La vieja política amparada por un fallo que con muestras de soberbia mandó a estudiar a un ciudadano y periodista.
El periodista de Nogoyá Maximiliano Medrano denunció ante la Justicia local el irregular almacenamiento de alimentos pertenecientes al ministerio de Desarrollo Social y destinados a juntas de gobierno y comunas, que se guardaban en un inmueble privado.
Una vecina de la ciudad, que reconoció integrar el sector político del ex diputado José Ángel Allende y de la senadora Flavia Maidana, aseguró que el inmueble era alquilado por ella y confirmó que los alimentos se almacenaban en el lugar.
La situación revestía gravedad porque el ministerio de Desarrollo Social que conduce Marisa Paira gasta millones y millones de pesos en alimentos que deberían destinarse a paliar el hambre de los entrerrianos, por lo cual es importante que se sigan pasos precisos para que lleguen a destino.
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Finalmente, el fiscal Guillermo Uriburu resolvió desestimar la denuncia del periodista, con argumentos insólitos y que continúan justificando la vieja forma de hacer política y el clientelismo.
El letrado se basó en las declaraciones de la senadora Maidana, quien calificó como “normal” que una representante de la Legislatura provincial se encargue del almacenamiento y la distribución de los alimentos destinados a las comunas y juntas de gobierno del departamento.
Según la senadora, “esta modalidad se practica desde que se encuentra en funciones la Sra. Marisa Paira a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, quien ha dispuesto que todos los módulos se entreguen a todas las juntas de gobierno y comunas, previa coordinación con los legisladores y coordinadores de junta de cada departamento, a diferencia de los Municipios que los retiran de manera directa en la ciudad de Paraná”.
Sin embargo, luego del fallo de la jueza Cecilia Bértora que obligaba a la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, a dar a conocer cómo se distribuyen los módulos alimentarios en toda la provincia, la funcionaria remarcó que se hace a través de los coordinadores de juntas de gobierno.
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Recientemente, el gobernador Bordet designó a 44 nuevos coordinadores de juntas de gobierno que percibirían ingresos bajo la modalidad “movilidad”, en equivalente de “litros de nafta súper”, que tranquilamente podrían encargarse de la función de distribuir los módulos alimentarios.
Más allá de ello, otro de los argumentos que brindó la senadora es que “a esto también se suma la situación actual de pandemia, donde intentamos preservar a los funcionarios y personas de nuestro departamento, evitando la circulación de ellos en una ciudad como Paraná a donde ya se encontraba en expansión el Covid-19, sumado a que funcionarios de las referidas juntas me habían manifestado no querer correr riesgo alguno”.
Evidentemente, una forma más segura de reducir los riesgos podría haber sido utilizar alguno de los cientos de vehículos que componen la flota oficial de la provincia y, con un solo chofer y con las correspondientes desinfecciones y protocolos, enviar los alimentos directamente a cada comuna, de forma de evitar que varias personas estuvieran en contacto con la mercadería y entre sí.
Pero la modalidad elegida fue que la senadora, según ella misma declaró, se hiciera cargo del traslado de los alimentos desde Paraná hasta Nogoyá, y que estos se almacenaran en un lugar no acondicionado para tal fin desde donde lo retirarían los responsables de las juntas de gobierno: una gran circulación de personas que podría haberse evitado.
Continuando con la investigación, el fiscal entrevistó a presidentes de juntas de gobierno, y entre las declaraciones es una constante la que sostiene que “retiraba la mercadería de ahí al lado de la radio, eso fue siempre, de años, es mas de las tres gestiones que estuve en junta de gobierno la mercadería se retiraba de ahí”, como expresó Adriana Hernández, presidenta de la Comuna XX de Septiembre.
En el fallo, el fiscal justifica la desestimación de la denuncia basándose en el hecho de que “por años” se manejaron de esta manera los módulos alimentarios, aunque la práctica normalizada de ninguna manera justifica que este sea el modo correcto de hacerlo, ni tiene razones un legislador para hacer de trabajador social.
Pero Uriburu no solo justificó lo injustificable, es decir, las viejas formas de hacer política, sino que también, en una muestra inexplicable de soberbia, mandó al periodista a estudiar, al afirmar que “lo expuesto deja en evidencia el lamentable desconocimiento por parte del denunciante MEDRANO de la ley fundamental provincial (Constitución Provincial), cuyo desconocimiento no es excusable por cuanto su contenido se trata en diversas materias desde el ciclo escolar inicial, tales como «Educación cívica», «Educación para la ciudadanía», «civismo» o «formación cívica o formación ética y ciudadana», por decir algunas de sus formas de denominación y a cuyo conocimiento lo entiendo aún mas necesario en una persona que ha elegido como vocación nada mas ni nada menos que la de informar a la sociedad”.
Así, el letrado emitió un insólito fallo, atacando incluso al periodista que formuló la denuncia, basándose meramente en las viejas prácticas de la política, las mismas que llevaron a un hijo de Nogoyá, José Ángel Allende, a ser diputado por cinco períodos, cumpliendo un total de 20 años como integrante de la Cámara y que hoy es investigado por enriquecimiento ilícito.
Un insólito fallo de un fiscal que avala la vieja forma de hacer política y la compra de voluntades, con el que seguramente, a diferencia de otras resoluciones judiciales, el gobernador Bordet estará de acuerdo.
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