La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, adelantó que van a apelar la decisión del juez Nicolás Foppiani de rechazar el pedido de convocar a “audiencia judicial” a las autoridades de Entre Ríos, particularmente al Gobernador Gustavo Bordet
Ocurre que el juez Nicolás Foppiani rechazó la solicitud al entender que la justicia santafesina es incompetente en el tema, según justificó en su resolución y ordenó “declinar la competencia ordenando la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos”.
Según explicó Iribarren, el planteo no tenía que ver con el delito ambiental, que es de competencia federal, sino que con las lesiones que esto provoca en la salud de la población.
“La solicitud que se hizo el martes fue a partir de una instrucción que yo dicté para que se inicie una investigación más allá del delito ambiental para investigar el daño que se estaba provocando de manera evidente y las omisiones que estaban permitiendo que esto ocurra”, detalló la funcionaria en diálogo con Radio 2 de Rosario.
A partir de ese pedido de Iribarren, los fiscales Edery, Schiappa Pietra y Ocariz plantearon al juez una audiencia para solicitar el cese de estado antijurídico, eso es una figura que prevé el Código Procesal Penal para que cuando un delito se está cometiendo de manera flagrante.
“Es una medida cautelar, el juez Fopiani hizo una interpretación aún sin haber escuchado los argumentos porque la petición se hace por mail sin dar fundamentos. El Código establece que eso se tiene que discutir en una audiencia oral y pública”, explicó la responsable de la fiscalía regional de Rosario
Con respecto al objetivo de este planteo judicial, Iribarren aclaró que «lo que se pretendía era citar a los presuntos responsables, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y su secretaría de Ambiente, Daniela García, para que den una explicación y ordenen las medidas que tienen que ordenar para que esto cese”.
Ante esto, la funcionaria judicial adelantó que “se va a recurrir la medida. En primer lugar porque Foppiani adelantó una opinión sin siquiera escuchar los argumentos que la fiscalía tenía”. “Sacó un decreto donde dio su fundamento jurídico. Pero lo que planteamos nosotros es otro delito que tiene que ver con las lesiones que es lo que se está provocando en la salud de la población”, concluyó.