Este lunes 29 de junio, la Cámara de Apelaciones de Paraná deberá resolver si homologa el polémico juicio abreviado del escribano Pedro Gebhart, un acuerdo exprés de la fiscalía que pretende clausurar la causa «Créditos Truchos« a cambio de una multa irrisoria y pena condicional, o si rechaza el pacto para ordenar que se profundice la investigación hacia los jefes políticos, la Reina de los Contratos y el Príncipe Helado.
La ciudadanía entrerriana ya emitió su veredicto, porque existe la firme convicción de que este esquema fue diseñado para encapsular la culpa en los mandos medios y salvar del juicio oral a figuras de mayor peso como los diputados Laura Stratta y Juan José Bahillo.
El tribunal enfrenta una encrucijada histórica, la de poner un punto final al avance de la causa o emular el antecedente del confeso José Ángel Allende en 2020, cuando la Justicia le bajó el pulgar a la impunidad económica y exigió seguir investigando hasta las últimas consecuencias.
La distracción perfecta de un partido mundialista y la fuerte reprobación social que forzó la suspensión de la primera audiencia confluyen este lunes 29 de junio en los tribunales de Paraná. La Cámara Judicial se encuentra ante la decisión institucional más determinante de los últimos años, la de convalidar la parodia del pagar para zafar o devolverle la dignidad al sistema técnico de enjuiciamiento penal de Entre Ríos.
El fiscal Alejandro Badano llega al estrado defendiendo un acuerdo que ofrece una pena de ejecución condicional, lo que garantiza que ningún imputado pise la cárcel, al exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Gebhart, y a sus secuaces administrativos a cambio de confesar el desvío del programa Jóvenes Emprendedores. El pacto incluye la devolución de apenas 100 millones de pesos, equivalentes a unos 65.000 dólares, una cifra escandalosa frente a un fraude real proyectado que supera los 3 millones de dólares mediante 500 créditos truchos peritados hasta el momento.
La gran pregunta que flota en los pasillos de tribunales, y que mantiene en vilo a la opinión pública, es si los magistrados van a homologar el convenio de la fiscalía o si van a firmar un rechazo contundente. De convalidarse, la Cámara estaría poniendo un punto final definitivo a la investigación, impidiendo que se profundice en el tendal de identidades robadas a personas vulnerables para cobrar cheques productivos que jamás llegaron a destino.
Por el contrario, el tribunal tiene la facultad legal de ordenar a la fiscalía que siga profundizando las pesquisas para determinar formalmente quiénes más están implicados en la matriz delictiva. El clamor general del periodismo local y de la sociedad civil apunta a que la estructura fiscal prefirió mirar hacia abajo, conformándose con los eslabones administrativos y cortando el hilo por lo más delgado.
Es un secreto a voces que las terminales de la corrupción rozan los estamentos más altos del poder político, en especial tras el secuestro y pericia de los teléfonos celulares de Pedro Gebhart, donde constan audios y mensajes que comprometerían de manera directa al actual diputado Juan José Bahillo y a la diputada Laura Stratta, mentora y protectora del escribano.
El escenario actual es un calco de lo ocurrido en 2020 con el confeso exlegislador y líder sindical José Allende. En aquel entonces, José Allende, procesado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, pretendía eludir la prisión acordando una pena condicional y la entrega de un puñado de inmuebles que ni siquiera eran de libre disponibilidad para el Estado.
Sin embargo, en un acto de independencia, el Tribunal integrado por los jueces Chemez, Castagno y Canepa declaró unánimemente inadmisible el acuerdo, le dijo a la fiscalía que sigan investigando y envió al imputado a las puertas del juicio oral y público.
La Cámara se enfrenta ahora al mismo espejo, porque los jueces deben decidir si actúan como guardianes de la transparencia y mandan a Pedro Gebhart a debate oral para que se ventile la maquinaria real de recaudación, o si se pliegan a la comodidad del encapsulamiento judicial.
Esto último consagraría un blindaje perfecto para Laura Stratta y Juan José Bahillo, quienes casualmente lideran el bloque opositor en la Cámara de Diputados, reteniendo los dos tercios de los votos necesarios para bloquear de antemano cualquier intento de Jury contra los fiscales que diseñaron el pacto. La moneda está en el aire y la ciudadanía espera saber si la Justicia entrerriana tendrá el coraje de mirar hacia arriba o si preferirá gritar los goles del Mundial para firmar el acta de la impunidad.