Gravísima denuncia: retienen porcentaje mensual de planes sociales, apuntan al representante del Movimiento Evita e importante funcionario provincial

La maniobra presumiblemente delictiva también tiene como objeto los módulos alimentarios que envía el ministerio de desarrollo social de Stanley, sostienen que los mismos no son destinados a los beneficiarios sino que son utilizados para la campaña política e incluso canjeados con comercios locales.

Una nueva denuncia sacude toda la provincia, los hechos reiterados son, de confirmarse, realmente graves y los damnificados son, como sucede en la generalidad de este tipo  de casos, los que menos tienen y que más necesitan en ésta terrible época de crisis.

La maniobra desplegada hace ya un tiempo tiene como objeto el dinero por los planes sociales que llegan desde Nación para la provincia como también los módulos alimenticios que remite la cartera conducida por Carolina Stanley

En Entre Ríos, el encargado de distribuir los planes así como los módulos, más conocidos como bolsones, es el “Movimiento Evita”, que a nivel nacional está conducido por Emilio Pérsico, un peronista perteneciente a las filas del kirchnerismo.

La indignación y la preocupación de los beneficiarios de dichos planes sociales va en aumento ante las maniobras contra ellos desplegadas, sensaciones que se propagan a la generalidad a medida que va conociendo la trama.

Según indicaron los denunciantes, varios beneficiarios sociales, la ayuda que les llega desde nación es de $8000 pesos mensuales, accediendo a los mismos por decisión exclusiva y discrecional de los representantes de “la Evita” en la provincia.

Sin embargo, el monto del dinero no permanecería íntegro en los bolsillos de los necesitados, sino que, según denunciaron, mensualmente serían obligados a un retorno para aquellos representantes.

Según expresaron los propios beneficiarios a este Portal, una vez que los mismos perciben sus planes en el cajero automático, por instrucciones expresas de los dirigentes del movimiento, serían forzados a concurrir a la sede de la agrupación política sita en calle Perú entre Italia y Libertad de la capital entrerriana para dejar $500 de aquellos $8000.

La presión es clara, o pasan a entregar la suma requerida o al otro mes se quedan sin el plan social. O los 500 o nada.

Sanción que ya habría sido impuesta a un gran número de beneficiarios que se negaron a que les toquen sus bolsillos.

Según expresaron los denunciantes un total de 241 necesitados habrían perdido su beneficio social porque se opusieron a acceder a esta modalidad presumiblemente delictiva y digna de una exhaustiva investigación penal.

Los datos aportados por aquellos denunciantes indignados y con mucho malestar, indican que en la actualidad, luego de las bajas a manera de sanción, quedarían 1300 beneficios vigentes solamente en Paraná.

Haciendo cálculos, el presunto botín al que accederían los representantes del Movimiento Evita solo por la capital entrerriana es de 650 mil pesos mensuales, dinero que extraerán  a manera de “canon” de los que menos tienen.

El accionar totalmente repudiable no se limitaría únicamente al porcentaje del plan social, es más grave aún, también incluiría a los módulos alimenticios.

Entre 3000 y 5000 módulos envía Stanley a la provincia, mercadería que sería depositada en un galpón que tiene la agrupación conducida a nivel provincial por el segundo en la secretaría general de la gobernación, Emiliano Gómez Tutau, ubicado en el barrio San Agustín.

Se trata de los conocidos «bolsones» que deberían ser destinados entre los beneficiarios de los planes sociales.

Según las denuncias, la repartija hace ya un tiempo que no se estaría realizando entre sus legítimos destinatarios, sino que esos módulos forman parte del «canje», que es moneda corriente más que nada en época de campañas políticas, de aquellos funcionarios que aparecen por los barrios entregando estos bolsones que tienen alimentos de primera necesidad.

No sería el único destino, las denuncias también hablan de un presunto canje también con comercios locales para que los mismos lo revendan.

Una maniobra que deja al descubierto la poderosa arma con que contarían algunos referentes del movimiento para hacer irregularmente política, a través de la cual los dirigentes juegan con el hambre y necesidad de los que menos tienen.

No sería lo único que se desprendía, de confirmarse la denuncia estaríamos ante un gravísimo hecho delictivo, en principio, peculado y coacciones.

Según indicaron, las personas que no aceptaron pagar este canon y que se vieron perjudicadas en la quita del plan social, estarían evaluando iniciar acciones legales contra el Movimiento Evita.

Si bien aún no lo han hecho, expresando la omisión sin dudas el temor a la represalias, lo que piden es que la Justicia tome cartas en el asunto e investigue a fondo estos gravísimos hechos.

Por lo que han dejado trascender a este medio, actualmente la cifra de damnificados ascendería a 241 en de Paraná, aunque la situación se replica en toda la provincia.

Lo que nadie comenta es que el funcionario al frente de esta organización, Gómez Tutau, percibe mensualmente $145mil, por su función de segundo de Edgardo Kueider, atribuyéndosele a aquel la maniobras indignantes de quedarse con el porcentaje del canon de los más necesitados y de desviar el destino de los alimentos.

Un Gómez Tutau que, en los próximos meses, es inminente su arribo al Congreso Nacional, luego de varios corrimientos y renuncias de candidaturas, asegurándose fueros.

Gravísimos hechos, por lo que indicaron, reiterados, que también caen en la órbita de responsabilidad del Gobierno Nacional en virtud de la total ausencia de controles.

Hechos presumiblemente delictivos que, más allá de las acciones legales que los beneficiarios han anunciado presentar, deberían ser objeto de una investigación penal profunda por parte de la Justicia que hasta ahora duerme ante la corrupción.

Justicia que, con fiscales titulares con miedo de avanzar en alguna investigación de semejantes características, es integrada con fiscales interinos, es decir, sin estabilidad en el cargo, razón que los coloca bajo limitaciones provenientes de presiones para investigar pero hasta cierto punto, no más allá de lo que permita el poder de turno.

Un poder que con funcionarios que predican, en todos sus ámbitos, con la transparencia y la honestidad pero que ante hechos graves y enteramente repudiables, ninguno se ocupa y mucho menos se preocupa.