Gran polémica y cuestionamientos por la reforma del Consejo de la Magistratura que prevé el arancelamiento para concursar y para impugnar, elimina el examen oral para ser juez, fiscal o defensor y que destina los fondos para afrontar el reclamo salarial de los trabajadores del organismo
El Senado de la Provincia de Entre Ríos aprobó un proyecto que establece cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, fundamentalmente en tres aspectos, previendo la normativa a implementar la eliminación de los exámenes orales en el concurso, el arancelamiento previo para participar del concurso como también para impugnar los puntajes recibidos.
En otras palabras, los abogados que deseen ser jueces o fiscales ingresando por el carril legal y no por la bendición o el dedo de alguien, deberán pagar, también deberán pagar si no están de acuerdo con el puntaje recibido.
Reformas que despertaron polémica y un gran malestar en los profesionales de derecho, siendo el comentario generalizado en varios de los ámbitos jurídicos que ahora “cada vez más firme para el caballo del comisario”.
Una frase que alude a la inclusión del arancelamiento, dejando en claro la misma que solamente van a pagar aquellos que tengan asegurado el puesto, que hayan acordado previamente o tengan la venia o visto de alguna importante autoridad pública para acceder al cargo.
El proyecto es de autoría formal del diputado provincial Juan Navarro, aunque tanto en la legislatura como en los pasillos de tribunales le adjudican la autoría real a la actual ministra de gobierno, Rosario Romero, hacedora de la generalidad de las reformas judiciales en la provincia.
Un dato que no es menor y lo avala es la cercanía que mantuvo en la cámara de diputados, la entonces diputada Romero con Navarro y Diego Lara, este último miembro informante del proyecto.
Un proyecto que se trató en diputados en diciembre, dándose aprobación, aprobándose recientemente en el senado aunque con modificaciones lo que obliga a un nuevo tratamiento en la cámara baja provincial.
El precio estipulado para poder concursal que prevé la normativa es de 5 jus, al valor actual, vale decir de un jus a $530, el monto a abonar por el aspirante será de $2650, cifra que quedará desactualizada en el tiempo de aplicación de la ley ya que el jus aumenta semestralmente
En el caso del pago para apelar las decisiones del jurado del concurso, aunque se estableció un arancel equivalente a la mitad de la inscripción, hoy $1.350.
Pero si el arancelamiento en si genera polémica y despertó el gran malestar de los profesionales de derecho, más fuerte fueron las voces críticas con respecto al destino de aquellos fondos.
La misma ley prevé el dinero recaudado se utilizará para cubrir los gastos operativos, de inversión, de capacitación y de productividad del personal del Consejo de la Magistratura.
Más allá de aquel argumento, lo cierto es que el destino de los fondos serían para cubrir el reclamo salarial que lleva años que existe de los trabajadores del Consejo de la Magistratura.
Destino que fue ratificado por la presidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos (AdeM), Gabriela López Arango, al expresar que la entidad acepta los cambios.
Un reclamo aceptable, entendible y que genera incluso el acompañamiento de los profesionales que han expresado sus críticas sobre la reforma aquí planteada, aunque los mismos cuestionan el arancel y el destino manifestando que los quieren hacer cargo de la propia inacción estatal.
Como ejemplo, aquellos profesionales molestos, hablaron de los sueldos exorbitantes que ganan varios funcionarios del gobierno provincial, sueldos mensuales que rondan en los 300 o 400 mil pesos, un verdadero desfasaje con lo que perciben los trabajadores del Consejo de la Magistratura.
Un proyecto que, a la par del arancelamiento, también prevé la prohibición para quien haya ganado un concurso de presentarse nuevamente a otro hasta que no haya transcurrido dos años de haber asumido aquel, salvo que el cargo a concursar sea de mayor jerarquía o se corresponda a un fuero distinto para el que fue designado.
Por último, el proyecto adjudicado intelectualmente a la ministra que está a un paso de convertirse en ley, elimina el examen oral en el desarrollo de la prueba de oposición que deben realizar todos aspirantes a ocupar un cargo judicial.
Frente a esta reforma los aspirantes a jueces, fiscales o defensores solo deberán realizar un examen escrito que consistente en el planteo de uno o más casos reales para que de ellos proyecte por escrito una resolución, sentencia, dictamen, requerimiento o recurso, como deberá hacerlo estando en el ejercicio del cargo para el que se postula.
La polémica está instalada, al menos en el ámbito abogadil hoy no se habla de otra cosa más que de las críticas y cuestionamientos a la reforma planteada por el oficialismo provincial.
Sector al que le ha llamado fuertemente la atención el silencio del Colegio de Abogados, organismo que debe velar por los intereses y derechos de sus matriculados, que aún no se ha expedido sobre esta cuestión que tanto los afecta.