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Audifarm, una de las prestadoras de salud que la ministra llevó a la Justicia, desembarcó en San juan y generó un terremoto político. La misma firma estaría haciendo lobby para aterrizar en Entre Ríos.
Una de las empresas proveedoras de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) denuncia por la ministra Sandra Pettovello fue contratada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Audifarm Salud SA ingresó a San Juan con una serie de privilegios que tras un breve escándalo público se dieron de baja esta semana.
A comienzos de año, una auditoría ordenada por la ministra de Capital Humano había descubierto una serie de irregularidades que terminaron con una denuncia en Comodoro Py. El área apuntada era la DADSE, el área que se encargaba de manejar los dineros destinados para la compra de medicamentos oncológicos y para enfermedades complejas.
Una de las empresas apuntadas en la denuncia es Audifarm Salud SA, que comenzó a operar en San Juan como proveedora de la Obra Social Provincia, la prestadora de servicios del personal estatal, municipales, policías y los gremios de la salud y la educación de la provincia de San Juan.
La farmacéutica Audifarm Salud SA está siendo investigada, junto con otras 29 más. La firma cuestionada también estaría señalada por realizar «lobby» para ingresar al negocio farmacéutico en la provincia de Entre Ríos.
El rol de Marcelo Orrego, gobernador de San Juan
El encargado de firmar esas resoluciones fue el flamante interventor de la obra social sanjuanina, Rodolfo Fasoli, hombre designado por Orrego, ante el cual llovieron las críticas al hacerse pública la situación en la que también están involucradas otras dos empresas prestadoras de la obra social sanjuanina.
La denuncia de Sandra Pettovello
La denuncia de Capital Humano no apunta a funcionarios específicos, pero sí advierte sobre irregularidades que se arrastran desde el gobierno de Mauricio Macri. “Negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”, es la acusación formulada sobre los responsables de la DADSE a los que se les apunta por el mecanismo utilizado para la selección de proveedores, a través de los cuales “el Estado argentino adquiría medicamentos por miles de millones de pesos”.
“Se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad”, dice la denuncia.
“Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos, sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma”, añade.
En la presentación que recayó en el Juzgado Federal número 11, que subroga Julián Ercolini, se denuncian los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
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