El Superior Tribunal no quiere que el Procurador García intervenga en un sumario administrativos por expedientes perdidos y otras irregularidades.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia -Dres. Carubia, Giorgio y Mizawak- tan vapuleada últimamente; Carubia y Mizawak( esta última junto a Smaldone favorecieron en un fallo a stratta, sin excusarse por la relación política y de amistad) y por su actuación en el Jury, y los tres por un fallo reciente donde “cambian doctrina” y favorecen a un “perejil” acusado de corrupción por exceder el “plazo razonable”, ¿¿¿para después beneficiar en la carambola a los Allende, Kueider, Stratta, Mariza,Benítez, Oñativia????, se ha quedado a esta altura casi sin tareas.
Primero les sacaron la inconstitucional competencia exclusiva en amparos, que les concediera Jorge Busti, y con la cual habrian hecho una verdadera “industria” millonaria del juicio, en favor de ciertos estudios y casi fundieron al IOSPER.
Después, la creación de las Cámaras de Casación Penal en Concordia y Paraná, que les quitó esta importante función que les concedía la ley.
¿Para qué sirven ahora?, se pregunta más de un miembro del foro judicial y abogadil, como no sea para acomodar parientes y amigos y cobrar jugosos emolumentos, ellos y sus múltiples y variopintos “asesores”, letrados y no letrados.
Pero además, uno se imagina que, aliviados de las duras tareas antedichas, la pesada estructura de la Sala Penal de nuestra máxima instancia judicial ha de funcionar correcta y cómodamente, como un relojito.
Pues bien, salgan de su engaño, recientemente se ha descubierto que el desbarajuste administrativo y jurisdiccional de esa oficina marca proporciones de escándalo: causas con atrasos descomunales; cuestiones importantes que no son puestas a despacho, expedientes extraviados o amontonados sin orden , hojas sueltas desparramadas o mal cosidas, y una larga lista de irregulares “etcéteras”.
Como agravante, hay que tener en cuenta que en algunos casos se trata de trámite de personas privadas de libertad, otros penados que piden les levanten o modifiquen sanciones, amparos, y en fin, cuestiones que hacen a derechos esenciales de muchas personas, tratados con displicencia, desinterés y notoria haraganería.
Claro, como «el hilo se corta por lo más delgado”, los Supremos decidieron hacer un sumario a la Secretaria de Sala, a quien tiran el “perro muerto” y hacen única y exclusiva culpable del zafarrancho.
Olvidan su propia responsabilidad funcional como autoridades encargadas de vigilar y controlar el correcto manejo de trámites en los que están involucrados derechos e intereses de terceros, incluido a veces valores sagrados como la libertad.
En la investigación surge, por ejemplo, que la Secretaria muchas veces actuaba según indicación de los sres. Vocales. Una vez se encontraron expedientes y papeles desparramados, la Secretaria puso llave al despacho y, según cuenta en el sumario, el Dr. Carubia le exigió que lo dejara abierto.
Cuando de la investigación preliminar se tomó conocimiento de la magnitud del desastre, los Vocales Mizawak y Carubia pidieron apartarse del trámite.
Correspondía, como se hace y se ha hecho desde tiempo inmemorial en todos los sumarios, correr traslado al Procurador General, y aquí sonaron las alarmas: el alto funcionario del Ministerio Público podía tomarse desquite de la carga que dos supremos le hicieron en el mentado “Jury”, todavía en trámite.
Mizawak y Carubia dieron abrupta marcha atrás, se olvidaron del “decoro, delicadeza, violencia moral”, que invocaron para no opinar.
Opinaron, más aún, exigieron a sus pares, una especie de “vade retro” Satanás, que ni por asomo se les ocurriera meter al Coque en la volteada.
Los “Supremos” se prestaron al juego: decidieron que quien debe “dictaminar” es el empleado administrativo que hizo el sumario (¿?).
Según se comenta en alrededores de las altas esferas tribunalicias, la cosa se arregla fácil: se le aplicará una sanción menor a la Secretaria y la sangre no ha de llegar al río, quedando incólumnes los altos magistrados penales.
1 comentario
Ya es sabido; el IOSPER niega o demora indefinidamente una prestación, un estudio del comisario presenta un amparo (120 lucas para arrancar), y sale la prestación, la que por otra parte estaba súper inflada en el costo, y alimenta la corpo médica, también insaciable. También el negocio de los delincuentes detenidos es espera de resolución, los que a su vez tienen que recurrir a los consabidos ave negra, para que, mediante jugosos arreglos informales y sin factura, los saquen de la gayola, y puedan volver a dormir en casita.
No solamente a nivel del ST, todo el sistema judicial está organizado para que cada pasito cueste, tanto al estado, como al pobre juan pueblo (más aún al que quedó fuera del sistema…)