Con la llamativa ausencia de vicegobernadores, diputados, senadores y presidentes primero, se eleva a juicio la causa de los contratos truchos

El modus operandi es similar al utilizado en el ministerio de Desarrollo Social para otorgar subsidios a personas fallecidas.

El Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la causa de los contratos supuestamente truchos en la Legislatura entrerriana, que cuenta con 32 imputados.

Llamativamente, todos son empleados y entre quienes deberán afrontar el juicio no se encuentran ni vicegobernadores, ni diputados, senadores o vicepresidentes primero de las Cámaras durante los periodos investigados.

La ausencia de estos llama la atención porque sin su autorización es imposible celebrar los contratos en la Legislatura.
La investigación abarcó el período comprendido entre los años 2008 y 2018, es decir, las presidencias del Senado de José Lauritto (entre 2007 y 2011), José Cáceres (2011-2015), y Adán Bahl (2015-2019).

En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a juicio, previa realización de la audiencia”.

La petición fue elevada a la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.

El pedido de remisión a juicio sobreviene tras la finalización de la pericia contable. Luego de más de año de trabajo, los peritos concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana. Esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio que se habría producido al Estado provincial: $1.111.871.715, a valores del mes de marzo.

A fines de 2019, fue nombrada para realizar la pericia contable la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del alto cuerpo, designada por el vocal de esa sala, Martín Carbonell.

Se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a $372.924.249,00. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.

Lo llamativo de la elevación a juicio es que no aparecen entre los imputados los vicegobernadores, vicepresidentes primeros de la Cámara y senadores y diputados, que en definitiva son quienes autorizan la celebración de un contrato.

Se piden penas que van desde los 3 a los 18 años de prisión para 32 personas que son empleados de la Cámara, con diferentes rangos.

En los argumentos para la elevación a juicio, los fiscales no explican por qué se exime de la causa a quienes autorizaban la celebración de los contratos, ya que sin su firma estos no podrían aprobarse.

El modus operandi es similar al de los subsidios a personas fallecidas que otorgaba el ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de la hoy vicegobernadora, Laura Stratta.

En uno de los casos eran contratos y en el otro eran subsidios, pero en las dos modalidades el beneficiario era una persona inexistente o que no sabía que tenía el beneficio (del contrato o del subsidio) a su favor, por lo que este era cobrado por otra persona.

En el caso de la Legislatura eran varias personas, mientras que en Desarrollo Social sería Joaquín Oñativia quien los cobraba, según quedó registrado en los cajeros del Banco Bersa.

Se equivocó de ventanilla: ¿Laura Stratta se autodenunció ante Fiscalía de Estado por las irregularidades con los subsidios?

En cuanto a los contratos de la Legislatura, queda por saber qué penas o absoluciones determina el juicio, pero los grandes ausentes de la causa son los principales responsables: vicegobernadores, vicepresidentes primero, diputados y senadores.