El oficialismo busca reactivar el Parlamento recién después de la jura de los nuevos legisladores, que robustecerán su bancada; las iniciativas que vuelve a foja cero
El Gobierno se recuesta en la modorra parlamentaria y desactiva cualquier intento opositor de tomar la iniciativa. Hasta ahora, la táctica funcionó: a una semana del final de las sesiones ordinarias, ninguna de las Cámaras abrió sus puertas y todo indica que en los próximos cuatro días se repetirá el patrón. La actividad formal será marginal y los debates de fondo quedarán diferidos.
Pero la estrategia oficial tendrá costos: volverán a fojas cero las propuestas para privatizar Aerolíneas Argentinas y para reformar el régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero también el dictamen del presupuesto 2026, por el que batalló contra los opositores, que verán caer también la iniciativa para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN).
En la Casa Rosada festejan un logro relativo. El oficialismo consiguió administrar los tiempos tras las elecciones, sumar aliados y acercarse a eventuales socios parlamentarios. Diego Santilli, ministro del Interior, hizo un rondín por las gobernaciones afines; Patricia Bullrich y Martín Menem, al frente de las operaciones en el Senado y Diputados, respectivamente, incorporaron nuevos perfiles a sus bloques. Pero La Libertad Avanza (LLA) también se benefició de la fragmentación de una oposición fisurada que no consigue articular una respuesta común.
El peronismo amagó con convocar una sesión para tratar sus prioridades −emergencia pyme, juicio por jurados, autarquía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)−, pero terminó replegándose para preservar una unidad frágil. Cedió incluso en dos temas por los que peleó: el dictamen del presupuesto 2026, firmado por el oficialismo casi a regañadientes con la actual composición de la Cámara, y la integración de la AGN, con seis de sus siete cargos vacantes.
En el Senado, José Mayans empujó sin éxito el nombramiento de los tres auditores que le corresponden a la Cámara alta. Su objetivo es renovar la banca de Javier Fernández antes del recambio: hoy el peronismo tiene 34 senadores, pero desde el 10 de diciembre quedará con 28 −siempre que no haya fugas− y su poder de negociación caerá de manera sensible. Los otros dos lugares, según esta composición, serían para la UCR y los bloques provinciales.
En Diputados, el panorama es similar. Hubo un intento de acuerdo para definir los tres puestos que le tocan al cuerpo, pero las conversaciones naufragaron. El kirchnerista Juan Forlón no reúne avales internos y los gobernadores reclaman su silla en un órgano de control con mandatos de ocho años y salarios elevados. La caída electoral de los bloques de centro, con Miguel Pichetto como conductor, también desarmó la intención de Emilio Monzó de integrar la AGN. El objetivo oficial prevaleció: dilatar y volver a discutir después del recambio.
Con el nuevo Congreso, LLA buscará asegurarse dos lugares en la AGN −uno por cada Cámara−. Con la composición actual peleaba apenas por un cupo en Diputados frente a Pro. La jugada promete más rédito a futuro. El macrismo, por su parte, quedó fuera de carrera: la posibilidad de colocar al macrista Jorge Triaca se evaporó en paralelo a la reducción de su representación parlamentaria.
En esta transición, también perderán vigencia proyectos propios del oficialismo. Uno es el nuevo régimen penal juvenil impulsado por Bullrich, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Tras arduas negociaciones, LLA consiguió en mayo un dictamen unificado que toma como base la iniciativa oficial y 15 proyectos más. Establece prisión efectiva para menores solo cuando el delito prevé penas de diez años o más −con un tope de 15 años− y define sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o violencia grave. Reafirma garantías procesales, concibe la privación de libertad como última ratio y fija estándares estrictos para la detención de menores: módulos diferenciados, prohibición de alojar con adultos y acceso a educación, salud y actividades. Pero todo se caerá: los expedientes perderán estado parlamentario y el trámite deberá empezar desde cero en 2026.
Lo mismo ocurrirá con el proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas. En octubre de 2024, LLA avanzó con un dictamen de mayoría elaborado a partir de iniciativas de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), que declara a la empresa “sujeta a privatización” e incorpora exigencias para su liquidación. Pero nunca llegó al recinto por falta de avales transversales. En una semana, el proyecto tendrá que volver a presentarse y reiniciar el trámite parlamentario.
Pese a estas caídas, en el oficialismo hay optimismo. Desde el 10 de diciembre, LLA pasará de 35 a 91 diputados y de seis a 20 senadores. Confían en que el nuevo mapa legislativo les permitirá retomar estos debates sin sobresaltos y con mayor capacidad de imponer el ritmo. En Diputados anticipan que los proyectos postergados podrían reflotarse en el segundo semestre de 2026. Antes, la prioridad será el Presupuesto, la ley de “Inocencia Fiscal” −para estimular la formalización de ahorros en dólares− y las reformas impositiva y laboral que el Poder Ejecutivo aún debe enviar al Congreso.