Gracias a un blindaje jurídico diseñado para eludir controles y licitaciones, el IAFAS se ha transformado en el motor de una sangría de recursos del Estado en beneficio directo del empresariado del juego. El sistema garantiza su impunidad mediante la «captación del controlador«, un fenómeno de «puerta giratoria» (revolving door) donde funcionarios como Germán Irazusta pasan, en tiempo récord, de auditar a las empresas de juego a formar parte de sus plantillas jerárquicas, como ocurrió con su reciente salto al Grupo Banfi. Con el reemplazo de Irazusta por un hombre que responde directamente a José Carlos Allende, se termina de sellar un esquema con nula transparencia que permite el desvío sistemático de fondos públicos, destinados originalmente a los sectores más vulnerables, para financiar el marketing y la capitalización de los empresarios del azar.
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Entre Ríos se ha consolidado como el epicentro de un esquema de corrupción estructural que, durante más de dos décadas, ha operado bajo un régimen de absoluta discrecionalidad, transformando los recursos destinados a los sectores más vulnerables en un financiamiento espurio para el empresariado del juego. Esta maquinaria de desvío de fondos, amparada en decretos de excepción y en la inacción deliberada de los organismos de control, ha quedado expuesta tras la reciente resolución de otorgar 285 millones de pesos para el marketing del Casino Victoria de Daniel Mautone. Otro claro ejemplo es la compra estatal de cajeros automáticos, ATM, en diciembre de 2023, por más de 660.000 dólares en beneficio de privados. La trama involucra una red de complicidades que une a ex interventores como Pablo Bertelotti, ex gobernadores como Sergio Urribarri y actuales autoridades como el presidente del organismo Carlos Alberto Moyano, el director Marcelo Monfort y la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso, cuyo silencio resulta cómplice ante un vaciamiento que priva de asistencia a comedores, clubes y programas deportivos para alimentar las ganancias de concesionarios particulares.
El andamiaje legal que permite esta opacidad se remonta al Decreto N.º 5559/02, una pieza jurídica diseñada por Pablo Bertelotti que habilitó al IAFAS a evadir sistemáticamente la Ley de Licitaciones bajo el pretexto de una supuesta agilidad comercial necesaria para el mercado de las tragamonedas. Este «traje a medida» permitió que la contratación directa se transformara en la norma, facilitando hechos históricos de corrupción como la entrega de un automóvil Audi A1 de 100.000 dólares al entonces gobernador Sergio Urribarri por parte de la firma Kaskira S.A. a cambio de beneficios en la concesión del Casino Mayorazgo. A pesar de las constantes advertencias de la Contaduría General de la Provincia, que califica estos procedimientos como viciados de nulidad, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes ha mantenido una postura pasiva, NORMALIZANDO un sistema que hoy permite que el Estado financie incluso la publicidad y la atención de clientes VIP de salas privadas, en un contexto de crisis económica donde el bolsillo del contribuyente es el más castigado.
La lógica interna de este esquema se basa en una peligrosa triangulación financiera que algunos sectores denominan el mecanismo de «dame esto, que lo sacamos de esta forma». Según se desprende de la operatoria habitual, este método permite que los funcionarios soliciten sumas a los empresarios para fines políticos o personales, garantizando su devolución mediante resoluciones administrativas que simulan inversiones técnicas o gastos de promoción.
Un ejemplo obsceno de esta dinámica es la Resolución Nº 0051, firmada el 22 de enero de 2026 por el actual presidente del IAFAS, Carlos Alberto Moyano, y el director Marcelo Monfort. Mediante este acto, el Estado oficializó un desembolso de 285 millones de pesos (aproximadamente 200.000 dólares) bajo el concepto de «publicidad y atención de clientes VIP» para el Casino Victoria de Daniel Mautone. Esta partida, calificada internamente como una «grosería ilegal», provocó una crisis institucional sin precedentes: el anterior titular del organismo, Diego Domé, renunció en septiembre de 2024 tras negarse a convalidar estos pagos por considerarlos irregulares. La designación de Moyano, visto como una figura afín a los intereses patronales, garantizó la continuidad de un flujo de fondos que, paradójicamente, utiliza recursos de «acción social» para fomentar la ludopatía y financiar los gastos operativos de un privado inmensamente rentable.
Esta misma lógica de «retorno encubierto» se aplicó de manera frenética al cierre de la gestión de Silvio Vivas. El 1 de diciembre de 2023, apenas nueve días antes del cambio de gobierno, se emitió la Resolución N° 1249 para concretar una licitación «a medida»: el Estado provincial invirtió 660.200 dólares en la compra de 8 cajeros automáticos (ATM) y máquinas dispensadoras de billetes para beneficiar a la empresa Slots Machines S.A. Se trata de una «donación» encubierta de equipamiento que legalmente correspondía adquirir a los privados. Mientras la provincia rascaba el fondo de la olla para afrontar vencimientos de deuda externa por 500 millones de dólares, el IAFAS priorizaba el equipamiento tecnológico de los casinos, al tiempo que cerraba juegos de paño en Concepción del Uruguay afectando al 85% de sus trabajadores. En este sistema de «ganancia garantizada«, el Estado no solo otorga la explotación del azar, sino que también asume los costos de marketing y capitalización de los empresarios, asegurando que el riesgo sea público y el beneficio estrictamente privado.
La impunidad del sistema se refuerza mediante el fenómeno de la «CAPTACIÓN DEL CONTROLADOR«, donde quienes deben controlar a las empresas terminan formando parte de sus plantillas jerárquicas apenas abandonan el cargo público. Germán Irazusta, quien fuera Gerente General de Casinos del IAFAS y responsable directo de supervisar a firmas relacionadas al juego en nuestra provincia, se jubiló recientemente para asumir, apenas treinta días después como GERENTE OPERATIVO en Telinform, empresa del Grupo Banfi, que él mismo debía auditar. Se sobrentiende que YA HABÍA UN ACUERDO Y UNA PROMESA PARA QUE CUANDO TERMINE SU FUNCIONARIADO PASE A SER PARTE DEL «EQUIPO CONTRARIO«, un caso descarado de «puerta giratoria». De esta forma, quedaba asegurado que no haría nada que perjudique a la empresa que le dará un importante cargo tras el retiro del Estado. Y para garantizar la continuidad de este circuito, la vacante dejada por Irazusta fue cubierta por Fidel Ruiz, un hombre estrechamente vinculado a José Ángel Allende, titular de UPCN. Esta designación es vista como una garantía de opacidad, asegurando que el control de las salas de juego permanezca en manos de figuras políticas que no cuestionarán las adjudicaciones directas ni la entrega discrecional de activos públicos a los grupos Ferrari, Pérez o Mautone. Poner a un hombre de Allende para controlar, es como poner a un zorro para que cuide un gallinero.
El impacto más devastador de esta estructura de beneficios corporativos recae sobre la política de acción social de la provincia, cuyo presupuesto es sistemáticamente drenado para sostener la rentabilidad del juego. Mientras el IAFAS destina fortunas a la promoción de la ludopatía y la atención personalizada de apostadores VIP, la asistencia a los comedores escolares, la entrega de indumentaria deportiva y el apoyo a los clubes de barrio se encuentran paralizados o reducidos a gestos simbólicos. Resulta particularmente sugestivo el silencio de la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso, quien siendo oriunda de Gualeguay y vecina de las principales salas de juego de la región, no ha emitido cuestionamiento alguno sobre el destino de estos fondos. Su inacción permite que millones de pesos que deberían transformarse en pelotas de fútbol, transporte para estudiantes necesitados y raciones de comida, terminen financiando las campañas publicitarias de empresarios que ya perciben ganancias siderales gracias a la explotación del azar en la provincia.
El IAFAS funciona hoy como un organismo capturado por intereses privados, donde la legalidad ha sido reemplazada por una corrupción estructural que se naturaliza en cada resolución administrativa. La falta de transparencia en las licitaciones y la connivencia entre funcionarios y concesionarios han creado un escenario donde el interés público siempre sale perdiendo. Mientras la sociedad entrerriana enfrenta una de las coyunturas económicas más difíciles de su historia, el sostenimiento de este sistema de privilegios para el empresariado del juego representa una afrenta ética inaceptable. La recuperación del espíritu original del organismo, la ayuda financiera a la acción social, exige no solo la derogación de los decretos de excepción heredados del pasado, sino también una investigación judicial profunda que desarticule la red de retornos y favoritismos que ha convertido a la timba legal en el principal refugio de la corrupción política provincial.
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