El sistema judicial de Entre Ríos se reconfigura tras una intensa batalla legal. El inminente regreso de la Dra. Cecilia Goyeneche al Ministerio Público Fiscal, previsto antes de la próxima Navidad, es la consecuencia directa del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que declaró nulo el juicio político al que fue sometida. Este desenlace no solo revierte su destitución, sino que también abre un nuevo y tenso capítulo en la persecución de los delitos de corrupción contra la administración pública.
La confirmación de este retorno se gestó en el seno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial. En una reciente y contundente resolución, el máximo tribunal entrerriano acató el mandato de la CSJN, que había ordenado declarar nulo el proceso de enjuiciamiento de la procuradora adjunta.
Antecedente y nulidad histórica
El juicio que derivó en su destitución en 2022 fue ampliamente interpretado como una represalia de los poderes políticos a la avanzada de la fiscal en causas de alto impacto. La CSJN intervino al considerar que hubo una grave violación al debido proceso y una indebida conformación del Jurado de Enjuiciamiento, principios que el máximo tribunal consideró fundamentales para garantizar la independencia judicial y la estabilidad de los funcionarios judiciales. Además de ordenar la nulidad del proceso, la Corte impuso al Estado provincial el pago de las costas del proceso, un claro revés económico y legal para las autoridades que impulsaron su destitución.
La votación en el STJ resultó casi unánime. Salvo el vocal Carlos Federico Tepsich, el resto de la conformación votó de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal federal, ratificando la nulidad del proceso que había derivado en su destitución. Esta unanimidad marca la aceptación de la máxima autoridad judicial de la provincia de que el mecanismo de enjuiciamiento aplicado a Goyeneche no se ajustó a derecho.
La trampa de la caducidad
No obstante, la resolución del STJ no solo confirma la nulidad, sino que también establece el siguiente paso en la intrincada disputa judicial: la necesidad de conformar un nuevo Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, este nuevo cuerpo no se reunirá de inmediato para iniciar otro juicio, sino para tratar una cuestión previa de profundo calado legal.
La primera tarea del flamante jurado será considerar el planteo de caducidad de la instancia impulsado por el actual Procurador General de la provincia, Jorge García.
El argumento de García es claro: los tiempos procesales para llevar adelante un nuevo enjuiciamiento habrían vencido. Esto significa que, si el tiempo transcurrido desde aquel proceso anulara la posibilidad de realizar uno nuevo, la acción del Estado para enjuiciar a la fiscal se extinguiría definitivamente. En términos llanos, si la caducidad es aceptada, no podría haber un nuevo juicio, asegurando la plena y definitiva reincorporación de Goyeneche. La certeza que hoy se maneja es que la Dra. Cecilia Goyeneche antes de Navidad se reintegra a su puesto como Procuradora Adjunta, independientemente del resultado de esta instancia, al menos hasta una definición de fondo.
El retorno a la lucha anticorrupción
Más allá de los vericuetos legales, la Procuradora Adjunta volverá a tener una participación activa y protagónica en la investigación y persecución de causas que involucran delitos contra la administración pública.
Lo hará retomando la agenda previa, la cual la llevó a impulsar expedientes de alto impacto público, trabajando junto a fiscales clave como Gonzalo Badano, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro.
El foco de su actividad se dirigirá a la revisión y profundización de las causas de corrupción. Su regreso es particularmente significativo, dado que fue la impulsora clave de la causa de los Contratos Truchos, y de la Megacausa que culminó con la condena del ex gobernador Sergio Urribarri, un antecedente que marcó un hito en la política en la provincia.
Trascendió fuertemente en los mentideros judiciales que la nueva etapa de trabajo de la Procuradura Adjunta es estar atenta a las denuncias de corrupción que surjan en la gestión actual. Según especulan el MPF que su regreso fortalezca la investigación de nuevas causas, incluyendo aquellas que apuntan a la actual administración por supuestos delitos que involucran el manejo de fondos públicos y la contratación.
La expectativa es que el reingreso de Goyeneche sirva de impulso para la apertura y profundización de expedientes en todos los estamentos del Estado. La fiscalía se prepara para fiscalizar con el mismo rigor las gestiones anteriores y las que se encuentran en curso.