El contador Alejandro Gelormini, síndico de Neo Paraná y Neo Game presididas por Alfredo Ferrari, y también auditor de los hermanos Banfi, enfrenta un pedido de 4 años de prisión efectiva en Santa Fe por integrar una compleja red de apuestas virtuales ilegales que captó fondos de más de 38.000 adolescentes (MENORES DE EDAD). Para colmo, sobre Neo Paraná pesa una alarmante sombra de sospecha por un pasivo que treparía a los 3 millones de dólares. ¿Dónde está la plata y por qué el organismo regulador provincial mantiene como «grandes empresarios» a quienes la justicia vecina trata como delincuentes?
La hipocresía institucional y la alarmante falta de escrúpulos con la que se manejan los hilos del juego de azar en Entre Ríos han sumado un capítulo que desborda el cinismo. Mientras en la vecina provincia de Santa Fe el Gobierno y la Justicia avanzan con ferocidad para desmantelar, embargar y llevar a juicio oral a las mafias del juego clandestino online, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) prefiere mirar para otro lado, cobijar y tratar como «prestigiosos hombres de negocios» a los mismos personajes que están a un paso de la cárcel.
El foco del escándalo se posa sobre Alejandro Gelormini, un contador de 63 años radicado en Olivos, provincia de Buenos Aires. Este sujeto no es un improvisado en las tierras entrerrianas: se desempeña nada menos que como Síndico de Neo Paraná S.A. y Neo Game, la poderosa firma que explota el juego y las tragamonedas en el emblemático Hotel Mayorazgo de Paraná. Sin embargo, para la justicia santafesina, Gelormini no es más que un engranaje clave de una banda delictiva dedicada a la captación de apuestas online no autorizadas, la evasión fiscal masiva y el vaciamiento informático.
La total anomia y complicidad del IAFAS queda expuesta ante una pregunta elemental de control: ¿Cómo es posible que el ente regulador de Entre Ríos mantenga la adjudicación de un servicio público millonario a una empresa fiscalizada y dirigida por un imputado criminal que espera la audiencia preliminar de su juicio oral?
De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio presentada por el fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, Dr. Agustín Nigro, Alejandro Gelormini formaba parte del núcleo jerárquico de la firma Transfero Pagamento S.A.. Esta pantalla societaria, constituida en el país por los empresarios brasileños Claudio Marcos Just Cavalcante y Carlos Eduardo Franco Russo, montó una monumental red digital clandestina para captar apuestas de azar de forma ilegal.
El caso es de una crueldad explícita. Entre abril de 2023 y septiembre de 2024, la banda recaudó la friolera de más de 19.000 millones de pesos operando sin licencias, sin pagar un solo peso de tributos y utilizando cuentas virtuales virtuales para eludir los controles cambiarios. El dato más aberrante de la causa judicial es que el sistema captó y procesó transferencias de 38.845 menores de edad, detectándose un patrón sistemático de apuestas nocturnas realizadas por adolescentes.
En los cuadernos secuestrados por la policía a los miembros de la organización criminal, constaban anotaciones manuscritas con «estrategias para sostener alias bancarios» y maniobras para minimizar el «riesgo penal» si caían menores de edad. Sabían perfectamente lo que hacían: destruían el tejido social y fomentaban la ludopatía infantil mientras lavaban los activos a través de divisas virtuales. Por este motivo, la justicia santafesina ya les congeló cuentas en criptomonedas por un valor superior a los 1,3 millones de dólares y el fiscal Nigro solicitó formalmente una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo para el síndico Gelormini.
De acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, la estructura clandestina estaba encabezada por dos ciudadanos brasileños señalados como los líderes de la organización y de las sociedades comerciales extranjeras utilizadas para el fraude: Claudio Marcos Just Cavalcante, de 52 años, y Carlos Eduardo Franco Russo, de 35 años, para quienes el fiscal Agustín Nigro solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva junto con las multas máximas previstas en el Código Penal. Por debajo de la cúpula, la fiscalía ubicó a un segundo estamento de implicados argentinos compuesto por Natalia Soledad Salinas, de 40 años, Agustín Suares Araujo, de 48 años, y Santiago Corbetta, de 41 años, imputados en carácter de coautores con un pedido de pena intermedia que asciende a los 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo más las sanciones económicas correspondientes. Finalmente, la nómina de los siete acusados que esperan la elevación de la causa a juicio oral en los tribunales de Santa Fe se completa con Justina García de la Peña, de 37 años, quien comparte la misma escala de responsabilidad penal que el contador Alejandro Gelormini, habiendo requerido el organismo persecutor para ambos una pena de 4 años de prisión efectiva y la aplicación de las multas máximas de la ley.
Mientras en Santa Fe la jueza Cecilia Labanca fijó la audiencia preliminar del juicio oral contra Gelormini, en las oficinas del juego entrerriano las alarmas financieras comenzaron a encenderse por otra vía. Según trascendió con fuerza de fuentes fidedignas y del propio entorno de la firma concesionaria, Neo Paraná arrastraría un alarmante pasivo que orilla los 3 millones de dólares, acumulando millonarias deudas cruzadas con proveedores y presuntamente con el propio canon del IAFAS.
La coincidencia de factores genera escalofríos y activa las sospechas de las mentes más agudas del sector:si el encargado de auditar, vigilar y firmar los balances de Neo Paraná, el síndico, está acusado por la justicia penal de montar estructuras simuladas, evadir impuestos y desviar fondos hacia el extranjero encriptado, ¿qué garantías reales tienen el Estado y los ciudadanos de Entre Ríos de que esos 3 millones de dólares de pasivo no sean fruto de otra maniobra mafiosa de dibujo contable? ¿Quién se está llevando las utilidades líquidas del Casino del Mayorazgo mientras se monta un tendal de deudas?
Las sospechas de que se esté replicando un formato de vaciamiento o de desvío clandestino de flujos financieros a espaldas del fisco provincial son más que fundadas. Para la justicia santafesina, Gelormini y sus socios son criminales peligrosos que asimilan al narcotráfico por el daño social que provocan; en Entre Ríos, el IAFAS los deja facturar diariamente sin pedirles explicaciones ni suspender preventivamente sus licencias.
El contraste político e institucional es flagrante y deja en ridículo la supuesta lucha contra el juego ilegal que el IAFAS promociona en gacetillas oficiales. Cuando los periodistas intentan averiguar si las autoridades de la provincia estaban al tanto de la situación judicial del síndico de su principal adjudicataria, la respuesta es el mutismo absoluto. Neo Paraná sigue operando con total normalidad, e incluso se sabe que Gelormini continuó enviando y contestando cartas documento institucionales, validando su plena actividad como fiscalizador de la empresa.
Históricamente, el IAFAS ha funcionado como una caja negra de la política, una cuna de privilegios donde los controles sobre los concesionarios privados siempre fueron laxos a cambio de beneficios corporativos solapados. Mientras el Poder Ejecutivo de Santa Fe impulsó la denuncia penal en persona para defender a su lotería estata, en Entre Ríos se cobija, se cuida y se premia a los sospechosos.
Si la firma Neo Paraná está en manos de un directivo imputado por integrar una banda mafiosa y arrastra deudas millonarias en dólares en su giro comercial, el IAFAS es penal y civilmente responsable por omisión de control. El dinero del juego, que por ley debería sostener la acción social, los hospitales y las escuelas de la provincia, está bajo la lupa de contadores imputados por lavado y explotación de menores. La Justicia de Entre Ríos tiene la obligación urgente de intervenir las cuentas de Neo Paraná, apartar al síndico mafioso perseguido y exigir transparencia antes de que la banca rompa y, una vez más, las secuelas del juego clandestino las terminen pagando los entrerrianos.