El escandaloso negocio de la pobreza y el desvío sistemático de alimentos que marcó a la provincia de Entre Ríos exhibe a las claras una trama de corrupción estructural donde la entonces responsable del area de Desarrollo Social, la ministra Laura Stratta, y su operador principal, Leonardo «Nano» Centurión, se manejaban con total impunidad. Lejos de tratarse de un error administrativo aislado, las maniobras configuraron un esquema deliberado de negociados a costa del hambre de los sectores más vulnerables, blindado por el poder político y protegido frente a la inacción de la justicia.
El rol central de Leonardo «Nano» Centurión dentro del ministerio y de la estructura administrativa de la Cámara de Senadores de Entre Ríos dejó en evidencia cómo operaba la red de recaudación y prebendas estatales. Mientras Nano Centurión se desempeñaba como una pieza clave de la estructura administrativa histórica de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, acumulaba cargos y contratos cruzados que salpicaron de lleno a su entorno familiar.
La situación de Fabiola Soraya Claret, esposa del histórico empleado administrativo del Senado de Entre Ríos Leonardo «Nano» Centurión, sumó un capítulo escandaloso al figurar como contratada en la Legislatura provincial desde el año 2003 en el marco de la megacausa de los «Contratos Truchos». Su designación ocurrió bajo la sospecha de que su firma fue falsificada para desviar fondos estatales sin que ella supuestamente lo supiera.
La modalidad investigada en el expediente judicial expuso un sistema de desvío de fondos mediante contratos en los que las personas involucradas, como en el caso de Claret, presuntamente desconocían su condición o sufrían la falsificación sistemática de sus firmas para el cobro de los sueldos en cajeros automáticos. En los pasillos de la política se comentaba firmemente que las empresas proveedoras de alimentos que hacían negocios con Desarrollo Social respondían directamente a los intereses de Nano Centurión.
El vaciamiento masivo de los módulos alimentarios quedó al descubierto de manera escandalosa en 2019, cuando la crisis socioeconómica y la indigencia golpeaban con dureza a los barrios de Paraná. En lugar de llegar a las familias carenciadas, las toneladas de comida adquiridas por el Estado provincial mediante decretos oficiales, como el firmado a fines de 2018 (N° 4003) por Laura Stratta, terminaban acopiadas en condiciones aberrantes de insalubridad o directamente destinadas a la venta ilegal.
Las denuncias desesperadas de los vecinos permitieron allanar un precario galpón en el Barrio San Agustín, ubicado en la calle Jorge Stearns, donde punteros políticos y sectores afines, vinculados a la organización del dirigente Emiliano Gómez Tutau, almacenaban de forma clandestina e irregular la ayuda social que debía alimentar a los niños. Las condiciones del lugar evidenciaban el total desprecio por la salud pública y la urgencia alimentaria de los sectores más postergados.
La comercialización clandestina en supermercados operaba a la vista de todos con absoluta impunidad, tal como lo corroboró el entonces fiscal y ahora camarista Juan Malvasio al ordenar una serie de allanamientos judiciales en establecimientos comerciales de Paraná. En un «supermercado chino» ubicado sobre la calle Almirante Brown, la policía secuestró más de 2.000 paquetes de azúcar y otros productos que exhibían las leyendas de «prohibida su comercialización» borradas con alcohol o alteradas, pertenecientes de forma directa a los lotes oficiales del Ministerio de Desarrollo Social.
Nuevamente allanaron un supermercado de Paraná y secuestraron alimentos de Desarrollo Social
Los investigadores determinaron que en ese solo comercio se habían vendido de manera ilegal más de mil kilos de azúcar a lo largo del mes de octubre, mientras los directivos de las escuelas denunciaban que el gobierno destinaba la miseria de 20 pesos por plato para los comedores escolares y los vecinos hacían malabares para sobrevivir en medio de la crisis.
El blindaje político y el feroz silencio oficial impuesto por Laura Stratta frenaron cualquier intento de investigación profunda sobre el destino de los 62.500 módulos alimentarios. Ante los requerimientos formales de acceso a la información pública presentados para conocer los nombres de los beneficiarios y el detalle exacto de la distribución, la entonces ministra respondió con evasivas y extensos discursos de campaña política, negándose sistemáticamente a dar explicaciones transparentes.
Con el aval y la fuerte presión ejercida desde la cúpula del ministerio y el municipio de Paraná, encabezado entonces por el intendente Adán Bahl, quien optó por callar y encubrir los hechos descubiertos por personal municipal de carrera mientras los productos robados se vendían en las narices de la municipalidad, la causa judicial se planchó deliberadamente, evitando cualquier tipo de costo político para los principales responsables institucionales.
La total impunidad resultante garantizó que ningún funcionario político pagara por el desvío de la asistencia social, en un contexto donde se acumulaban causas por contratos truchos, subsidios irregulares y negociados turbios. A pesar de los allanamientos positivos, los secuestros masivos de mercadería y las pruebas recolectadas por la justicia, Laura Stratta, Leonardo «Nano» Centurión y el resto de los operadores políticos jamás fueron imputados ni detenidos, limitándose el poder de turno a encubrir el vaciamiento de los recursos públicos y a presionar a quienes se animaban a denunciar el saqueo a los sectores más vulnerables de la provincia.
La sistemática arquitectura de la impunidad exhibe un patrón tan previsible como cínico que parece regir la carrera política de Laura Stratta: cada vez que el escándalo salpica las altas esferas del poder, milagrosamente aparece un colaborador cercano dispuesto a inmolarse, absorber toda la culpa y cargar con el costo judicial para que ni una sola salpicadura de responsabilidad roce la estola impoluta de la funcionaria. Es la clásica cofradía del sacrificio donde los subordinados cumplen el triste rol de fusible humano para blindar de manera obscena a una dirigente que se recuesta en el silencio cómplice, usufructúa las estructuras del Estado y transita su trayectoria política con la incómoda pero útil bendición de quedar siempre flotando sobre los escombros de la corrupción.
Este modus operandi se comprueba al repasar los nombres de quienes marcaron el camino de la desvergüenza provincial, operando como íntimos colaboradores y mano derecha de Laura Stratta: tal como ocurrió con Ignacio Oñativia en el caso de los Subsidios Truchos y con Pedro Gebhart en el escándalo de los Préstamos Truchos, personajes funcionales que, con implacable coincidencia, terminaron arreglando sus entuertos judiciales mediante cómodos juicios abreviados y risueñas multas; mientras que en el caso de Leonardo «Nano» Centurión, la protección institucional fue tal que ni siquiera fue acusado formalmente por la justicia. Todo esto deja en claro que, para la corporación política, el saqueo al erario público y el desvío de la asistencia social se neutralizan con impunidad a medida, dejando siempre a la jefa a salvo y mirando desde la comodidad del poder.