Millones y millones de pesos del erario provincial se destinan a contratar una agencia para perseguir a los medios de comunicación.
En medio de los numerosos escándalos que perjudican al gobierno provincial, como el del vacunatorio vip, la deuda de 500 millones de dólares, los desmanejos en el Iosper, en la Caja de Jubilaciones, en Vialidad y otros, se dio a conocer una denuncia por supuestos hechos de espionaje.
En realidad, lo que no se dice es que la filtración a los medios de los hechos en cuestión fue producto de una interna política en Concordia, aunque hoy el gobierno provincial busca desviar la atención de los escándalos que preocupan a la población.
Lo que tampoco menciona el oficialismo entrerriano es que el propio gobierno cuenta con una importante red de espionaje, que le cuesta a los entrerrianos millones de pesos.
El objetivo es el de controlar y perseguir a los medios de comunicación, especialmente aquellos que tienen una línea editorial de crítica y denuncia sobre los hechos de corrupción que salen a la luz a pesar de que se busque taparlos.
Uno de los “espías” más importantes de esta red es una consultora llamada Agencia Textual, a la cual se le pagan varios millones de pesos para hacer un seguimiento de los medios de comunicación.
En agosto del año pasado, apenas un mes después de que se aprobara la Ley de Emergencia en la Legislatura provincial, bajo el argumento de que el Estado no tenía dinero para funcionar normalmente, se llamó a una licitación para poner al servicio de la red de espionaje.
El objetivo era “contratar un sistema de inteligencia y monitoreo de noticias sobre la imagen del gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por el término de 12 meses con opción de prórroga”, según lo publicado en el Boletín Oficial del lunes 3 de agosto de 2020.
Otra licitación violando la ley de Emergencia: casi 2 millones para seguir persiguiendo a la prensa
El pliego de condiciones particulares de la licitación pública N° 11/20 estipula que el monto aproximado de la inversión es de 1.776.000 pesos, un millón setecientos setenta y seis mil pesos para “monitorear” la imagen de esta gestión.
Aunque no se denuncia ni se publicita, este tipo de “monitoreo” se viene realizando desde la primera gestión de Gustavo Bordet al frente de la provincia.
Es más, el 4 de junio de 2018 diputados de la oposición enviaron un pedido de informes al Ejecutivo Provincial para conocer detalles acerca del llamado a licitación Pública Nº 07/18, que también buscaba contratar un “sistema de monitoreo de medios de comunicación sobre la imagen del Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y asuntos que involucren directa o indirectamente, tanto a la administración central como a los entes descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado”.
Sin embargo, como suele hacer este gobierno cuando se habla de información pública, el pedido de informes no fue respondido y la gestión terminó con esa deuda pendiente.
La evidencia más contundente de que existe una red de espionaje sobre los medios de comunicación es que la vicegobernadora Laura Stratta presentó como prueba en un juicio una grabación de un programa producido por el periodista Ricardo David, aunque nunca fue solicitada a este medio.
Esta red de espionaje, que les cuesta a los entrerrianos millones de pesos tiene como objetivo perseguir, demonizar, atacar, a los medios de comunicación que se encargan de difundir lo que el gobierno provincial no quiere que se conozca: los hechos de corrupción e irregularidades que suelen registrarse en esta administración.
Por mencionar algunos, los hechos que el gobierno niega y pretende mantener en las sombras son el vacunatorio vip provincial, el paradero desconocido de los 500 millones de dólares de la deuda, la crisis del Iosper, el déficit de la Caja de Jubilaciones, la corrupción y las coimas en Vialidad provincial, el audio de una diputada que habla de senadores y funcionarios que “roban para la corona”, entre otros.
Cuando estas irregularidades salen a la luz, esta gestión busca desviar la atención hacia otros temas.
En esta oportunidad, encontró la veta en un supuesto espionaje del gobierno de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio, aunque en realidad se trataba de un hecho que fue producto de una interna política.
Sobre el espionaje legal que ejerce el gobierno provincial hay solamente silencio.
2 comentarios
Pero claaaaarooo se asusta el mierto del desgollado, tomatela Gustavito
Por la candidatura de Frigerio…salieron con el tema espionaje