Sin ningún paso administrativo previo, una senadora con denunciada penalmente por el supuesto uso político de los bienes del Estado, le habría otorgado plata del erario público a una vecina.
La provincia de Entre Ríos cuenta con un gran déficit y una descomunal deuda principalmente por la falta de control que hay acerca de los destinos de los fondos públicos, situación que difícilmente mejorará con la llegada de Diego Lara al Tribunal de Cuentas (link).
Una clara muestra es el recibo que llegó a este Portal en el que una vecina da cuenta de que habría recibido de la senadora provincial Flavia Maidana más de 18 mil pesos para la supuesta compra de medicamentos.
Cabe suponer que la suma es del erario público porque si se tratara de un acto de caridad a título personal de la legisladora y con plata de su bolsillo, es raro que acepte un recibo y no una factura.
Si, por el contrario, la senadora tuviera que rendir cuentas a la Legislatura por estos fondos, resulta muy llamativa la precariedad del recibo, que no cuenta con membrete, sino apenas un número y el nombre de la legisladora.
En una administración sana y transparente, para obtener una suma de dinero de un organismo del Estado para la ayuda social, en este caso la Legislatura, un vecino, institución o quién sea, debería contactarse con el legislador que correspondiera, explicando los motivos de la necesidad y demás, y este debería remitir una nota a la presidencia del cuerpo, iniciando formalmente la gestión.
Si la presidenta accediera al pedido, enviaría la expresa autorización de forma escrita a la dirección de despacho, en donde se realizaría la resolución correspondiente, y se remitiría luego al servicio administrativo contable.
Desde allí, se emite el cheque, con el nombre del ciudadano o la institución correspondiente, y se adjuntaría la resolución y el recibo, que debe firmar el vecino.
Luego, el ciudadano haría la compra para la que se le otorgó el dinero y debería remitir la factura al organismo correspondiente, que debe rendirla al Tribunal de Cuentas de la provincia.
Nada de eso parece ocurrir en este caso, lo que resulta sumamente grave porque si la senadora puede otorgar esta ayuda de casi 19 mil pesos para un medicamento, también podría hacerlo cualquier otro legislador por sumas muy superiores y con la excusa que fuera.
Si bien es loable la intención de ayudar a una vecina, es necesario que se cumplan los pasos administrativos correspondientes, por engorrosos que resulten, para garantizar la transparencia del acto, del origen y del destino de los fondos.
Bajo ningún pretexto, podría un legislador provincial, Maidana o quien fuera, hacer uso discrecional de los fondos públicos, sin previa aprobación de las autoridades competentes y cumpliendo los requisitos necesarios en una administración transparente.
Si el dinero salió de su bolsillo, no se entiende por qué necesitaría que la vecina le firmara un recibo, a menos, claro, que la legisladora tuviera que pasarle factura llegado el caso.
Hoy, la administración del Senado durante la presidencia de Adán Bahl, y las gestiones de Pedro Guastavino y José Cáceres, está siendo investigada por la Justicia por las serias irregularidades con el manejo del dinero público, por lo cual los actos en la actual gestión deberían ser sumamente transparentes.
El nombre de la senadora en cuestión ya estuvo vinculado en el uso político de los bienes del Estado, ya que en agosto de este año la senadora Maidana fue denunciada penalmente por las irregularidades en el acopio de alimentos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en un domicilio privado de su localidad, Nogoyá.
La senadora Maidana fue denunciada penalmente por el acopio irregular de alimentos
La denuncia fue radicada en fiscalía por el periodista Maximiliano Medrano, quien había hecho público el caso en su medio de comunicación.
Una vecina de la localidad, que se identificó como “Chochi” Vergara, se había hecho cargo de la situación e intentó desligar a la senadora, a la que ella misma aseguró responder, al afirmar que el inmueble en el que se almacenaban los productos era alquilado por ella y reconoció públicamente el manejo y la distribución de dichos alimentos, con argumentos basados en la “costumbre” y la práctica política.
El culebrón que se generó por aquella irregular situación todavía está fresco en los vecinos de Nogoyá, que se preguntan quién controla lo que se hace con los bienes y el dinero del Estado y cómo se definen los destinos que se les da.
Con ese hecho todavía fresco, se conoce un nuevo “acto caritativo” de la senadora, una vez más presumiblemente con los fondos públicos.
Cabe insistir en que, si el dinero hubiera salido de su bolsillo, resulta sumamente llamativo que requiriera un recibo. Si lo pide, es de suponer que es para renderlo luego a la Cámara.
Si Maidana le dio casi 19 mil pesos a una vecina con fondos de la Legislatura, es necesario indagar por qué no se cumplieron los pasos administrativos correspondientes.
Cada legislador provincial le cuesta a las arcas públicas unos seis millones de pesos mensuales, ya que la Legislatura tiene un presupuesto de 2.300 millones de pesos.
A raíz del costo sumamente abultado para el Estado, es necesario que cada centavo que gasta la Legislatura tenga un riguroso control y que las cuentas se rinden como corresponde.
Si esto se hace con 18 mil pesos, con un precario recibo, sin ninguna factura, y sin el más mínimo control, tranquilamente podría hacerse con varios miles de miles de pesos.
La honestidad y transparencia se predica sobradamente en esta provincia, también hay que practicarla.