«Causa Contratos II»: el rol central de Bahl, la declaración de Argento y el escrito presentado por Lauritto ante los Fiscales.

La denominada «Causa Contratos II», que investiga el desvío sistemático de fondos públicos a través de contratos de obra y servicios en la Legislatura, ha tomado un nuevo impulso tras las recientes  declaraciones de Maximiliano Argento. Lauritto presentó un escrito a través de sus abogados y lo mismo haría Andrea Zoff amparándose en sus fueros como diputada. A esto se suma la reciente aparición pública de documentos que comprometen seriamente a altas autoridades de la Legislatura durante la gestión de quien fuera vicegobernador y presidente del Senado, Adán Humberto Bahl, lo que lo posiciona como uno de los presuntos máximos responsables de los contratos irregulares.

A pesar de los intentos por mantener estas novedades bajo un manto de reserva, ha trascendido que el Ministerio Público Fiscal (MPF) ha comenzado a trazar una línea directa entre las designaciones de planta, los contratos de obra y un esquema de «doble sueldo» que benefició a la cúpula del poder legislativo entre 2015 y 2019.

La citación a declaración presencial de Maximiliano Argento (Legajo 179554), ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná, ha sido el punto de inflexión de la semana. Argento, un hombre del riñón de Bahl desde su paso por el Ministerio de Gobierno (2011-2015), quedó expuesto por su doble condición salarial.Según registros, Argento mantenía su estabilidad en la planta permanente del Senado mientras percibía, en simultáneo, un «salario dibujado»  como funcionario municipal de alto rango.

Pero antes de que Bahl, como hombre de su confianza, lo designara funcionario en la municipalidad (2019-2023), Argento, siendo empleado del Senado, en el momento que estalló el escándalo del robo con contratos truchos adquirió un departamento en calle Tucumán y Alameda de la Federación en plena zona del Parque. Según agentes inmobiliarios, la propiedad está valuada en 400.000 dólares, un monto difícil de explicar con los ingresos de un empleado del Senado provincial; algo que los fiscales no deberían pasar por alto.

El martes pasado, Argento declaró ante los fiscales para explicar cómo era el procedimiento de contratación de personal temporario antes de la gestión de Gustavo Pérez , imputado en la causa Contratos I, y qué cambios se realizaron posteriormente para regularizar la situación. Durante su testimonio defendió a Bahl, alegando que este ordenó sumarios contra el exadministrador; sin embargo, para algunos que siguen la causa de cerca no se debería descartar que se trate de una maniobra para cortar el hilo por lo más delgado y proteger a la cúpula.

Los documentos (como el Decreto 417) revelan un esquema de beneficios para el círculo íntimo del ex vicegobernador que roza la ilegalidad manifiesta.

• Claudia Fabiana Silva (Legajo 252458, DNI 21.564.062): La actual senadora y esposa de Bahl fue recategorizada a la Categoría 1 (la máxima del escalafón) mediante un decreto firmado por el entonces vicepresidente primero, Aldo Ballestena. Esta «firma delegada» se interpreta como un burdo intento de evitar la figura de negociación incompatible, dado que Bahl era el jefe político directo del organismo.

• Oscar Alberto Silva (DNI 10.074.395): vaya casualidad, el mismo apellido de la esposa del exvicegobernador. En el año 1992, mientras se desempeñaba en la función pública, Silva le pidió un favor crucial a Julio Solanas: que le otorgara un contrato a un joven Adán Bahl, quien atravesaba una situación económica muy precaria y de extrema necesidad. En aquellos días, Bahl vivía de manera muy humilde en la calle Muñiz, detrás de La Psarela, en un populoso barrio de la Seccional Octava de Paraná.

  Una realidad que contrasta drásticamente con el millonario patrimonio que el propio Bahl declaró décadas después, tras su extenso paso por la administración pública. Con el tiempo, llegó la devolución de favores: ya consolidado como vicegobernador y presidente del Senado, Bahl devolvió la gentileza firmando el Decreto 140/2019 para designar a su antiguo benefactor como asesor de Cámara. El documento, refrendado por la Dra. Carina M. Ramos, reza textualmente que Silva «cumple con los requisitos que exige el Vicegobernador», dejando en claro que el verdadero criterio de selección no era la idoneidad técnica, sino la estricta cercanía personal.

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El caso de Horacio Raúl Bahl, hermano de Adán Bahl, es quizás el más vergonzoso. Un correo electrónico del 1 de febrero de 2017, enviado por el imputado Schneider a Argento, ordenaba dar de baja diversos contratos pero pedía explícitamente mantener el de Horacio Bahl.

Lo grave es que, entre 2016 y 2023,  Horacio Bhal se desempeñó como Vocal en el Instituto del Seguro mientras cobraba paralelamente, un contrato en el Senado: un ÑOQUI . Este tipo de contrataciones, Adan Bahl las gestionó primero siendo Vicegobernador, con fondos provinciales, y luego como  Intendente, con dinero de los vecinos paranaenses. Finalmente, al terminar la ingerencia de Adan en la administración pública, su hermano Horacio regresó a la Caja de Jubilaciones para tramitar un retiro de privilegio.

La justicia no sabe o no quiere saber. Al final, no investiga si estas designaciones y contrataciones, algunas con «doble sueldo«, si fueron por torpeza administrativa o por pura corrupción. En este escenario, llama poderosamente la atención que Camilo Stratta con el mismo modus operandi (mediante el decreto 914/20) haya sido designado en el directorio del IAPSER junto al hermano de Bahl y según trascendió también habría estado contratado en la legislatura. Camilo es hermano de Laura Stratta, quien durante su gestión como vicegobernadora realizó 1.400 contrataciones, la mayoría dadas de baja por la actual gestión por ser truchas.

El nombramiento de Camilo Stratta se dio a mediados de 2020 (coincidiendo con la salida de Juan Domingo Orabona de la presidencia del instituto), momento en el cual el directorio del organismo pasó a quedar integrado por Tomás Proske (como presidente), junto a Horacio Bahl (hermano de Adán Bahl) y el propio Camilo Stratta (hermano de Laura Stratta) como vocales.

Qué enorme coincidencia: tanto Bahl como Stratta tenían a sus propios hermanos ubicados en el directorio del Instituto del Seguro.

Antes de abandonar la vicegobernación, Adan Bahl ejecutó un plan masivo para asegurar el futuro económico de sus familiares, amigos y agrupación política. Nombres con sus respectivos legajos han quedado bajo sospecha por percibir sueldos del Senado sin prestar funciones claras mientras trabajaban en el municipio:

• Andrea Soledad Zoff (Legajo 169902): Secretaria Administrativa clave y actual diputada.

• Camila Antonella Farías (Legajo179003):Encargada de prensa.

• Carina Manuela Ramos (Legajo 173738): Directora de Despacho.

• Emanuel Federico Redondo (Legajo 169517), quien asumió (2019-2023) y cobraba como secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad mientras seguía cobrando del Senado, tiene el agravante de que las compras de los materiales que realizaba desde su área se las hacía al corralón de su suegro y también a la empresa de su cuñado, cometiendo el posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

• Rafael Ángel Siaini  (243601), Julio Alejandro Allende (226495, hijo del polémico dirigente), y los Claret, José Carlos Claret (252455) y Fabiola Soraya Claret (164846)

  Zoff, Farías tambien fueron RECATEGORIZADOS en el período diciembre/2016-diciembre/2019.

A este «blindaje» se suma la situación de los tres hijos de Bahl, quienes fueron designados en la Cámara de Diputados bajo la gestión de Ángel Giano. Finalmente fueron dejados cesantes por inasistencias injustificadas, tras confirmarse que cobraron cifras millonarias sin haber pisado jamás la oficina, en lo que se describe como un intento de «blanquear» el patrimonio familiar.

La coartada del «desconocimiento» de Bahl se desmorona ante los contratos de Guido Krapp y Nicolás Beber. A diferencia de otros expedientes, estos llevan la firma directa de Adán Bahl. Ambos contratados terminaron en un juicio abreviado, una estrategia judicial que, según fuentes tribunalicias, buscó evitar que los imputados declararan en un juicio oral y público y constataran quién los había contratado que era nada más y nada menos que el propio Bahl dejándolo muy comprometido penalmente.

La defensa de otros implicados, como José Eduardo Lauritto a través de un escrito presentado por su abogado Leopoldo Lambruschini, sostiene que el Decreto 123 regularizó todo. Sin embargo, esto genera una pregunta lógica: si había un decreto tan estricto que centralizaba las firmas en las autoridades electas, ¿cómo desaparecieron 53 millones de dólares (el 40% del presupuesto legislativo en 11 años)?

Los «Contratos no tan Truchos»: cómo el Poder Legislativo institucionalizó el desvío del 40% de su presupuesto

En los pasillos de la legislatura aún resuena la frase cínica de la época cuando asumían las autoridades de la legislatura : «No importa si se cae el techo del Senado; lo que importa es la plata de los contratos. Dejen que el barco llegue a puerto como sea, y si se hunde, le echamos la culpa al puerto”, en alusión a si se caía el techo del senado, dejando en claro que llevaban un control estricto del presupuesto destinado a los contratos, que nada salía sin el control del Presidente, Vicepresidente y autoridades de los bloques de la legislatura.

Hoy, el «barco» de la gestión Bahl ha encallado en los tribunales. Con una red de familiares y amigos beneficiados y una agrupación política blindada por sueldos estatales, la justicia deberá determinar si hubo «torpeza» o si estamos ante el mayor desfalco planificado en la historia de la provincia.