El poder político, a través de fuertes operadores políticos y judiciales, estaría ejerciendo una marcada presión para que la causa conocida como «Contratos I» avance y se cierre responsabilizando de forma exclusiva a la línea administrativa y de empleados menores. Sin embargo, los antecedentes y la constante rotación de funcionarios designados a dedo por los propios vicegobernadores echan por tierra la absurda coartada de la «negligencia». El desvío sistemático del 40% del presupuesto legislativo se mantuvo inalterable durante quince años bajo una matriz instalada en las cúpulas. En los pasillos tribunalicios ya trasciende la inminencia de nuevas denuncias por enriquecimiento ilícito contra los máximos responsables de las cámaras debido a un crecimiento patrimonial que resulta imposible de justificar.
En Tribunales y en los despachos políticos de Entre Ríos se libra actualmente una de las batallas más decisivas de la historia judicial de la provincia. El eje de la disputa es el futuro de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, un expediente que investiga el desvío multimillonario de fondos públicos a través de contrataciones ficticias. Hoy, el objetivo primordial de quienes ocuparon las máximas autoridades legislativas es que la Justicia avance rápidamente con el tramo denominado «Contratos I» para que «el hilo se corte por lo más delgado«: los empleados administrativos.
La estrategia defensiva de las exautoridades es unificada. Buscan instalar la narrativa de que todo se trató de una severa «negligencia» o «imprudencia» administrativa. Es decir, pretenden convencer a la Justicia de que, durante más de una década, no se dieron cuenta de que una estructura paralela les estaba robando aproximadamente el 40% del presupuesto de la Legislatura. Sin embargo, la lógica temporal y administrativa de la propia Cámara echa por tierra esta insólita coartada y demuestra que la metodología de saqueo estaba profundamente instalada en la cúpula del poder político.
El argumento de la distracción pierde toda sustancialidad al observar minuciosamente la rotación y el perfil de los funcionarios que comandaron las cajas de la Legislatura entrerriana. En el período 2007-2011, cuando José Lauritto asumió la presidencia del Senado tras haber sido diputado nacional, juez federal e intendente de Concepción del Uruguay, designó como Director General de Administración a Juan Domingo Orabona. Para garantizar un control absoluto, Lauritto colocó como subdirector de administración a Néstor Diez , un hombre de su riñón político en la histórica ciudad uruguayense. Resulta inverosímil que un dirigente de semejante trayectoria judicial y política, secundado en el manejo diario por un funcionario de su extrema confianza personal, pretenda argumentar que no se percató de que en sus narices se esfumaba el 40% del presupuesto de la Cámara Alta a través de un decreto que él mismo firmó en 2008.
Esta aceitada maquinaria de desvío de fondos públicos no se detuvo cuando cambiaron los nombres de la gestión. Entre 2011 y 2015, bajo la vicegobernación de José Cáceres, Orabona y Dietz dejaron sus puestos para dar lugar al contador Jorge Fabián Lázaro en la Dirección de Administración del Senado, mientras que en Diputados operaban Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada. En el recambio siguiente, de 2015 a 2019, durante la presidencia del Senado a cargo de Adán Humberto Bahl, la dirección general de la administración legislativa quedó bajo la responsabilidad del contador Gustavo Pérez. Como subdirector se desempeñó Maximiliano Argento y en el rol de tesorero se ubicó Emanuel Redondo, todos bajo la estricta coordinación de Andrea Zoff, quien oficiaba como secretaria coordinadora antes de convertirse en viceintendenta de Paraná y actual diputada nacional. La hipótesis del «engaño de los empleados» se desmorona por completo: ¿cómo es posible que a Bahl, siendo contador público, exministro de Gobierno y con un equipo de profesionales de su máxima intimidad controlando la tesorería y la subdirección, también se le haya evaporado idéntico porcentaje presupuestario? La metodología ya estaba institucionalizada por el poder político y continuó inalterable bajo la posterior gestión de Laura Stratta al designar como Director Administrativo a Jorge Raúl María Otegui, oriundo de Victoria, y luego, al final su mandato como Vicegobernadora, lo hace designar a Otegui en la Fiscalía N° 6 del Tribunal de Cuentas la Provincia, que tiene la responsabilidad de auditar las contrataciones y gastos del Senado, o sea que de un día para el otro Otegui pasó de ser el responsable de las contrataciones y gastos realizados por Stratta a ser el auditor de esos trámites administrativos, una verdadera burla a la sociedad y que los fiscales teniendo estas pruebas apunten hacia otro lado.
Hoy, la enorme preocupación que recorre los despachos del poder tradicional de la provincia de sentirse rehenes del Ministerio Público Fiscal ha desencadenado una fuerte embestida operativa y judicial. Exmandatarios y legisladores de diversas gestiones presionan para limitar el daño legal al primer tramo de la causa, pretendiendo que la culpabilidad recaiga en los empleados de planta, los ordenanzas que sirven el café o «el trapito de la cuadra». El temor de la cúpula no es infundado: en el ámbito tribunalicio trascendió con fuerza que ya se preparan denuncias por enriquecimiento ilícito contra los principales imputados de la causa «Contratos II», apuntando directamente al desproporcionado incremento de sus patrimonios particulares. El antecedente más inmediato es el del exsenador por La Paz, Aldo Ballestena, quien firmaba las contrataciones de la gestión de Bahl y ya arrastra una investigación formal por un patrimonio millonario que no puede justificar. Si las pericias contables avanzan sobre las máximas autoridades de las cámaras en lugar de frenarse en la línea administrativa, la caída de las estructuras de poder en Entre Ríos promete ribetes verdaderamente escandalosos.
El interrogante que se plantea en el seno de la investigación es lapidario: ¿Cómo es posible que una supuesta banda de empleados infieles haya mantenido una misma maniobra de sustracción del 40% del presupuesto si los directores administrativos, designados directamente por las autoridades de la Cámara, cambiaban cada cuatro años? La respuesta evidencia que los empleados no eran los arquitectos de la estafa, sino los ejecutores de una orden superior. Venía una gestión, se iba, asumía una nueva con distintos administradores, y la caja seguía siendo vaciada exactamente con la misma modalidad.
Este modus operandi sistémico quedó al descubierto no solo por la continuidad del desfalco, sino por las propias confesiones de los legisladores en el marco de la investigación del Ministerio Público Fiscal. Diputados y senadores como Navarro, Ruberto y Darrichón han reconocido en sus declaraciones la existencia de estos 700 contratos que la Justicia investiga como irregulares. Las testimoniales y los videos de las audiencias son contundentes: los legisladores admitieron que firmaban contratos a pedido de los presidentes de las Cámaras, a favor de personas que no conocían y que jamás prestaron servicios en la Legislatura. La lógica interna era de un reparto de cupos; reconocían tener unos diez contratados propios que sí conocían («diez para mí»), pero firmaban veinte, treinta o hasta cien contratos ajenos, en blanco, para alimentar la maquinaria de recaudación avalada desde arriba.
El marco normativo que facilitó esta sangría de fondos públicos tuvo su punto de partida en un decreto firmado por el entonces vicegobernador José Lauritto en el año 2008. Esa resolución fue la piedra angular de un sistema que se siguió implementando, gestión tras gestión, hasta el año 2023. La posta pasó del Senado presidido por Lauritto a las gestiones de José Cáceres, Adán Bahl y Laura Stratta. En la Cámara de Diputados, el esquema fue idéntico, traspasándose el poder desde José Allende a Sergio Urribarri y posteriormente a Ángel Giano. En la Cámara Baja, el encubrimiento llegó a ribetes escandalosos: las pruebas documentales correspondientes al período 2008-2011 desaparecieron misteriosamente o fueron quemadas.
Resulta un foco de controversia la decisión temporal que adoptó la Justicia en su momento al recortar el período de investigación estrictamente entre 2008 y 2018. Existen indicios contundentes de que la metodología fraudulenta continuó de forma ininterrumpida cinco años más, hasta 2023. El inexplicable tope temporal fijado por los fiscales benefició de facto a las últimas gestiones, limitando el daño judicial.
Hoy, la urgencia de los expresidentes de ambas Cámaras por acelerar la causa «Contratos I» tiene una motivación clara y económica. Al reducir el megafraude a un acto de «negligencia» y responsabilizar a las líneas inferiores, las autoridades que comandaron la provincia evitan el escrutinio judicial sobre lo más sensible de la trama: sus propios patrimonios. Si la Justicia acepta que los vicegobernadores y presidentes de la Cámara fueron simples funcionarios imprudentes y distraídos a los que les robaron el 40% del presupuesto en sus narices de forma continuada, el hilo investigativo se cortará abruptamente, garantizando la impunidad de las cúpulas y ocultando el verdadero destino de los fondos sustraídos durante quince años ininterrumpidos.