Otra licitación violando la ley de Emergencia: casi 2 millones para seguir persiguiendo a la prensa

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Ajuste a trabajadores y jubilados con la excusa de la “solidaridad” para gastos millonarios que nada tienen de esenciales.

El gobierno provincial lazó una licitación para “contratar un sistema de inteligencia y monitoreo de noticias sobre la imagen del gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por el término de 12 meses con opción de prórroga”, según lo publicado en el Boletín Oficial de este lunes 3 de agosto.

El pliego de condiciones particulares de la licitación pública N° 11/20 estipula que el monto aproximado de la inversión es de 1.776.000 pesos, un millón setecientos setenta y seis mil pesos para “monitorear” la imagen de esta gestión.

El objetivo de la licitación viola el espíritu de la ley de Emergencia que los legisladores provinciales aprobaron hace un mes.

La normativa declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos.

En definitiva, con la excusa de la pandemia, el gobierno con esta ley admitió que no cuenta con los fondos necesarios para los gastos corrientes del Estado, por lo que metió la mano en los bolsillos de los trabajadores y jubilados para poder solventar los gastos de la administración.

Sin embargo, los fondos conseguidos mediante los aportes que la normativa establece están lejos de destinarse al sistema sanitario, y tampoco se frenaron las designaciones y contrataciones del Estado que llevaron a la provincia a fundirse.

Aún con la ley de Emergencia sancionada, las designaciones no frenaron, como el caso del ex legislador Julio César Aldaz, que fue nombrado en planta permanente del Instituto Portuario provincial, con un escalafón que le permitirá gozar de un abultado sueldo.

En pandemia y emergencia, otra designación en el gobierno provincial

Tras pasar casi toda su vida laboral dentro del Estado, como intendente de Balavilbaso, legislador, titular del IAPV, y como miembro del directorio de Sidecreer, ahora recae en planta de uno de los organismos provinciales que mejores sueldos paga, a poco de jubilarse.

Este es apenas un ejemplo de las numerosas designaciones que se han dado con total impunidad, a pesar de la pandemia, con el Estado provincial funcionando a media máquina, que no se detuvieron con la sanción de la ley de Emergencia y con los números en rojo.

Pero la provincia no solo dejó seguir el despilfarro con los nombramientos, sino que también siguió con las contrataciones millonarias de insumos y servicios que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria o con las urgencias que la provincia tiene actualmente.

Miembros del gobierno provincial, como el ministro de Economía Hugo Ballay y la vicegobernadora Laura Stratta, admitieron que la provincia utiliza los fondos enviados por la nación en el marco de la pandemia para pagar sueldos.

Es más, recientemente una delegación entrerriana encabezada por el gobernador Gustavo Bordet peregrinó por diferentes oficinas en Buenos Aires mendigando fondos de la nación para poder afrontar los gastos corrientes del Estado.

A pesar de ello, la provincia sigue lanzando este tipo de licitaciones que distan mucho de ser con fines esenciales para el normal funcionamiento del Estado o para el bienestar de los entrerrianos.

Días atrás, este Portal publicó acerca de la licitación del gobierno provincial para adquirir luminarias para Casa de Gobierno por una cifra millonaria. Otro gasto que nada tiene que ver con la lucha contra el coronavirus.

Ahora se conoce esta licitación que, a un año de las elecciones legislativas de 2021 tiene sin dudas fines electorales, sin reportar absolutamente ningún beneficio para los vecinos entrerrianos.

El gobierno provincial a lo largo de este año ha mandado a hacer, por cifras millonarias, diferentes encuestas.

Los resultados de estos sondeos buscan reflejar una buena imagen de esta administración, aunque distan mucho de lo que se percibe en el humor popular: descreimiento, desconfianza y hartazgo con este gobierno.

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Esta nueva licitación va en el mismo sentido, ya que el gobierno provincial busca conocer qué imagen presentan los medios de comunicación de esta administración para poder actuar en consecuencia.

Actualmente, el contrato que establece la licitación está en manos de la Agencia Textual, a través de la cual el gobierno provincial realiza una feroz persecución al periodismo de opinión cuya línea editorial no es del agrado de esta gestión.

Un claro ejemplo de ello es que un informe realizado por esa agencia fue utilizado por la entonces ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, como prueba en una demanda contra el titular de este medio, Ricardo David, por daños y perjuicios.

Concretamente, en octubre de 2019, la actual vicegobernadora buscó acreditar los daños señalados en la demanda con una desgrabación de un programa radial conducido por Ricardo David, realizado por la agencia Textual.

Si bien Stratta certificó haber pagado los servicios de la agencia de manera personal mediante una factura a su nombre, lo concreto es que utilizó informes de la misma consultora que el Estado provincial contrató con fines similares.

A raíz de ello, las sospechas quedan acerca del objeto con el que el gobierno lanza esta licitación, ya que existe el antecedente de que Stratta se valió del servicio que la Agencia Textual le presta al Estado para demandar a un periodista que en su medio difiere de la línea que baja el gobierno.

Más allá de eso, lo cierto es que el gobierno provincial pagará casi dos millones de pesos para “seguimiento y monitoreo de la imagen” de esta administración, algo que nada tiene que ver con la Emergencia que fue declarada mediante una ley aprobada por los diputados y senadores de la provincia.

Esta licitación, los nombramientos y los numerosos desmanejos que no se detienen en el Estado provincial son la enésima demostración de que la ley de Emergencia fue sancionada con la excusa de la pandemia pero que no busca mejorar el sistema sanitario para hacerle frente al virus.

Lo mismo ocurre con los fuertes impuestazos, que para nada se ven reflejados en mejoras de los servicios que el gobierno provincial le presta a los entrerrianos.

La Emergencia y los impuestazos se meten en los bolsillos de trabajadores, jubilados y contribuyentes para que las autoridades del gobierno provincial puedan seguir con la fiesta, no para beneficio de los entrerrianos.

 

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3 comentarios

gabriela 7 agosto, 2020 at 2:52 pm

y siguen currando con la publicicdad y contrataciones..para que sirve esto en una pandemia????

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DESILUCIONADO 7 agosto, 2020 at 3:14 pm

PARA ESTO ERA LA LEY DE EMERGENCIA

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teresa 8 agosto, 2020 at 1:39 pm

La SOLIDARIDAD, NO SE COMPRA, NO SE VENDE Y NO SE ALQUILA…TAMPOCO SE ROBA COMPULSIVAMENTE…

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