Las audiencias de elevación a juicio por el millonario desfalco de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana sumaron una jornada clave en Paraná, donde la jueza Marina Barbagelata admitió la incorporación de la totalidad de los expedientes de contratación y los diarios de sesiones solicitados por las defensas, quienes buscan demostrar que los actuales imputados carecían de facultades administrativas y eran meros instrumentos de las autoridades firmantes, en un debate que además validó la introducción de informes técnicos de parte y una extensa lista de testigos políticos antes de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.
Las audiencias de remisión a juicio por el desfalco en la Legislatura entrerriana, conocido como la causa de los contratos truchos, sumaron un capítulo decisivo en los tribunales de Paraná, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, hizo lugar a una serie de medidas de prueba clave que, según la perspectiva de los abogados defensores, resultan sumamente favorables para sus hipótesis de trabajo.
El avance principal radica en la admisión para que se incorpore al debate la totalidad de los expedientes de contratación de ambas cámaras legislativas entre los años 2008 y 2018, este bloque de documentos, que según la defensa no había sido remitido previamente por una reticencia inexplicable de las autoridades parlamentarias, servirá para demostrar que el grupo de imputados actuales carecía de las facultades administrativas para generar, procesar o pagar los contratos bajo sospecha, colocándolos en el rol de meros instrumentos de quienes sí detentaban las firmas autorizadas.
La estrategia de los defensores, coordinada entre otros por el abogado Miguel Ángel Cullen, apunta a los niveles de la administración política de la provincia, la justicia convalidó la introducción de los diarios de sesiones y los ejercicios contables oficiales de la Legislatura correspondientes a la década investigada, con el fin de examinar las sucesivas ampliaciones presupuestarias destinadas de forma exclusiva a las partidas de contratos de obra.
Desde el arco de las defensas se argumenta que estas erogaciones extraordinarias eran debatidas y aprobadas por los propios legisladores, por lo cual la información contable publicada busca determinar quiénes eran los verdaderos responsables del manejo de esos fondos, la fiscal Patricia Yedro no opuso reparos a la incorporación de los oficios, aunque aclaró que el Ministerio Público Fiscal no coincide en absoluto con la valoración de la prueba ni con las conclusiones que los defensores pretenden extraer de esos documentos durante el futuro debate oral.
Otro de los contrapuntos de la jornada giró en torno a los sistemas informáticos y la cadena de custodia de las pruebas recolectadas en los allanamientos, la defensa solicitó formalmente la realización de una nueva pericia técnica integral bajo la órbita de expertos del Superior Tribunal de Justicia, argumentando que el secuestro original de los datos digitales se ejecutó con incumplimientos a las garantías constitucionales.
Frente a la negativa de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes catalogaron la petición como una maniobra extemporánea y dilatoria para un informe que ya cuenta con más de ocho años de antigüedad, la jueza Barbagelata adoptó una posición intermedia, si bien rechazó habilitar una nueva pericia oficial, autorizó a las defensas a introducir un informe técnico informático propio y citar a declarar a su perito de parte, el licenciado Gastón Cruzado, para que exponga sus conclusiones en el juicio, de igual modo, el informe del contador de parte Juan Manuel Pérez fue admitido bajo la condición de informe técnico y no como pericia contable.
Un rompecabezas de imputados: La causa redujo su nómina de 32 imputados iniciales a 18 que efectivamente irán al banquillo de los acusados, la reducción de la lista responde a que 12 personas accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, un empleado (Esteban Scialocomo) acordó una condena en juicio abreviado y un contador (Gustavo Falco) resultó sobreseído.
En las audiencias también intervino el defensor Tomás Vírgala y concluyeron los abogados Emilio Fouces y Germán Fouces, asimismo, se dio luz verde a la citación de una extensa lista de testigos políticos de relevancia, entre los que figuran ex autoridades provinciales como Adán Bahl, José Cáceres, José Eduardo Lauritto, Raúl Taleb, Néstor Diez, Lautaro Schiavoni, Aldo Ballestena y Maximiliano Argento.
Luego de intensas jornadas de debate y ofrecimiento de pruebas documentales, la jueza de Garantías dispuso un cuarto intermedio en las audiencias de elevación, la actividad judicial en los tribunales locales se reanudará el próximo martes a las nueve de la mañana, momento en que los abogados Hugo González Elías y Pablo Hawlena Gianotti cerrarán las exposiciones correspondientes en representación del imputado Jorge De Breuil.
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REDONDO Y ARGENTO APRONTEN LAS MUÑECAS QUE VAN POR LOS PEREGILES JUAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!