De intimado a intimador

En un gobierno democrático, el gobernador Bordet denunció ante la Justicia a un vecino que movilizó a su casa.

La Justicia entrerriana resolvió con una celeridad impresionante la denuncia que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, interpuso contra un vecino de la ciudad de Paraná, que se encontraba entre los que fueron a movilizar hasta su casa el pasado 25 de Mayo.

En la causa intervino la fiscal Melisa Saint Paul y la jueza de garantías Elisa Zilli, quien resolvió interponer al vecino varias restricciones preventivas.

Estas consisten en “1) prohibición de acercamiento en el radio de 200 metros respecto del domicilio particular del denunciante GUSTAVO E. BORDET y de su grupo familiar.2) Prohibición de realización de actos molestos y/o perturbadores tanto al denunciante GUSTAVO E. BORDET como a su grupo familiar, por sí o por interpósita persona. 3) Obligación de retirarse de cualquier lugar público o privado en el que GUSTAVO E. BORDET se encuentre”.

Esas medidas se aplicarán por el plazo de sesenta días y su incumplimiento “podría configurar el delito de desobediencia judicial”, según el fallo emitido por la jueza Zilli.

Se trata de un hecho inédito para un gobernador entrerriano del justicialismo el de denunciar a un vecino por salir a la calle a manifestar.

Durante cualquier gestión democrática de gobierno se realizan cientos de movilizaciones y el propio Bordet ha vivido muchas durante los más de seis años que lleva al frente de la provincia.

Las marchas protagonizadas por los vecinos son consideradas por esta gestión como actos de odio y escraches, pero los ciudadanos movilizan para reclamar porque las autoridades actuales se desviaron de lo que prometieron en la campaña y con sus acciones y medidas perjudican fuertemente la vida de los ciudadanos.

No moviliza solamente el señor que fue denunciado, sino que lo hacen familias enteras que concurren a Plaza Mansilla a pedir para volver a las aulas, propietarios de gimnasios, comerciantes, transportistas, el sector turístico y demás trabajadores que se están fundiendo con las medidas tomadas para afrontar la pandemia.

Este hecho fue denunciado ante la Justicia también por los diputados Néstor Loggio y Julio Solanas, junto con un comunicado de repudio de algunos diputados del PJ y de la Liga de Intendentes, pidiendo que todo el arco político imitara ese gesto de rechazo.

Sin embargo, eso no ocurrió y el resto de la dirigencia política provincial no se expresó al respecto, como tampoco lo hicieron otros actores de la ciudadanía entrerriana, como partidos políticos o sindicatos.

Del “Salgan a la calle” de Alberto Fernández a las acusaciones de odio y violencia de las autoridades provinciales a los ciudadanos que reclamanf

Pero el gobernador Bordet y la justicia provincial se lo toman con uno de los vecinos que fueron hasta la casa del mandatario.

Esta es la primera vez que un mandatario justicialista va a la Justicia a hacer una denuncia por una marcha de los vecinos, olvidando que el Partido Justicialista nació de las movilizaciones.

Lo que queda en claro con la denuncia judicial de Bordet es que el oficialismo actual le tiene terror a la gente, a los vecinos que reclaman lo que consideran justo.

Esto pone de manifiesto que este justicialismo provincial perdió la calle y las autoridades responden con denuncias judiciales a los reclamos legítimos de los vecinos.