Uribarri regresa al banquillo de los acusados por usar la CONTRATACIÓN DIRECTA como instrumento de enriquecimiento personal y enciende las alarmas en muchos ámbitos. La Justicia entrerriana programó para marzo y abril de 2026 una extensa agenda de audiencias para decidir si la causa por enriquecimiento ilícito contra Sergio Urribarri llega a juicio oral. La Fiscalía, que detectó un crecimiento patrimonial injustificado de aproximadamente 9 millones de dólares vinculado a maniobras con el empresario Diego Cardona Herreros, solicita una pena de 5 años y 6 meses de prisión para el exgobernador. Mientras el exmandatario cuestiona las pericias y los plazos procesales, la causa ya registra una probation por parte de un imputado secundario, Rubén Martínez, quien admitió su participación en la gestión del patrimonio investigado. El proceso investiga un incremento patrimonial injustificado en una provincia donde el ex mandatario ya carga con una condena previa (8 años de prisión) por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y la sistemática violación de la Constitución provincial al contratar de forma directa eludiendo las licitaciones públicas.
A pesar de las condenas, la matriz de contrataciones directas denunciada durante la era urribarrista parece haber dejado raíces profundas. Esta dinámica de adjudicaciones sin compulsa de precios se mantiene vigente en organismos como el instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), donde empresas como Newtronic, de los hermanos Ferrari, y grupos ligados a los empresarios Banfi y Mautone entre otros, han recibido concesiones de salas de juego y casinos de manera directa. Bajo el pretexto de inversiones en hotelería o gastronomía, se han entregado explotaciones de juego que, por ley, deberían ser sometidas a licitación pública para garantizar la transparencia y el beneficio del estado. Llama poderosamente la atención la inacción del Fiscal de estado Julio R. Signes ante tamaña irregularidad, la CONSTITUCIÓN DE ENTRE RIOS dice que todo contrato tiene que ser por licitación pública bajo pena de nulidad.
En este entramado de relaciones con el poder urribarrista, surge con fuerza el nombre de Adrián Bruffal, actual presidente de la federación de mutuales y de la Mutual Modelo, señalado como el mini Chiqui Tapia entrerriano. Bruffal, un hombre de confianza de Miguel Marizza y cercano al círculo primero de Uribarri y luego del ex senador Edgardo kueider hoy preso en Paraguay, ha experimentado un ascenso patrimonial meteórico que lo llevó a regentear boliches en Concordia y Paraná, y a ostentar autos importados y mansiones. Su nombre quedó ligado al escándalo de los colchones, un convenio leonino firmado por el ex ministro de Gobierno, Adan Bahl, y Urribarri siendo gobernador, que permitía a la Mutual Modelo fabricar insumos en las cárceles usando mano de obra e infraestructura estatal para luego venderlos a municipios, dirigiendo los cobros finales a la empresa Cavalli del empresario Miguel Marizza.
La justicia llegó a allanar la Mutual Modelo en abril de 2017 por presuntas irregularidades en el manejo de fondos, procedimiento que forzó a Bruffal a renunciar a su cargo en la comisión directiva del club Patronato en aquel entonces. Hoy, el dirigente vuelve a estar en el centro de la polémica por el supuesto uso de los clubes y financieras para el blanqueo de capitales, una moda que preocupa a nivel nacional. Mientras tanto, en los pasillos judiciales trascendió el nerviosismo de los integrantes de la FEDEM federación de mutuales que preside el mismo Brufal, secundado como vicepresidente por Gastón Grand, que ocupó el cargo de secretario de planificación y obras públicas de Paraná, luego el de viceintendente, después de su paso por la administración pública se transformó en un exitoso empresario inmobiliario, hoy en la ciudad son muchísimos los edificios construidos y negociados por el, otro nombre de la política que integra esta FEDEM es Hugo Main ex intendente de María grande, vaya casualidad un hombre de Bahl (quien en el año 2014 como ministro de gobierno le otorgo a Brufal y la mutual modelo la facultad de fabricar colchones en la UP1 haciéndose cargo esta unidad de la logística, locación, servicios, producción y dentro de la provincia de Entre Ríos el transporte de carga y entrega de los mismos a quienes La mutual modelo (AMMER) indique como compradores). Un Main que fue puesto por Bahl como senador luego lo desplazó para que ese cargo lo ocupe su esposa Claudia Silvia, estos más algunos ILUSTRES EMPRESARIOS Y SINDICALISTAS integrantes de la FEMER que llamativamente sus integrantes solicitan y presionan a los organismos públicos para que se les otorgue los códigos de descuentos pero luego no quieren que sus nombres se hagan público, designando Humberto Franchi , como apoderado para borrar sus nombres de las publicaciones públicas y expedientes, intentando imponer un bozal legal similar al que Bruffal hace unos años buscó sin éxito en mediaciones ante la jueza Barbagelata para evitar el escrutinio periodístico.
La falta de acción de la fiscalía también es señalada como un factor que permitió la continuidad de estas maniobras. El fiscal Ramiro Montrull mantiene cajoneada desde 2019 una causa contra Bruffal y el hoy detenido en Paraguay, Kueider, por irregularidades en un emprendimiento conjunto llamado Multimedio Regional, con el que obtuvieron millones de pesos del Estado so pretexto de publicidad. De haber avanzado dicha investigación, se estima que el estado provincial podría haber evitado perjuicios millonarios en dólares perpetrados por Kueider antes de su captura internacional. En este esquema de poder residual, hombres de extrema confianza de Kueider, como Juan Carlos Chagas, fuera designado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande cobrando sueldos superiores a los 30 millones de pesos, funcionando según las denuncias como una caja de oxígeno financiero para sectores que aún responden al exsenador, aunque ya tendría los días contados.
El caso que mejor ilustra la connivencia entre el poder político y los negocios privados disfrazados de fin social es el escándalo de los colchones de la Mutual Modelo, una trama de corrupción que se gestó en el año 2014 bajo el amparo de Sergio Urribarri y del ministro de gobierno Adán Bahl. En aquel período, se rubricó un CONTRATO que permitía a la Mutual Modelo utilizar los talleres de las unidades penales de la provincia para fabricar colchones. Bajo la fachada de una acción de laborterapia para los internos, se montó un negocio millonario: el estado provincial aportaba las instalaciones, la energía, la logística y la mano de obra de los presos a costo vil, mucho más barato que cualquier producción en el mercado formal o internacional, mientras que la mutual solo proveía los insumos básicos como tela y resortes.
El Gobierno le baja el pulgar al pingüe negocio de los colchones de la Mutual Modelo.
La investigación penal, que estuvo a cargo del entonces fiscal y hoy vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo reveló la verdadera naturaleza de la operación. Los colchones fabricados con recursos públicos eran vendidos por la mutual a los municipios entrerrianos, como el de Concordia, a precios de mercado. Lo más grave surgió al seguir la ruta del dinero: los cheques emitidos por las municipalidades para pagar estos productos no quedaban en la mutual, sino que eran endosados y depositados en las cuentas de la empresa constructora Cavalli, propiedad del empresario Miguel Marizza. Esto demostró que la entidad sin fines de lucro funcionaba como una pantalla para triangular fondos hacia una empresa privada, utilizando la estructura del servicio penitenciario para maximizar ganancias particulares.
El fiscal Brugo investiga penalmente el escándalo de los colchones.
En el eje de esta operatoria se encuentra Adrián Bruffal, presidente de la Federación de Mutuales y titular de la Mutual Modelo. Conocido en el ambiente nocturno de Paraná y Concordia por su pasado como regente de confiterías bailables y su origen humilde, Bruffal experimentó un ascenso patrimonial vertiginoso que le permitió acceder a mansiones de lujo, autos importados de alta gama y viajes al exterior, lo que le valió el apodo del mini Chiqui Tapia entrerriano. Las investigaciones apuntan a que Bruffal operaría como un «Hombre de Paja» o testaferro de los intereses del grupo Marizza, facilitando la estructura jurídica de la mutual para los negocios del empresario constructor con el estado.
A pesar de que el escandaloso convenio fue rescindido por decreto durante la primera gestión del gobernador Gustavo Bordet y bajo la administración de Rosario Romero en la cartera de gobierno, tras la presión mediática y las denuncias de la oposición, la impunidad prevaleció y nadie respondió penalmente por el desfalco consumado. Hoy, ante la reactivación de estas investigaciones y la exposición de la causa de los seguros que replica la misma matriz de intermediación parasitaria, los involucrados intentan frenar la difusión de la información acudiendo a la Justicia Federal. Mediante denuncias por supuesta violación de correspondencia, buscan imponer un bozal legal al periodismo, replicando la estrategia de censura que ya intentaron sin éxito en el fuero provincial años atrás, en un desesperado intento por ocultar la trama de contrataciones directas que conecta los negocios del juego y la explotación de mano de obra carcelaria.
Resulta particularmente llamativo que, pese a la gravedad de los hechos y al evidente perjuicio ocasionado al Estado provincial, la entonces ministra de Gobierno, Rosario Romero y el gobernador Gustavo Bordet no hayan promovido denuncia penal alguna contra los responsables políticos y empresarios involucrados —entre ellos Adán Bahl, Adrián Brufal, Miguel Marizza y otros actores del esquema— limitándose a la rescisión administrativa de la CONTRATACIÓN . La omisión adquiere mayor relevancia si se considera que, de haber existido una genuina necesidad de provisión de colchones, el Estado provincial se encontraba constitucional y legalmente obligado a convocar a un procedimiento de licitación pública, garantizando la concurrencia, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La contratación directa instrumentada no solo vulneró principios elementales del derecho administrativo, sino que constituyó una abierta violación de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, que prohíbe este tipo de adjudicaciones discrecionales en ausencia de excepciones legalmente justificadas.
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