El acuerdo se selló en una reunión que mantuvieron los jefes de bloque en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara. El oficialismo retomará el texto dictaminado en mayo del año pasado, con el agregado presupuestario que reclamaban los gobernadores.
En palabras de un diputado: “Si una provincia tenía 10 presupuestado en política penal juvenil y con la implementación le saldría 14, esos 4 los pone Nación”. Aun así, lo cierto es que el impacto fiscal de la iniciativa se desconoce. Pese al pedido de los diputados de la oposición, el oficialismo no giró la iniciativa a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que haga la estimación.
Qué dice el nuevo régimen penal juvenil
A grandes rasgos, además de llevar de 16 a 14 la edad de imputabilidad, el texto establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico.
Asimismo, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici (LLA); Germán Martínez (Unión por la Patria); Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Cristian Ritondo (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) Alberto Arrua (Innovación Federal); Pamela Verasay (UCR); Miryam Bregman y Romina del Plá (FITU); Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal); Oscar Zago (MID); Claudio Alvarez (País Federal); Nancy Picón Martínez (Producción y trabajo); Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).
Según pudo saber este medio, los principales detractores del cronograma planteado por Menem fueron Unión por la Patria y el FITU. En tanto, el lilito Maximiliano Ferraro pidió que “no los lleven a las patadas” con el tratamiento de las leyes.
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