Una retroexcavadora que terminó sepultada en el fango en mayo de 2022 por realizar tareas privadas en Victoria dentro del complejo turístico de la familia de Laura Stratta, quedó inutilizable hasta que fue reparada recientemente mediante una erogación que demandó el 50% de su valor original, en un hecho que el actual administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, mantiene bajo un escudo blindado de secreto. Mientras monta puestas en escena mediáticas persiguiendo delitos menores, la gestión actual cajonea el expediente de la maquinaria vial que permaneció años fuera de servicio por este favor político, ocultando además el origen contable de los fondos públicos utilizados para remendar de forma secreta el costo de este PECULADO.
La selectiva miopía de Exequiel Donda, actual director administrador de Vialidad Provincial, ya califica para el Libro Guinness de la desvergüenza institucional entrerriana. Hace poco, el hombre montó un rimbombante show mediático, vistiéndose de «combativo anticorrupción» para denunciar el robo de unos tachos de pintura y simular allanamientos en el organismo. Una puesta en escena cinematográfica, forzada únicamente cuando las denuncias periodísticas sobre siderales sobreprecios en la compra de aceites, papel y ropa le explotaron en la cara. Sin embargo, cuando la olla a presión apunta hacia arriba, a las terminales del poder real y al clan de la exvicegobernadora Laura Stratta, el exintendente de San Benito reconvertido en jefe vial sufre una súbita, conveniente y muy bien pagada amnesia.
En la Dirección de Sumarios de Vialidad, el expediente duerme el sueño de los justos. Está guardado, archivado bajo siete llaves, congelado para proteger un escándalo que desangra el patrimonio de los entrerrianos: la misteriosa desaparición de una retroexcavadora de 600.000 dólares que el Estado provincial terminó pagando y destruyendo para cumplirle los caprichos turísticos a la realeza política. Mientras Donda simula ser el «paladín de la transparencia», la realidad es que sigue actuando como el principal tapador de un pacto de impunidad que une a la vieja guardia con la nueva gestión.
El origen de este monumento al peculado nos remonta a mayo de 2022. En aquellos días, los productores rurales del departamento Victoria ya no sabían a quién más reclamar: los caminos productivos estaban (y siguen) totalmente destruidos, intransitables, y las zonales de Vialidad se escudaban en la eterna cantinela de que «no hay presupuesto, no hay gasoil, no hay recursos». Sin embargo, para la corona política sí había recursos de sobra.
La cúpula de Vialidad, entonces comandada por Alicia Benítez y su marido Miguel Feltes (Secretario Coordinador Técnico), despachó una máquina monstruosa, una retroexcavadora con oruga de las más grandes del mercado, diseñada exclusivamente para trabajar en canteras. Una mole de 50 toneladas, equipada con tecnología computarizada, un brazo de 10 metros de largo y un balde con capacidad de un metro cúbico.
¿El destino de semejante despliegue estatal? El Complejo El Ceibo, en Victoria, un predio privado de cabañas y piletas ligado directamente a la familia y al entorno íntimo de Laura Stratta, ya que el administrador era su cónyuge, Marcelo Bertolotti.
El Complejo El Ceibo, estrechamente emparentado con la figura de Laura Stratta, funcionaba en aquellos tiempos como destino para contingentes de chicos de toda la provincia, quienes llegaban coordinados para pasar el día o incluso pernoctar en las cabañas del lugar. Toda la estadía, que incluía el uso de las instalaciones al aire libre y el servicio completo de las comidas diarias, era financiada directamente por los fondos públicos de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. De esta manera, el complejo aseguraba su mayor flujo de ingresos económicos gracias a las arcas estatales que la propia Stratta administraba, primero desde su rol como Ministra de Desarrollo Social y posteriormente en su gestión como Vicegobernadora.
La desparpajada utilización de los recursos del Estado no se limitaba al financiamiento de los contingentes, sino que salía a la luz de manera escandalosa cada vez que las inclemencias del tiempo complicaban el terreno. Cuando las precipitaciones arreciaban y el complejo sufría severas inundaciones por el arroyo El Ceibo, la administración del lugar, en vez de contratar a una empresa constructora privada y costear las reparaciones con fondos propios, recurría directamente a los favores del poder político. Las tareas de zanjeo, desagüe y acondicionamiento del predio eran ejecutadas de forma sistemática por personal de la Dirección de Vialidad provincial, utilizando maquinarias pesadas y empleados públicos para solucionar un problema netamente privado con el bolsillo de los contribuyentes, lo que constituye PECULADO.
La orden ilegal de gestionar la retroexcavadora de 600 mil dólares la ejecutó, por pedido de la vicegobernadora, Eduardo «Lalo» Urrutia, entonces director de Conservación Vial. Urrutia, tristemente célebre entre los empleados viales como “el albañil más exitoso de la República Argentina”, por su meteórico e inexplicable ascenso patrimonial que incluyó escraches con panfletos en la sede central, envió la costosa maquinaria para desviar y mejorar de prepo el curso del Arroyo El Ceibo, rodeando el complejo turístico privado para revalorizar el negocio inmobiliario del complejo turístico de los Stratta.
Pero la codicia chocó contra la física. El descomunal peso de la retroexcavadora en un terreno inundable provocó el desastre: la máquina se hundió en el lodo, quedando literalmente sepultada en medio del arroyo. El pánico se apoderó de las máximas autoridades ante la posibilidad de que el escándalo se filtrara a la prensa. En un manotazo de ahogado, enviaron de urgencia otra máquina pesada de Vialidad para intentar el rescate, pero en un gag digno de una comedia de enredos corruptos, el segundo vehículo también se cayó y quedó atascado en el fango.
Este descalabro operativo, que terminó con una costosa retroexcavadora de Vialidad hundiéndose en el fango mientras limpiaba el cauce desde el complejo turístico de cabañas El Ceibo hasta el puente llamado de Vialidad, desnudó una impericia que rozó el ridículo. La desidia estatal quedó expuesta no solo en los casi siete días de inútiles tironeos en los que ni motoniveladoras ni maquinarias pesadas lograron rescatarla del barro, sino en el abandono posterior: permitieron que el agua tapara por completo la cabina, aniquilando los componentes de la computadora de abordo y toda la instalación eléctrica. Lo que siguió fue una parálisis crónica de varios años con el equipo juntando tierra en los galpones porque las arcas públicas no podían costear los miles de dólares de los repuestos importados; una desastrosa inversión que recién la semana pasada terminó de remendarse con una erogación millonaria de fondos que pagamos todos los contribuyentes, permitiendo que, tras un largo e injustificable letargo, la máquina recién ahora esté amagando con volver a trabajar
En 2022, ante la magnitud del desastre, la propia Alicia Benítez se apersonó en el lugar de los hechos. No fue para labrar un acta ni para denunciar el uso privado de bienes públicos; fue para activar el operativo cerrojo. Las directivas fueron claras: tapar todo. A tal punto llegó la impudicia que las fotografías del incidente y de la maquinaria enterrada, que formaban parte del inicio de las actuaciones, fueron groseramente borradas y extirpadas del expediente oficial. Hoy no existen en los archivos del Estado; las escondieron para simular que allí nunca pasó nada.
Las fotos que desaparecieron (pero tenemos)
Por su parte, la Unidad Fiscal de Victoria, integrada en ese entonces por los fiscales Guaita, Yedro, Villanueva y Martínez, demostró una docilidad espantosa. Pese a que los vecinos del lugar fueron testigos directos del escándalo y a que el Artículo 261 del Código Penal castiga con hasta diez años de prisión al funcionario que emplee trabajos o servicios públicos en provecho propio o de un tercero, la fiscalía actuó como un «león herbívoro»: esos que solo rugen con los ex poderosos cuando ya perdieron las defensas, pero que se vuelven mansos y pastan en silencio cuando los imputados tienen firma y presupuesto vigente. No hubo inspección in situ, no hubo resguardo de prueba, ni se valúo el daño económico.
¿Y qué pasó con la máquina computarizada de 600.000 dólares? Destruida por el barro y el agua, jamás regresó a las canteras de la provincia. En el submundo de Vialidad es un secreto a voces: la retroexcavadora fue trasladada clandestinamente, desguazada por completo y hecha desaparecer para borrar la prueba del delito. Un agujero negro de miles de millones de pesos actuales que Juan Pueblo tuvo que pagar de su bolsillo, absorbiendo los costos de repuestos, gasoil y la pérdida total de la unidad.
Aquí es donde el pasado condena y explica el presente. Cualquiera se preguntaría por qué Exequiel Donda, al asumir la administración de Vialidad bajo la bandera del cambio y la transparencia, no ordenó de inmediato un inventario, no desempolvó este sumario escandaloso y no denunció penalmente penalmente la desaparición de la máquina de cantera. La respuesta se esconde en los hilos invisibles del «vínculo«.
Cuando Donda era intendente de San Benito, mantenía una «excelente y aceitada relación» institucional y política con la vieja guardia vial encarnada por Alicia Benítez y su esposo Miguel Feltes. Durante años, Vialidad Provincial ejecutó constantes obras y desvió favores técnicos hacia la intendencia de Donda en el marco de esa sintonía política. Donda no llegó a Vialidad a auditar con ojos limpios; llegó condicionado por las deudas del pasado.
La matriz idéntica: La resistencia de Donda a mirar los expedientes de corrupción no es casualidad. El actual director administrador arrastra sus propias deudas con la Justicia Penal: está denunciado e investigado penalmente por el cobro de viáticos indebidos y sobreprecios en contrataciones durante su periodo como intendente de San Benito. Una réplica exacta de la causa por la que su antecesora, Alicia Benítez, ya fue condenada (por administración fraudulenta y peculado). El denunciante tiene el mismo traje que los denunciados.
Ese compromiso político explica por qué Donda, al asumir, ratificó y sostuvo en sus cargos clave a los mismos directores de la gestión anterior que venían salpicados por corrupción. Es el caso de Ignacio Difiori (jefe del Departamento Suministros) y otros funcionarios involucrados en el Expediente N° 150.816 por compras con sobreprecios de aceites, ropa y papel a finales de 2024. Donda sabía perfectamente lo que pasaba, pero prefirió el silencio corporativo durante años. Solo cuando el escándalo periodístico escaló y la presión del gobernador Rogelio Frigerio se volvió insostenible, Donda sacrificó a los peones, armó el show de los allanamientos y se disfrazó de denunciante para salvar su propio pellejo.
El engranaje de la impunidad en Entre Ríos opera como un círculo hermético donde los favores corporativos se financian directamente con los bolsillos de los contribuyentes. Al ejecutor directo de aquella gauchada en el barro, «Lalo» Urrutia, el Tribunal de Cuentas le terminó cortando las alas un tiempo después por desarreglos administrativos en Paraná Campaña. Sin embargo, la justicia local le obsequió una salida de lo más confortable: un juicio abreviado exprés que le permitió reconocer sus faltas y saldar su deuda entregando un vuelto insignificante de poco más de dos millones de pesos, financiado encima en «diez cómodas cuotas«. Un negocio redondo para un funcionario cuyo patrimonio real vuela muy por encima de esas cifras de remate, demostrando que en esta provincia el silencio se compra barato para evitar que la soga salpique a las jefaturas del poder.
Ese esquema de salidas elegantes y arreglos amigables tras los mostradores de los tribunales es una marca registrada de la casa. Su jefa política de entonces, la exadministradora vial Alicia Benítez, terminó firmando su propio certificado de defunción institucional mediante otro juicio abreviado que la condenó a prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta y peculado negligente. La condena, que desnudó una matriz delictiva que combinaba escandalosos sobreprecios en las obras de la Cumbre del Mercosur con el grosero cobro de viáticos truchos por comisiones de servicio que jamás existieron, se terminó licuando con el pago de una multa en cómodas cuotas. Con semejantes antecedentes de quien comandaba los hilos del organismo, resulta natural que los recursos del Estado se desviaran con total desparpajo.
Es justamente en esa ingeniería del encubrimiento donde los hilos de la vieja guardia vial y los de la nueva conducción se trenzan en un mismo nudo de complicidad. La propia Benítez no dudó en embarrarse las botas en Victoria para comandar un operativo cerrojo inmediato, llegando a la osadía de arrancar y hacer desaparecer las fotografías del desastre del expediente oficial. La premisa era borrar el cuerpo del delito a cualquier precio. Aquello fue un descarado caso de peculado concebido con un único fin: regalarle un monumental «trabajito gratis» de zanjeo y desvío del cauce fluvial al complejo turístico administrado por Marcelo Bertolotti, cónyuge de quien en ese momento portaba los fueros de vicegobernadora, Laura Stratta. El capricho inmobiliario de la monarquía política entrerriana terminó arruinando una mole tecnológica valuada en seiscientos mil dólares, aniquilando sus delicados componentes electrónicos y pulverizando su arquitectura eléctrica, todo por la burda obsesión de poner los recursos de la comunidad al servicio de negocios privadas.
Lo verdaderamente escandaloso es comprobar cómo este monumento al desfalco encastra a la perfección con la gestión actual de Vialidad. Exequiel Donda, el mismo funcionario que hoy monta puestas en escena cinematográficas persiguiendo delincuentes de poca monta que roban pinceles, sufre repentinamente de una amnesia muy conveniente, manteniendo las actuaciones de este escándalo bajo siete llaves en el fondo de un cajón. Y ese silencio tiene una explicación: desenterrar el tendal de basura que dejó Benítez para beneficiar al Clan Stratta significaría dinamitar un pacto de silencio sobre arreglos interpersonales que involucra bienes del Estado para beneficio personal de funcionarios. Mientras tanto, la fiesta la terminó pagando el pueblo entrerriano; la desidia y el encubrimiento posterior nos costaron a los entrerrianos mantener un equipo de altísimo valor parado y juntando óxido durante años en los talleres viales, sumado a una posterior y millonaria sangría de fondos públicos para reconstruirle por completo el cerebro informático y el cableado desde cero. Se menciona que el valor de la reparación coincide con la mitad del de la máquina, 300 mil dólares, por lo que tener esa herramienta OPERATIVA hoy termina costando casi UN MILLÓN DE DOLARES. Donda prefiere entretener a la tribuna con el cotillón de la transparencia antes que explicarle a la gente del campo por qué las rutas rurales son un desastre intransitable, mientras él usa su sillón para esconder los costosos juguetes de la política que naufragaron en el lodazal de la impunidad.
Como broche de oro de esta trama opaca, el misterio se traslada ahora a las partidas contables del organismo. Tras años de parálisis y abandono, la resurrección técnica de la retroexcavadora se concretó bajo un manto de estricto secreto oficial, abriendo un enorme interrogante sobre el origen real de los millonarios recursos utilizados para financiar semejante reparación. El hermetismo es total y no existe un solo informe público que transparente las órdenes de pago o las licitaciones para la compra de los componentes electrónicos importados. Todo induce a pensar que la actual administración echó mano de algún fondo reservado o partida difusa de la Dirección de Vialidad, desviando un presupuesto que debió usarse para arreglar las intransitables rutas entrerrianas, con el único fin de remendar en silencio el costo del delito y sepultar, de una vez por todas, las pruebas de una corrupción que sigue blindada por el poder.