encontradas hasta ahora. Arriba de ellos -al menos en el organigrama– estaba Spagnuolo, acusado de haber “permitido, consentido y supervisado” el direccionamiento de las contrataciones.
El “Grupo Museo”
Los referentes son Pablo Atchabahian y Daniel María Garbellini
Pablo Atchabahian es una pieza clave del caso. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras. Ellos eran dos de los seis integrantes del “Grupo Museo” de WhatsApp.
Urólogo, tuvo distintos cargos en diferentes gobiernos. Primero, en el municipio de Pilar, cuando el intendente era Humberto Zuccaro, peronista que durante un tiempo fue aliado de Sergio Massa en el enfrentamiento con el kirchnerismo. Atchabahian tuvo varios cargos en Pilar; el último, de secretario de Salud.
En 2015, se convirtió en funcionario bonaerense, en la gestión de gobernadora de María Eugenia Vidal. Fue nombrado subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud de la provincia. Como tal, tenía a su cargo licitaciones y compras de medicamentos e insumos para los hospitales provinciales. En junio de 2016, asumió en el gobierno nacional como director de Asistencia Directa en el Ministerio de Desarrollo Social (la ministra era Carolina Stanley). Otra vez tenía a su cargo licitaciones y compras de medicamentos.
En marzo de 2018, pasó a la Andis, como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, el mismo cargo en el que consiguieron colocar a Garbellini en 2024.
Está vinculado a diversas droguerías; entre otras, se sospecha, a droguería Suizo-Argentina, la empresa de los Kovalivker. En un mensaje que forma parte de la causa, dice: “Es importante tener gente con la bandera correcta” y pone el emoji de la bandera de Suiza; según el fiscal, “en clara alusión a la firma Suizo Argentina S.A.”. Siguiendo la hipótesis de Picardi, ¿fue vía la Suizo-Argentina que el Grupo Museo logró penetrar en el Andis? Los investigadores creen que es una posibilidad, pero todavía no está claro.
Una de las pruebas de cómo daba órdenes desde afuera es, para el fiscal, el audio que Matías Javier Palotti (que trabajaba en la Andis y estaría vinculado a la Droguería Profarma) le manda a Garbellini, alusivo a Atchabahian. “Parece que conversan sobre la órden de ejecutar despidos impartida por Pablo Atchabahian desde las sombras”, dijo el fiscal, que acompañó un mensaje en el que Atchabahian habla de “27 personas en lugares sensibles”, que sería a los que pretendía desvincular. Palotti dice: “Che, me acaba de escribir, sin piedad, lo más rápido posible, y quien va a traer la horda de abogados para representarnos, este, este parece puto con culo ajeno.”
Daniel María Garbellini, ex número dos de Andis, es el hombre que logró colocar el grupo encabezado por Atchabahian para manejar las compras en Andis. Había acompañado a Atchabahian en el Ministerio de Salud de la provincia y renunció cuando lo hizo él. Antes trabajó en el gobierno de la Ciudad, con distintos cargos en los ocho años que Mauricio Macri fue jefe de gobierno. Según la fiscalía, además de recibir órdenes para direccionar contrataciones, “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis” tomaran decisiones de gestión, accedieran a información privilegiada y que, incluso, “operaran el sistema de compras”.
El grupo de Calvete
Miguel Angel Calvete y sus operadores
Miguel Angel Calvete es un empresario que operó como lobbista de diferentes laboratorios y que tenía funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa. En sus teléfonos, la Justicia encontró pruebas centrales para la causa. Hoy está preso, condenado en una causa de explotación de la prostitución. Este lunes lo trasladaron desde la cárcel para su indagatoria, pero se negó a declarar. Fue concejal de Cambiemos en La Matanza (2015–2019) y aportó a diferentes campañas políticas desde el sector privado. Como representante de los supermercados chinos se hizo un personaje recurrente en los sets de televisión. Su hija, Ornella Calvete, era funcionaria en el Ministerio de Economía y este lunes renunció. En la casa de ella encontraron 700.000 dólares en efectivo que, según los chats con su padre, ella no tenía cómo explicar.
Como Atchabahian, Calvete “tuvo operadores propios dentro del organismo; cuanto menos, Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio Gonzalez”, dijo el fiscal. Según las pruebas de la causa, Di Giorno incluso cobraba de Calvete “honorarios profesionales” -y le facturaba por ellos- mientras era funcionaria de la Andis.
Calvete también le dio instrucciones a Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas de la Andis:
Calvete seguía impartiendo órdenes, incluso cuando ya había estallado el escándalo. Así surge de este audio con Di Giorno:
Tenía, además, relación con Garbellini. Tiene chats con él en los que le pide por determinadas empresas. “Fíjate PROFARMA”, le escribió Calvete el 24 de julio de este año.
Diego Spagnuolo – Extitular de la Andis
Es un abogado que se contactó con Javier Milei a través de las redes sociales antes de que el actual presidente entrara en política. En 2021, ocupó un lugar simbólico en la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Patrocinó a Milei en algunas causas y era un asiduo visitante a su casa en los tiempos de la campaña presidencial. Al llegar al poder, Milei lo designó en la Andis, pese a que no tenía experiencia en temas de discapacidad. Protagonizó polémicas, como cuando se enfrentó a la familia del niño autista e influencer Ian Moche. La madre del chico contó que les reprochó sus reclamos por más apoyo del Estado a la discapacidad con esta frase: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”
Chequeado informó que en el segundo semestre de 2024 fue una de las cuatro personas que más veces visitó a Milei en la quinta presidencial de Olivos, tal como figura en los registros oficiales. Fue echado en agosto del Gobierno. Este miércoles, en los tribunales de Comodoro Py, negó todas las acusaciones en su contra.
Los audios de Spagnuolo
La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le “metió” al funcionario “más importante de todos” (en aparente alusión a Garbellini, su número dos) y que lo hizo “para chorear”. Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando. Estos audios no fueron usados como prueba por el fiscal Picardi, que no quiere que una eventual declaración de invalidez ponga en riesgo su causa. De ser cierto su contenido, estos audios permitirían terminar de cerrar la hipótesis del fiscal y entender quién estaba detrás de la maniobra. El defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, dijo que los audios fueron “manipulados con inteligencia artificial”. –A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… Un delincuente que estaba en la gestión de Macri. –Van a pedirle guita a la gente, a los prestadores. Yo fui y le dije: “Javier, yo estoy denunciando el choreo, y abajo tengo gente que va a pedir guita”. –Este tipo tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube. Es un quiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes. –A Karina le debe llegar el 3%. Seguramente… –Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear. –Yo hablé con el Presidente. No corrigieron nada. Les dije: “Están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, pero no me podés tirar este fardo”.
Las pruebas
El dictamen del fiscal enumera entre las pruebas que sostienen su investigación el contenido de los teléfonos celulares de los acusados (fueron importantes, sobre todo, los de Calvete y Garbellini, dijeron en los tribunales). Fuentes que trabajan en el caso explicaron que tienen indicios para creer que los involucrados tenían otros celulares que hicieron desaparecer (se decían cosas como: “Llamame por el otro”). No obstante, en los que pudieron peritar encontraron audios y chats que fueron destacados por la fiscalía. Otra prueba de trascendencia fueron una serie de cuadernos secuestrados en la casa de Calvete de San Telmo que registran información vinculada a la Andis y otros negocios. A todo esto se suma la “prueba dura” de los expedientes administrativos, las facturaciones y los movimientos de dinero, que los investigadores siguen analizando. Es el material determinante para saber si existieron direccionamientos, sobreprecios y sobornos.
En un allanamiento en la casa de Calvete, en Defensa 1364, en el barrio de San Telmo, fueron encontrados cuadernos que el empresario tenía en su mesa de luz, según relató un funcionario que trabaja en la investigación, y que contienen registros de nombres de gente de confianza vinculada al negocio de los medicamentos. También aluden a empresas y pagos. El fiscal incluyó imágenes de páginas de esos cuadernos en su dictamen. Una de ellas, del “cuaderno rotulado con el número 4”, tiene siglas y nombres que se corresponden con personalidades de la política. Parece haber sido escrita después del escándalo que provocó la aparición de los audios adjudicados a Spagnuolo porque figura, por ejemplo, “A Vil”, posible referencia a Alejandro Vilches, interventor de la Andis tras la salida de Spaguolo. También hay una alusión al empresario acusado de vínculos con el narcotráfico Fred Machado, que cobró especial notoriedad pública cuando se conoció la entidad de su vínculo con José Luis Espert. Fuentes de la causa relataron que todavía no tienen claro qué quieren decir las inscripciones de esa página ni qué relación pueden tener con el caso. Lo más concreto en relación con el resto del dictamen es que aparecen empresas que forman parte de la investigación: Dihemo, Meta y Génesis.
