El «Árbol Envenenado» del juego: el origen de un negocio millonario que atraviesa a la política entrerriana

Bajo el amparo de la Resolución 1.337, firmada un «Día de los Inocentes» de 2001, el entonces interventor del IAFAS, Pablo Bertellotti, anuló las licitaciones públicas para entregar el millonario negocio de los tragamonedas a un puñado de firmas ligadas al poder. PERO NADA ERA GRATIS. Mientras la política entrerriana se distraía con la caída de la Alianza y las cuasimonedas, se instalaba un modelo de contrataciones directas «viciado de nulidad» que sembró la ludopatía en cada barrio. A 24 años de aquel origen espurio, los nombres de la «familia patricia» y los retornos empresarios siguen proyectando su sombra sobre las arcas del Estado.

La historia del juego en Entre Ríos tiene un punto de quiebre que pocos se atreven a desandar: el año 2001. Mientras la provincia se hundía en la crisis de los bonos Federales y el entonces gobernador Sergio Montiel enfrentaba un proceso de destitución, en los despachos del IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) se firmaba el certificado de nacimiento de un negocio que hoy mueve cifras astronómicas.

El Interventor y el «cotejo» de guante blanco

Pablo Bertellotti, un hombre proveniente de una reconocida familia de la política radical y que llegó al cargo, según fuentes de la época, bajo el ala de influencias familiares directas, fue el encargado de autorizar la Resolución 1.337 el 28 de diciembre de 2001. En pleno «Día de los Inocentes», se formalizó la supresión de toda licitación pública para la explotación de máquinas tragamonedas.

A través de la figura de «contratación directa por vía de excepción», Bertellotti abrió la puerta a un puñado de firmas: Newtronic SA, Loterjet SA, Yabcar SA y Electric Line SRL. Detrás de estas sociedades, la justicia y el periodismo de investigación señalaron siempre a una figura central: Carlos «Cacho» Ferrari, un empresario luego condenado en Río Negro por pago de sobornos.

La Teoría del «Árbol Envenenado»

«Todo comenzó con contrataciones viciadas de nulidad de arranque», señalan conocedores del paño legal. Es la teoría del fruto del árbol envenenado: si el origen del contrato es espurio, todo lo que crece de él está infectado.

En 2001, Montiel estaba políticamente cercado por el peronismo y el proceso de juicio político en su contra avanzaba en la Legislatura. En ese escenario de debilidad extrema, Bertellotti habría avanzado con las contrataciones directas.

«Se aprovechó la distracción del gobernador para cerrar negocios de retorno inmediato», sostienen fuentes que conocieron la interna de aquella época.

En aquel entonces, se argumentó que el negocio serviría para «solventar» la situación política de un Montiel debilitado por el peronismo. Sin embargo, la historia muestra que mientras Montiel era «salvado» políticamente tras una intervención de Raúl Alfonsín ante el gobierno nacional de Duhalde, los negocios del juego corrían por un carril propio y veloz.

Familias Patricias y pauta oficial

Pablo Bertellotti es cuñado del conductor radial Antonio Tardelli,  por lo que el entramado no solo es político, sino también social y mediático. En Paraná se habla de familias enteras que han vivido del Estado durante décadas, con ingresos mensuales que, sumados, equivalen, para una sola de estas familias, a la pauta publicitaria de 60 medios de comunicación provinciales. Estos medios que hoy padecen un atraso de cuatro meses sin cobrar porque no hay un peso en las arcas del gobierno.

Esta estructura de «favores y silencios» explica, en parte, por qué el modelo de explotación directa nunca se revirtió. Bertellotti fue denunciado penalmente tanto por la gestión de Montiel (cuando el escándalo fue inocultable) como por la de Jorge Busti, pero el sistema de máquinas en cada barrio ya era una realidad imparable.

Los dos caudillos, tanto montiel como busti, conocedores de los entretelones de la administración pública, intuían y tenían certera información de que el benefico otorgado por el cuñado del periodista antonio Tardelli, la contratación directa, a los empresarios del juego no les salió gratis.

Del Hotel Casino Victoria al «flagelo de los barrios»

La gestión de Bertellotti no solo se limitó a los contratos de la capital. Junto a figuras como Gracia Jaroslavsky, fue denunciado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por irregularidades en el casino de Victoria. El municipio y el IAFAS entregaron patrimonio público por 40 años a empresas como Sol de Victoria SA, omitiendo cualquier sistema de selección transparente. El patrón era siempre el mismo: beneficiar a sociedades constituidas poco tiempo antes del emprendimiento, sin antecedentes claros pero con excelentes nexos oficiales.

Lo que comenzó como una «excepción» en 2001 se convirtió en una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos:

• Gestión Montiel: inicio de las contrataciones directas.

• Gestiones Busti y Urribarri: consolidación del modelo de empresarios amigos. Lo más llamativo de esta historia es su continuidad. Aunque Jorge Busti fue un feroz denunciante de estas irregularidades mientras era oposición, una vez que regresó al poder en 2003, la estructura de los tragamonedas no se desmanteló. Por el contrario, el modelo de concesiones directas y prórrogas se profundizó.

• Actualidad: Las salas de juego se han multiplicado en barrios periféricos, instalando la ludopatía como un flagelo social mientras el canon sigue bajo sospecha.

Un retorno que nunca cesó

«Parece que el cartero siguió visitando los distintos gobiernos», ironiza una fuente que vivió el proceso desde adentro. La falta de licitaciones transparentes, el incumplimiento de los preceptos constitucionales y la cercanía entre los «cuadros sociales» y los empresarios del juego dejaron a la provincia con una herencia pesada: un Estado que, en lugar de combatir la adicción al juego, la promueve para financiar una caja política que se reparte entre pocas manos.

Más allá de las cifras millonarias y los presuntos «retornos» a la política que denunciaron diversos sectores, el impacto más duradero fue social. La siembra de máquinas en cada barrio de la provincia rompió la lógica del casino como lugar de esparcimiento para turistas y lo transformó en una trampa de proximidad para los sectores más vulnerables.

Hoy, la provincia convive con una herencia de ludopatía que comenzó en aquel 2001. Mientras familias enteras ligadas a la función pública perciben ingresos equivalentes a decenas de pautas publicitarias de medios provinciales, los contratos «viciados» de la era Bertellotti siguen siendo la piedra angular de un negocio que nadie parece querer auditar a fondo.