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El Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará en algunas horas tendrá diversas medidas que apuntan a desregular la economía y las condiciones de contratación y despido de trabajadores. Qué está confirmado y quiénes lo diseñaron.
En medio de la importante marcha piquetera en el centro porteño, el Gobierno nacional presidido por Javier Milei publicará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que desregulará diversas normativas económicas. Además de tener un importante segmento vinculado a la derogación o modificación de cuestiones burocráticas, un extenso apartado está dedicado a la reforma laboral que formuló el oficialismo.
Una por una, cuáles son las medidas que implementaría Javier Milei por DNU
Ese segmento del DNU tuvo una importante injerencia del nuevo secretario de Trabajo, Omar Yasin. El abogado laboralista es apodado por los medios gremiales como «el especialista en despidos» y fue director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) durante la gestión de Jorge Triaca en el macrismo.
El funcionario fue traído a esa cartera por su superiora directa, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Según indican, Yasin tomó el paquete original que había armado el equipo técnico de La Libertad Avanza durante la campaña electoral e «impuso su impronta bastante fuerte». Sobre el texto también tuvieron injerencia el subsecretario Horacio Pitrau y los economistas Federico Sturzenegger y Lucas Llach, a cargo de la formulación macro del DNU desregulador.
Cómo será la reforma laboral
El Decreto de Necesidad y Urgencia contemplará un amplio paquete de medidas. Por ejemplo, se reducirán las multas laborales por tener trabajadores no registrados o con irregularidades, algo que indican que favorecerá a las pymes y la contratación de empleados. Se pretende crear la figura del trabajador «independiente con colaboradores», para facilitar la contratación de personas a emprendedores chicos o monotributistas.
El período de prueba para los trabajadores recién ingresados pasará de tres a ocho meses, mientras que los intereses por indemnizaciones serán referenciados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) junto a un 3%, este será de adhesión voluntaria según el convenio colectivo.
Por otro lado, habrá una baja de los llamados «impuestos al trabajo», a la vez que se hará una simplificación de la registración laboral, para facilitar contrataciones y despidos. Se prevé una baja de aportes y contribuciones patronales, que es de 25,8% sobre el bruto de la nominal salarial en la actualidad.
En un nuevo apartado, también se declarará como servicios esenciales al transporte y la educación, que tiene como efecto buscado la reducción de paros en esos rubros: se apunta a que haya como base un 50% de la actividad sin modificaciones y que el bloqueo sindical sea motivo justo de despido.
Este último punto refiere específicamente al área de transporte terrestre y marítimo, lo cual configuraría una hipótesis de conflicto con gremios como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Omar Durdos, el sindicato de Camioneros dirigido por Pablo Moyano y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) de Héctor Ponce.
«Los empresarios claramente no van a quejarse por esta reforma, y no te sorprenda que tampoco lo hagan la gran mayoría de los sindicalistas. Los más enojados van a ser los abogados laboralistas», afirmaron a este medio desde Casa Rosada.
En tanto, Yasin comenzó a realizar las primeras reuniones formales a cargo del área de Trabajo y antes de la publicación del DNU. Esta semana comenzó con un encuentro con la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA) que preside Guillermo Pereyra y hoy estuvo junto a la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), de Sergio Sasia.
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