El caso que puso de manifiesto la desidia y la inacción de las fuerzas de seguridad y la Justicia

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5 meses transcurrieron del gravísimo hecho con un claro mensaje mafioso, las cámaras de los vecinos registraron a uno de los delincuentes, sin embargo, la policía sigue sin tener una sola pista, fuertes sospechas de vinculaciones entre los miembros de la banda y miembros de la PER

Muchas veces el periodismo, en su afán de cumplir con su función social, debe hacer lo que la Justicia y sus brazos ejecutores no realizan ya sea por inacción,  negligencia, incluso desidia y hasta fuertes presiones, exponiendo ante la ciudadanía los graves hechos que sacuden a la población más aun cuando la víctima es la propia prensa.

Tal es el caso del mayúsculo ilícito transcurrido hace ya más de 5 meses en la vivienda del director de este medio, al cual, una peligrosa banda de delincuentes, atacó, sustrayéndole un valioso maletín, manteniendo a su merced por más de 5 horas a una persona cercana al mismo.

Una banda de manifiesta peligrosidad, que utilizó para perpetrar el hecho, una logística y una estructura delictiva que impresiona, que conocía cada uno de los movimientos familiares, como también de los vecinos, la ubicación exacta de las cámaras de seguridad de la zona y que, así lo indican los fuertes indicios, la propia policía le facilitó la comisión ilícita, quedando claro que existió una liberación de la zona.

Por más que se ofenda la Policía de entre Ríos o la ministra y hasta incluso el gobernador, aquel 25 de enero del 2019 entre las 13 y las 18 horas, liberaron la zona para dejar actuar a esta peligrosa banda.

No es casual el dato de que la banda actuó a la vista de la guardia policial montada en seguridad del gobernador Gustavo Bordet y su familia que reside a escasos 30 metros del lugar de los hechos.

Sin embargo, la policía allí dispuesta, llamativamente no impidió que se consuma el hecho, a pesar de los notorios movimientos fuera de lo común en el edificio vecino.

La gravedad no solo provino de la ejecución del ilícito, una especie de golpe comando, sino también por el botín que los mismos buscaban.

No querían dinero, es más dejaron una cifra importante de dinero y objetos de valor a la vista de todos, sin dudas para demostrar que no era lo que buscaban.

La caza de los delincuentes consistía en el hallazgo y posterior sustracción de un maletín ¿sabían que el periodista guardaba ahí información sensible y comprometedora judicialmente de un importante funcionario provincial?, no hay duda.

Por más de 5 horas le inquirieron a un familiar cercano del periodista, a través de aprietes y hostigamientos, la ubicación exacta del maletín, sabían dónde estaba, aunque no sabían que había sido removido del lugar, por eso tanto tiempo dispuesto en el hallazgo.

Tanto fue el conocimiento exteriorizado por parte de los delincuentes de las habitaciones y bienes del propietario que incluso sabía, el que comisionó telefónicamente, vale decir, sin estar en el lugar, la ubicación precisa de las llaves, e incluso la marca y modelo del vehículo estacionado en el subsuelo del edificio.

Pormenores que por cierto constan en el expediente iniciado y que tramita bajo la conducción de la fiscal, Dra. Jimena Ballesteros.

La hipótesis, aunque ya con característica de certeza, es que una persona, miembro de la banda, facilitó el grave ilícito, aportando el conocimiento de los movimientos familiares, la ausencia del periodista, los bienes del mismo, y cada uno de los lugares donde podría estar el maletín.

Dicha persona, por la información que manejamos, la cual fue aportada tanto a la Policía como a la Fiscalía, tiene estrecha vinculación con un “soplón”, “topo”, de las fuerzas policiales.

Llamativamente, a pesar de los datos y a pesar de constar las relaciones en un pizarrón con fotos de las personas posiblemente involucradas, continua sin avances esa línea investigativa, mucho menos, un solo allanamiento.

No sorprende en nada la inacción, a través de la dilación, si desde un primer momento de la investigación hubo muestras manifiestas por parte de altos jefes de la Policía de entorpecer la causa, de obstaculizarla para evitar que la misma se esclarezca.

El ejemplo más claro consiste en las lamentables declaraciones en todos los medios de la capital del Comisario Jurajuria, jefe de investigaciones de la PER, en su intento de minimizar el hecho con el mote de “cuento del tío”.

Al irresponsable comentario del Comisario hay que adicionarles, episodios del Legajo inauditos. Caso de la demora de la Policía en solicitar las cámaras de seguridad a los vecinos, las cuales es conocido por todos que luego de un tiempo se pisan (se superponen registros fílmicos de días posteriores), debiendo las mismas ser portadas en su totalidad por la víctima.

O, también, el llamativo caso de la respuesta casi inmediata del oficio a Gendarmería, fuerza que suele contestar en no menos de una semana –con suerte-. La fiscal remitió el oficio y al otro día la respuesta fue “no lo conocemos”, en referencia al delincuente registrado en las cámaras.

¿Y qué decir del plazo de casi dos meses para peritar un teléfono?.

Ahora, como si no fuera notoria la inacción de quienes deben investigar, sale la ministra de gobierno, Dra. Rosario Romero, jefa de toda la fuerza policial a ponderar “el prestigio de la Policía de Entre Ríos”.

Se desconoce que datos manejara la ministra, pero en lo que hace a la inseguridad la capital entrerriana lidera el ranking de ilícitos cometidos, siendo prácticamente imposible para los vecinos salir a la calle en ciertos horarios por los constantes y violentos arrebatos.

Expresiones que, por otro lado, también parecen ignorar el grave hecho perpetrado contra el periodismo que venimos aludiendo.

Un hecho que no comenzó y no culminó con el golpe tipo comando a 30 metros de la residencia de Bordet y su familia, sino que fue la coronación de varios aprietes o presiones que ha recibido el medio de comunicación desde diciembre del 2018.

Hechos de amedrentamiento sumados a la catarata de cartas documentos que recibe semana tras semana el medio de comunicación, con el único fin de hacerlo callar.

Hostigamiento contra la libertad de expresión, todos ellos, motivados en impedir que el medio siga dando a conocer los distintos hechos de corrupción estructural de distintas reparticiones, organismos, entes y empresas  del Estado provincial que, dicho sea de paso, la actual gestión se comprometió a erradicar.

El Portal de Ricardo David hace más de 20 años que se dedica a dar a conocer irregularidades en la administración pública, tanto provincial como municipal.

Es más, el medio fue quien denunció el hecho de corrupción cometido en el ámbito de la gestión municipal entre sus autoridades y la Mutual Modelo, causa que esta próxima a sentar en el banquillo a los denunciados, y  los aprietes y presiones, como las de ahora, nunca se han visto.

Sin embargo, y a pesar de los mensajes mafiosos contra un periodista, su familia y los trabajadores del medio de comunicación, y la desidia policial en la investigación, la ministra sale a ponderar “el prestigio” de la PER.

Una ministra contradictoria en sus declaraciones públicas, donde valora la “vocación y el prestigio” refiere que existen “hay miles de sumarios administrativos en trámite en la policía”, todos los cuales, motivados por incumplimientos del deber.

Es indudable, y no le vamos a exigir lo contrario, que la ministra no puede declarar contra sí misma. Es la jefa de la PER.  Tampoco el gobernador que es el jefe absoluto de todos.

Como tal, es a quien responsabilizamos de cualquier hecho que pudieran ocurrirle a cualquier integrante del medio y a la familia de su director por el grave caso que pone de manifiesto la desidia y la inacción de las fuerzas de seguridad y la Justicia que, luego de más de 5 meses, no pueden esclarecer la materialización del aviso mafioso proveniente del poder.

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1 comentario

Juancho 2 junio, 2019 at 11:03 am

La Rosario seguramente dio órdenes por directivas de arriba; sin embargo, cuando sale mal la cosa queda como única responsable, y segregada como una leprosa.

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