Los videos que provocaron la apertura de la causa “Contratos Truchos II”

La investigación judicial de la denominada «Causa de los Contratos Truchos» en la Legislatura de Entre Ríos atraviesa horas críticas. Mientras las audiencias de remisión a juicio avanzan, la filtración de registros audiovisuales PUBLICADOS EN ESTE PORTAL de las indagatorias a los ex diputados Juan Reynaldo Navarro y Daniel Ruberto, entre otros, han dejado al descubierto una mecánica de corrupción institucionalizada y, fundamentalmente, una cuestionable protección por parte del Ministerio Público Fiscal hacia la cúpula política.

Tanto Navarro como Ruberto admitieron ante los fiscales haber operado como «prestafirmas» de contratos irregulares por pedido expreso de las autoridades de la Cámara de Diputados. Pese a la confesión explícita de haber suscrito documentos que facilitaron una estafa multimillonaria, ambos fueron desestimados de la causa, permaneciendo hasta hoy lejos del banquillo de los acusados.

Juan Reynaldo Navarro, con una trayectoria de dos décadas en el poder (ex intendente de Rosario del Tala, senador y diputado), brindó una declaración ante la fiscalía que roza la desfachatez. Según el video, que respalda su indagatoria, Navarro reconoció haber firmado contratos «de favor» a solicitud de la presidencia de la Cámara.

Lo más alarmante de su confesión es la admisión de una negligencia absoluta: afirmó que no se fijaba en los nombres de los beneficiarios, ni en los montos, ni en si las personas realmente prestaban servicios. Su única función era estampar la firma allí donde la Presidencia de la Cámara se lo indicaba. A cambio de esta docilidad administrativa, el sistema le habilitaba «cupos propios» que Navarro utilizaba para contratar a socios, amigos y familiares.

A pesar de que su accionar coincide milimétricamente con la plataforma fáctica de la estafa investigada, la fiscalía decidió exculparlo. Esta decisión es particularmente llamativa considerando la ostentosa progresión patrimonial de Navarro, que incluye la posesión de caballos de carrera, una actividad que requiere fortunas ajenas a un sueldo legislativo.

El caso de Daniel Ruberto, histórico líder del sindicato de Empleados de Comercio, guarda preocupantes similitudes. En su indagatoria del 18 de febrero de 2019, Ruberto fue confrontado con las acusaciones de Sergio Cardoso (ex Director Administrativo de la Cámara), quien lo señaló como uno de los legisladores que daba directivas para librar contratos falsos.

Ruberto admitió haber suscrito contratos por fuera de su cupo personal por pedido del entonces presidente de la Cámara, Sergio Urribarri. Al igual que Navarro, reconoció no conocer a los titulares de esos contratos extras.

«Reconoció ser un prestafirmas para contratos sobre los cuales no tenía conocimiento ni control, impuestos por otros.»

Los fiscales omitieron preguntas básicas pero determinantes: ¿Por qué consentía esta irregularidad? ¿Qué consecuencias enfrentaría si se negaba a firmar? La respuesta parece hallarse en el «cupo familiar»: Ruberto admitió tener contratada a su propia hija y a un círculo de allegados. La firma de contratos «de favor» para la presidencia habría sido el peaje necesario para mantener los privilegios de su entorno íntimo.

La «Causa Contratos Truchos» parece tener un faltante deliberado: los artífices intelectuales. La fiscalía ha centrado su persecución en los eslabones más débiles, empleados administrativos, «trapitos» y ejecutores de extracciones en cajeros, mientras ignora las confesiones que apuntan a las autoridades máximas.

La omisión fiscal no solo protege a los diputados firmantes, sino que evita escalar la investigación hacia figuras como José Ángel Allende (imputado por enriquecimiento ilícito pero nunca vinculado formalmente a esta estafa), Ángel Giano o Laura Stratta, bajo cuyas gestiones el sistema de contratos y subsidios continuó operando bajo modalidades similares.

El papel de «prestafirma» asumido por estos legisladores no es una falta administrativa menor; es la pieza necesaria para que, durante una década, se realizara una extracción sincronizada y secreta de dineros públicos. Al desestimar estas confesiones, la Justicia entrerriana parece enviar un mensaje de impunidad: en la provincia, la responsabilidad penal se detiene antes de llegar a la mesa del poder político.