Las modificaciones siguen bajo análisis tanto en el Ministerio de Justicia como en los equipos legales del Ejecutivo. La mesa política volverá a reunirse la semana que viene para ordenar la estrategia parlamentaria.
El Gobierno mantiene en revisión el paquete de reformas y dilata su envío al Congreso. Los cambios sobre el Código Penal siguen bajo análisis del Ministerio de Justicia y los vinculados a la propiedad privada continúan en manos de los equipos legales del Ejecutivo. “Todavía falta para que estén terminadas”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada reconocen que la mesa política volverá a reunirse la semana que viene para ordenar la estrategia parlamentaria, aunque todavía no tiene un día cerrado. La definición política sigue abierta incluso sobre el recorrido legislativo del paquete. “Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa”, agregan.
Más allá de que en la última reunión se había acordado que la reforma penal ingresara por el Senado, en sectores del oficialismo ahora ponen esa hoja de ruta en duda. “Patricia (Bullrich) quiere absorber todo y hay algunas quejas en Diputados”, expresan en el oficialismo, en referencia a la discusión interna sobre qué cámara debe concentrar el primer tramo del debate.
En paralelo, en Balcarce 50 advierten que no hay un borrador final para el paquete de reformas sobre propiedad privada, que está previsto que ingrese por la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. El proyecto apunta a reducir la intervención estatal y dar mayores garantías a los inversores en línea con la lógica de desregulación que impulsaron desde el inicio de la gestión.
El texto incluye cambios en la ley de expropiaciones para acotar la definición de utilidad pública junto con una revisión de la ley de tierras rurales para flexibilizar las restricciones a la compra por parte de extranjeros. Contempla además modificaciones sobre el régimen de manejo del fuego, con la idea de habilitar cambios en el uso del suelo en zonas incendiadas, y una revisión del esquema de integración socio-urbana de barrios populares para reducir herramientas expropiatorias.
La prioridad del Gobierno es la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y está en tratamiento en Diputados. La Cámara baja convocó a audiencia pública para el 25 y 26 de marzo sobre el expediente en revisión y luego fijó un criterio de participación para administrar la fuerte cantidad de inscriptos, con instancias presenciales, virtuales y presentaciones por escrito o video.
Ese expediente se convirtió en el frente más sensible del paquete porque combina interés económico e impacto ambiental. En el Ejecutivo sostienen que quieren acelerar esa discusión antes de abrir varios frentes en simultáneo. Es por eso que la estrategia legislativa pasó a centrarse en una lógica más escalonada.
En la Casa Rosada reconocen que no definieron todavía en qué instancia impulsarán los cambios a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En Balcarce 50 admiten también que no tienen una planificación cerrada para el tratamiento de los compromisos con los Estados Unidos. “Vamos viendo sobre la marcha”, expresan.