¿Violación de correspondencia o persecución al periodismo? EL CHIQUI TAPIA ENTRERRIANO

Este portal ha sido objeto de una denuncia penal por supuesta “violación de correspondencia” (art. 153 del Código Penal). El motivo son las publicaciones que expusieron a los verdaderos dueños de mutuales en Entre Ríos. Detrás de estas entidades se encuentran ex funcionarios, políticos y sindicalistas multimillonarios que, disfrazados de mutuales solidarias, han construido un negocio financiero basado en préstamos usurarios a trabajadores.

La entidad que agrupa a las mutuales entrerrianas está presidida por Adrián Bruffal, hoy conocido por muchos como el Chiqui Tapia entrerriano, debido a las grandes similitudes entre ambos:

• Los dos provienen de orígenes muy humildes: el Chiqui Tapia fue barrendero de un municipio del Gran Buenos Aires; Bruffal fue empleado de categoría baja de la Municipalidad de Paraná.

• El Chiqui Tapia es supuestamente dueño de la financiera SUR FINANZAS junto a un testaferro de apellido Vallejos, y además de préstamos usurarios, es acusado de lavar miles de millones de pesos con los clubes de fútbol. Él preside la AFA.

• Bruffal (mano derecha del empresario Miguel Mariza, quien ya tiene probation por hechos de corrupción en la gestión de Urribarri) es titular de la Mutual Modelo —dueña de los códigos de descuentos para préstamos de dinero con intereses usurarios sin ser bancos— a empleados municipales y provinciales, y también preside la FEDEM (Federación Entrerriana de Mutuales) para los negocios con préstamos usurarios. Él preside el club Patronato de la Juventud Católica.

• Ambos son hoy multimillonarios, con cientos de viajes al exterior, autos y casas lujosas, entre otros bienes.

Algo que la justicia federal deberá seguir muy de cerca, ya que el propio presidente Javier Milei y la hasta ayer ministra de Seguridad y hoy senadora nacional Patricia Bullrich denuncian estos hechos como lavado de dinero.

Otra similitud es que Tapia asumió en plena crisis de la AFA, y Bruffal en plena crisis de Patronato, cuando nadie quería asumir la presidencia. Sin embargo, el titular de las mutuales se aseguró de «ponerla» (como se dice en el ámbito de los clubes), pero con la libertad absoluta de manejo. Por ello, no deberían sorprenderse los socios si aparecen fiestas, eventos, fiestas de disfraces, etc., al estilo de «la gran Tapia».

Los miembros de la FEDEM

Como tesorero de la asociación aparece el sindicalista Pedro Comas, quien hizo una carrera vertiginosa de empleado bañero del Club Rowing Paraná a multimillonario.

Como primer vocal titular aparece el exintendente de María Grande, Hugo Main, quien fue electo senador provincial para luego dejar el cargo a la señora de Bahl en medio de un escándalo político, argumentando que sufría de arritmia. Esta dolencia, sin embargo, no lo afectaba para estar junto a Bruffal y compañía.

La investigación periodística y el mecanismo de descuentos

El 18 y el 30 de abril de 2024, este portal publicó dos notas periodísticas que expusieron el funcionamiento de un entramado financiero en Entre Ríos protagonizado por mutuales agrupadas en la Federación Entrerriana de Mutuales (FEDEM).

Estas entidades, con la apariencia de organizaciones de ayuda social, en realidad operan como prestamistas privados que otorgan créditos a trabajadores con tasas usurarias.

La investigación se sustentó en un pedido de informe al IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos). A través de su presidente, el organismo respondió formalmente, amparándose en el derecho de acceso a la información pública, y remitió el expediente administrativo solicitado.

Dicho documento, de carácter público, reveló que las mutuales solicitaban al IOSPER la asignación de números de descuento para debitar las cuotas de los préstamos directamente de los haberes de los trabajadores. El mecanismo utilizado para garantizar el cobro de esos créditos es justamente el sistema de códigos de descuentos, que permite a estas mutuales asegurarse un recupero automático y sin riesgo, con la anuencia del propio Estado.

Entre los códigos actualmente empleados por FEDEM se encuentran:

• Código 153: “Devolución FEDEM”

• Código 368: “Aporte-Cuota FEDEM”

• Código 369: “Descuentos varios FEDEM”

Este esquema se consolidó a partir de un acuerdo transaccional celebrado con el gobierno provincial en octubre de 2021 y homologado judicialmente en mayo de 2022. Esto ha permitido que mutuales integradas por exfuncionarios, políticos y sindicalistas multimillonarios acrecienten su poder económico a costa de los trabajadores.

El Art. 153 del Código Penal: el absurdo jurídico

El artículo 153 del Código Penal es claro: sanciona a quien “abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho (…) que no le esté dirigido” o a quien “publicare el contenido de la carta, escrito o despacho”. En otras palabras, la norma protege la correspondencia privada o comunicaciones personales.

Aquí no hubo cartas, ni telegramas, ni papeles privados. Lo publicado fue información de carácter público, relativa a personas de amplia trayectoria en la función estatal y en la vida política entrerriana, que hoy se enriquecen con negocios que afectan directamente al salario de los empleados públicos.

La investigación periodística se basó en un expediente administrativo oficial y público remitido por las autoridades del IOSPER en ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Es decir, no se trató de correspondencia privada ni de un secreto vulnerado, sino de un acto administrativo oficial, registrado y documentado en la órbita estatal.

Pretender equiparar la labor periodística de investigación y denuncia con la apertura indebida de una carta es, además de un absurdo jurídico, una maniobra de censura encubierta.

Libertad de prensa, acceso a la información y censura

El intento de criminalizar al periodismo con figuras que no corresponden choca de frente con derechos y garantías constitucionales:

• La Constitución Nacional garantiza en su artículo 14 el derecho a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, y en su artículo 32 prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

• El Pacto de San José de Costa Rica (con jerarquía constitucional) protege la libertad de expresión, incluyendo el derecho a investigar y recibir informaciones de interés público.

• Se suma el derecho de acceso a la información pública (Ley Nacional 27.275), que garantiza a los ciudadanos conocer los actos de gobierno y la utilización de recursos públicos, fundamentalmente en relaciones entre el Estado y entidades privadas.

Aquí no se difundieron cartas privadas ni comunicaciones íntimas: se expuso información de interés colectivo sobre el funcionamiento de mutuales que, con aval estatal, endeudan a empleados públicos con tasas usurarias. Los involucrados -exfuncionarios, políticos y sindicalistas- no son ciudadanos anónimos, sino actores públicos cuya actuación tiene impacto social y, por lo tanto, no pueden pretender esconderse detrás de una falsa invocación de privacidad.

Resulta un verdadero despropósito jurídico intentar equiparar una labor de investigación periodística con la apertura indebida de correspondencia privada. El artículo 153 del Código Penal no tiene aplicación alguna en este caso: se trata de una denuncia “a medida”, presentada con el único fin de intimidar y desalentar futuras publicaciones.

El verdadero trasfondo

Lo que debería investigarse, en todo caso, no es a la prensa que informa, sino a quienes han construido un negocio millonario a partir de la vulnerabilidad económica de los trabajadores. El foco judicial debe ponerse en las tasas usurarias, los convenios con el Estado y la responsabilidad de los exfuncionarios que, ayer desde la función pública y hoy desde las mutuales, se enriquecen a costa de los salarios de la ciudadanía.

La denuncia no busca proteger la intimidad de nadie, sino acallar la voz de un medio independiente que reveló cómo las mutuales, con el aval del Estado durante distintas gestiones, se aseguraron un negocio millonario a costa de trabajadores atrapados por intereses abusivos.

La Justicia Federal en Entre Ríos ya tiene un antecedente significativo en la investigación de irregularidades en entidades similares: la Mutual 10 de Abril, administrada por Guillermo Fabián Caino, que fue intervenida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y es objeto de una causa por presunto lavado de activos.
Esta mutual, al igual que las denunciadas por el portal, habría funcionado bajo la fachada de una institución solidaria para operar como una financiera clandestina, prestando dinero con altos intereses. La investigación federal, impulsada por una denuncia que incluso involucró depósitos millonarios en dólares de figuras políticas, busca dilucidar el origen de los fondos y las presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito, lo que subraya la pertinencia del periodismo al exponer el accionar de estos esquemas financieros.

¿Qué es lo que molesta?

La verdadera pregunta es: ¿qué problema hay en que se sepa quiénes son los dueños de estas mutuales? Si son exfuncionarios públicos, ¿acaso no es legítimo que la sociedad sepa cómo hoy utilizan esas estructuras para transformarse en prestamistas de intereses usurarios?

Lo que se busca con esta causa es intimidar, desgastar y frenar futuras investigaciones periodísticas. Se trata de una forma de persecución política y judicial, en defensa de sectores económicos que han consolidado su poder en base a la connivencia con el Estado y el silencio de quienes deberían controlarlos.

El periodismo no violó correspondencia alguna: cumplió con su deber de informar. La verdadera violación es la de los derechos de miles de trabajadores que ven sus sueldos comprometidos por prácticas abusivas, avaladas por quienes ayer ocupaban despachos oficiales y hoy manejan el negocio de las mutuales.