El escándalo de la causa «Contratos Truchos» en Entre Ríos ha ingresado en una etapa de definiciones institucionales tan ruidosa por lo que se ventila en los tribunales, como sugerente por lo que se esconde en los despachos oficiales. Mientras el debate técnico se enfoca en si la investigación original debe unificarse con la recientemente abierta «Contratos II», planteo que fue rotundamente rechazado por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, al denegar la fusión entre la causa madre y este naciente legajo, un manto de llamativa reticencia burocrática cubre las estructuras del Poder Legislativo provincial. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores de la anterior gestión mantuvieron una persistente negativa a entregar los expedientes administrativos completos que dieron origen al monumental desfalco calculado en 50 millones de dólares entre los años 2008 y 2018.
En su momento, las autoridades de ambas cámaras solo han facilitado los contratos definitivos; es decir, el producto final del proceso. Esta entrega parcial no es inocente: la documentación remitida contiene únicamente las firmas y los nombres de los prestadores particulares y los empleados administrativos que hoy se encuentran firmemente sentados en el banquillo de los acusados. Al exhibir solo el eslabón más débil de la cadena, las conducciones legislativas blindan el verdadero recorrido burocrático que permitiría dilucidar cómo se gestó la maniobra. Falta el trayecto completo: los pedidos formales de contratación, los informes de necesidad de servicio, las autorizaciones de las comisiones y, fundamentalmente, las aprobaciones y ampliaciones presupuestarias que viabilizaron el desvío sistemático de fondos públicos.
Fuentes internas y reconstrucciones del período investigado señalan que los expedientes correspondientes a la era de José Lauritto al frente de la Cámara Alta habrían sido retirados de las dependencias oficiales de manera directa por el dirigente al concluir su mandato, aunque en el ámbito parlamentario corre con fuerza el fuerte rumor de que algunos empleados de su máxima confianza se habrían quedado con copias de resguardo, un material que hoy se convierte en una verdadera bomba de tiempo judicial. El panorama se vuelve todavía más drástico al analizar la gestión de Jorge Pedro Busti, período del cual la documentación administrativa directamente se hizo desaparecer de los archivos habituales, existiendo versiones cruzadas y persistentes menciones que aseguran que esos legajos habrían sido quemados intencionalmente para borrar todo rastro de las planillas de asistencia y las asignaciones de partidas presupuestarias.
Ante este sistemático bloqueo informativo, la defensa técnica, liderada en este punto por el doctor Miguel Cullen, solicitó formalmente a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que libre un oficio perentorio para que ambas cámaras faciliten de una vez la documentación respaldatoria. El planteo defensivo incluye una alternativa de mínima que expone la gravedad de la situación: si las autoridades se niegan a enviar los legajos físicos por cuestiones de archivo, que al menos permitan que los abogados y peritos ingresen a las dependencias legislativas para consultar y auditar los documentos en el lugar.
La opacidad en torno a estos documentos obliga a analizar con detenimiento cómo se elabora, en los papeles, un contrato de trabajo dentro de la Legislatura entrerriana. No se trata de un acto administrativo simple o aislado. Para que un contrato de locación de obra o de servicios tenga vigencia y, sobre todo, para que la Tesorería liquide mensualmente los cheques, se debe activar un engranaje administrativo complejo y reglado. El proceso se inicia con una solicitud formal firmada por un legislador o un presidente de bloque, justificando la incorporación de personal técnico o de asesoría. Este pedido debe ingresar por Mesa de Entradas y ser derivado a la Dirección de Administración, un área encargada de verificar la disponibilidad de partidas presupuestarias específicas dentro del presupuesto anual de la cámara.
Una vez constatado el respaldo financiero, se confecciona el contrato propiamente dicho bajo estrictos términos de la Ley de Contabilidad del Estado, el cual debe contar con el visado legal de los asesores jurídicos de la cámara para constatar que no existan incompatibilidades. Posteriormente, el documento requiere la firma e inicialización de los secretarios institucionales y, de manera indispensable, la rúbrica del presidente del cuerpo mediante un decreto habilitante que se emite de forma semestral. Con el fin de que los fondos sean efectivamente liberados mes a mes, el área contable debe exigir la presentación de un informe de adscripción o una certificación de servicios que acredite que la persona efectivamente cumplió con las tareas asignadas.
La desaparición u ocultamiento de toda esta ruta de firmas, sellos y autorizaciones presupuestarias despierta los interrogantes más ácidos sobre el comportamiento de las cámaras. La respuesta lógica y mordaz que surge de este hermetismo es que la maniobra de los contratos truchos no fue la avivada de un grupo de empleados infieles de menor jerarquía, sino un mecanismo institucionalizado y transversal. Si se abren las carpetas de la aprobación presupuestaria y de los pedidos de contratación, el hilo conductor dejaría de apuntar exclusivamente a los punteros que cobraban los cheques en los cajeros automáticos y subiría de forma directa hacia las máximas jerarquías políticas de la década investigada.
Esta reticencia transversal expone una cruda realidad: en el reparto de contratos y en el usufructo del presupuesto legislativo no hubo grieta partidaria. Durante los diez años en que se consolidó la defraudación, el peronismo ejerció el oficialismo y la conducción de los bloques mayoritarios, pero la oposición de esos tiempos, representada por el radicalismo y sus aliados, convalidó el sistema sin denuncias ni objeciones internas. El silencio corporativo actual sugiere que desarmar la burocracia oculta del otorgamiento de contratos implicaría reconocer que todos, por acción o por omisión deliberada, formaron parte del mismo engranaje de financiamiento de la política. No se trata de negligencia aislada; se trata de una matriz de funcionamiento que requería la complicidad de las estructuras de control de ambas cámaras.
Mientras la documentación administrativa permanece bajo llave, la discusión en las audiencias de admisión de evidencia se ha vuelto sumamente compleja. Los defensores de los principales imputados que quedan de la nómina inicial de 32 acusados, entre ellos los de Flavia Beckman y Hugo Mena, se opusieron firmemente a la elevación de la causa a juicio si no se contempla un cambio de escenario radical. La defensa argumentó formalmente que la reciente apertura del legajo denominado «Contratos II», que investiga penalmente a las máximas autoridades de las Cámaras de Diputados y Senadores del período 2008-2018, constituye un «hecho nuevo» de carácter decisivo que obliga a unificar ambas investigaciones en un solo proceso judicial.
El planteo técnico, sostenido por el defensor Cristhian Panceri y respaldado por sus colegas Emilio Fouces y Miguel Cullen, apunta a una flagrante contradicción procesal. La acusación original de la fiscalía sostiene que los imputados actuales formaban parte de una organización delictiva junto a «otras personas con funciones públicas hasta el momento no identificadas». Al abrirse la causa «Contratos II» el 26 de noviembre de 2025 y notificarse formalmente en marzo de este año, esas personas con funciones públicas ya no son anónimas, sino que están formalmente sindicadas y bajo sospecha por su rol como firmantes y responsables de las cámaras. Los defensores sostienen que es jurídicamente ilógico juzgar primero a los partícipes secundarios y dejar para un proceso posterior a quienes emitían los decretos y manejaban las partidas presupuestarias, corriendo el riesgo inminente de que se dicten sentencias contradictorias.
Pese a la insistencia de las defensas, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, rechazó el pedido de unificación y la reapertura de la remisión a juicio. La magistrada entendió que la decisión del Ministerio Público Fiscal de abrir un segundo legajo representa una facultad propia del órgano acusador para continuar investigando, y que no altera la plataforma fáctica de los imputados de la primera etapa. Sin embargo, este rechazo no disipó el problema de fondo que amenaza con hacer crujir el desarrollo del futuro juicio oral: las máximas autoridades políticas de la provincia durante esa década, que ahora están siendo investigadas en «Contratos II», figuran en la lista de testigos admitidos para el primer juicio.
El choque de intereses es evidente. El abogado Iván Vernengo y el propio Fouces lograron que la justicia admita como testigos a figuras centrales de la política entrerriana. En la nómina sobresalen los nombres de los, expresidentes de las cámaras y bloques como Ángel Giano, José Cáceres, Enrique Cresto, Juan José Bahillo, Diego Lara, José Allende, José Eduardo Lauritto, Marcelo Bisogni, Hernán Vitulo, Aldo Ballestena, Juan Carlos Navarro, Pablo Mendoza, María del Carmen Toller, Daniel Ruberto y Leticia Angerosa, entre otros. Al haber adquirido la condición de sospechados en el legajo «Contratos II«, aunque bajo la calificación de conductas negligentes, su comparecencia como testigos en el juicio de la causa madre genera un severo riesgo de autoincriminación, un límite constitucional insalvable que las defensas utilizarán para impugnar el procedimiento en cada instancia del debate.