Colectora millonaria
Los 50 millones argumentando “la densidad de población” y el “comercio incipiente” cuando habitan 13 familias y no existe un solo negocio, en la mira, los legisladores le preguntan a Bordet si se ha realizado alguna investigación y/o denuncia por esta situación de público conocimiento.
Con el título «Abominable: gastaron 50 millones argumentando “la densidad de población” y el “comercio incipiente” cuando habitan 13 familias y no existe un solo negocio” , el jueves pasado este Portal daba cuenta de un nuevo hecho de corrupción estructural que involucra a la Dirección Provincial de Vialidad.
Obras complementarias que el organismo de los caminos realizó en el Acceso Norte llamativamente donde supo residir el gobernador Gustavo Bordet, el cual puede dar fe de la falacia argumentativa de la Resolución de la DPV.
Tras la publicación, llegaron las primeras consecuencias. A través de un parte de prensa los integrantes del bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) en Cambiemos, dieron a conocer que este lunes presentaron en la cámara de diputados de Entre Ríos, un pedido de informe referido a los importes abonados la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), para ejecutar obras complementarias del acceso Norte de Paraná.
“La iniciativa tiene que ver con publicaciones periodísticas que dan cuenta de supuestos gastos millonarios para ejecutar obras en una zona de casi nula densidad poblacional, sin actividad comercial y que de acuerdo a los trabajos realizados no justificaban los montos erogados”, indica el comunicado.
Por tal razón los diputados radicales requirieron saber «el importe total que la abono Dirección Provincial de Vialidad mediante resolución N°2128/13 para la ejecución por las obras complementarias del Acceso Norte».
También pidieron que se detallen «las obras incluidas, el lugar, el modo de contratación, modo de adquisición de materiales y si la misma fue realizada por terceros o con máquinas y personal de la Dirección Provincial de Vialidad».
Finalmente solicitaron que se indique detalladamente el estado de las obras y si el poder Ejecutivo «ha realizado alguna investigación y/o denuncia por esta situación de público conocimiento».
Mas allá del pedido de informes por parte de los legisladores se estima que la información sera de difícil acceso.