La omisión fundamental del Juez Moia en el Amparo contra Vivas y IAFAS: El Art. 11º de la Ley de Creación del organismo

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El Instituto y su presidente incumplieron con el deber de brindar información pública guardando silencio ante el requerimiento, el magistrado reconoció la existencia del derecho vulnerado, sin embargo, omitiendo la aplicación de la Ley 5144, blindó al funcionario, rechazando parcialmente la acción

Recientemente, este Portal, bajo el título “Grave retroceso: La sentencia que reconoce un derecho vulnerado pero no lo restablece, que “blinda” al presidente del IAFAS y restringe el acceso a la información pública”, daba a conocer la sentencia del juez civil y comercial Nº9, Dr. Ángel Luis Moia en la primera instancia del juicio de amparo iniciado contra el Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (IAFAS) y su presidente, el contador Silvio Orestes Vivas.

Un fallo tachado de arbitrario e ilegitimo que desconoció groseramente el artículo 44 de la Constitución Provincial  que garantiza el derecho a la información pública que le asiste a los ciudadanos, como tampoco el artículo 1 de la ley 8369. Importantes precedentes de la sala penal y de procedimiento constitucionales del Superior Tribunal de Justicia, el decreto reglamentario 1169/05, como también omitiendo la fundamentación en cuestiones fundamentales.

Una sentencia llamativa, que por un lado, reconoce la vulneración del derecho, pero que no lo restablece y por el otro, blinda al presidente del IAFAS, evitando responsabilizar al mismo por haberse negado a brindar la información pública.

Ambos extremos, constituyen los dos agravios fundamentales de la amparista que apeló el fallo y ahora se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia a la espera, luego el dictamen del Ministerio Publico Fiscal, de una sentencia que acoja en su totalidad la acción intentada.

Fueron los abogados de Vivas, los doctores Enrique Trillo y Fernando Ballesteros, ambos funcionarios en el organismo, que actuaron como patrocinates del presidente y, a su vez, como representantes del IAFAS, quienes fundaron la falta de legitimación pasiva de la autoridad máxima del Instituto.

Argumentos que fueron receptados por el juez Moia al sentenciar,  aunque, como se digo, desconociendo u omitiendo aplicar el derecho vigente compuesto por la normativa y jurisprudencia.

Pero fue sin dudas la no aplicación de la ley 5144 de creación del IAFAS, la omisión más notorio y manifiesta del sentenciaste.

La norma mencionada data del 28/06/1972 entrando en vigencia el 1º de agosto durante el gobierno inconstitucional del Brigadier Ricardo Favre, mas allá de dicha calificación es la que esta, con varias modificaciones posteriores, vigente.

Una ley que, a lo mejor por el año de su sanción, no figura en los sitios webs oficiales de la Legislatura, como tampoco en la del gobierno provincial e incluso del propio IAFAS, llamado poderosamente la atención este último dato.

Más allá de esto, y luego de varias idas y venidas a la Legislatura, este Portal accedió a la ley de creación del IAFAS, siendo incontrovertible su letra en cuanto a la legitimación pasiva del presidente, poniendo de manifiesto el yerro del Dr. Moia en su fallo.

El artículo 11º de la ley expresamente establece “El Directorio tendrá las siguientes funciones: ….c) Ejercer la representación legal del Instituto por intermedio de su Presidente en sus relaciones con terceros y con los Poderes Públicos…”.

Inciso ya de por si claro, que no necesita mayor interpretación, esto es, en el caso que nos ocupa:  el presidente Vivas es el representante legal del IAFAS frente a terceros.

Pero por si se necesita mayor claridad el inciso d) la otorga aún más, estableciendo como función del Directorio: “…ejercer las acciones legales y defensas que correspondan al Instituto como actor o demandado pudiendo transigir judicial o extrajudicialmente…”.

Artículo que necesariamente debe relacionarse con el 8º, el cual indica que el IAFAS “…estará presidido por un Directorio compuesto por un Presidente y dos directores, los que serán designados por el Poder Ejecutivo…” Este articulo también modificado en cuanto a la forma de designación del director obrero.

La ley es clara, el directorio, esto es, su presidente o los directores, no solo que pueden ser llevados a juicio sino que tienen expresamente esa función, tanto para iniciar una acción judicial  como repeler la misma.

Sin embargo, y a pesar de la normativa, la cual no solo no es reseñada por el magistrado, el mismo se aparta la letra de la ley, sosteniendo en los considerando de su sentencia “…Como cuestión preliminar, a partir del tenor de la pretensión, debe analizarse la legitimación de los accionados. Es claro que el requerimiento de información pública apunta a que los organismos estatales provean la información requerida, según las normas reglamentarias vigentes. Ahora bien, la inclusión del Presidente del I.A.F.A.S. en la relación procesal resulta inadecuada, ya que de modo personal el mismo no podría concretar el pedido realizado al Instituto. La distinción entre el funcionario y el órgano justifica en este punto el rechazo de la acción de amparo en su contra….”, como se ve, sin ahondar en ningún tipo de justificación.

Una manifiesta y notoria omisión del Juez Moia que benefició judicialmente al Cr. Vivas, que ahora deberá ser resulta, tras la apelación, por los el máximo órgano de Justicia de la Provincia,  luego de que el Ministerio Publico Fiscal se expida.

Un amparo que pretende el restablecimiento del derecho vulnerado tanto por el organismo como por su presidente, a quien se le dirigió el pedido de acceso a la información pública, por el irregular y cuantioso beneficio millonario  que se le otorgó a la firma Casino Victoria S.A. de propiedad del Daniel Mautone.

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1 comentario

silvia 1 junio, 2019 at 9:41 pm

“De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto”.

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