Los «Contratos no tan Truchos»: cómo el Poder Legislativo institucionalizó el desvío del 40% de su presupuesto

La investigación judicial conocida como «Contratos Truchos» (I y II) ha dejado de ser un simple caso de corrupción administrativa para revelarse como una verdadera «Matrix» de saqueo institucionalizado.

Mientras la justicia intenta avanzar sobre el segundo tramo de la causa, nuevos documentos, entre ellos el emblemático Decreto 123, que fija las responsabilidades en este tipo de contrataciones políticas, y testimonios claves, exponen un mecanismo de sustracción que no fue obra de «perejiles», sino una política de estado legislativa diseñada y ejecutada por las máximas jerarquías políticas de Entre Ríos durante casi dos décadas. Marcos R. Allende defenderá a Bahl y Cáceres, Leopoldo Lambruschini a Lauritto y José Allende, y Cullen sería el defensor de Urribarri.

La defensa de los implicados en la causa de los contratos legislativos revela un entramado de intereses que mezcla la política de alto vuelo con los pasillos de la justicia entrerriana. Por un lado, el actual senador Adán Bahl y el dirigente José Cáceres serán representados por un abogado de estrecho vínculo con el poder político y, fundamentalmente, con el jefe de los fiscales, Jorge García. Esta relación es un dato insoslayable en el ámbito judicial local, dadas las implicancias procesales que conlleva.

Por otro lado, figuras de peso como Eduardo Lauritto y José Allende han optado por una defensa de corte técnico bajo el patrocinio del abogado Leopoldo Lambruschini, quien ya se desempeña como defensor en la primera etapa de la causa (Contratos I). En la misma línea técnica, el exgobernador Sergio Urribarri sería representado por Miguel Cullen, otro profesional con participación activa en Contratos I.

Esta elección de abogados plantea un interrogante central y contradictorio para las defensas: ¿Quiénes son, en definitiva, los responsables? Existe una incoherencia táctica. Los abogados Lambruschini y Cullen están sentados en dos sillas que se prenden fuego al mismo tiempo: en una defienden a los que «sacaban la plata» y en la otra a los que «firmaban los contratos». Esta dualidad obliga a los defensores a una pirueta jurídica: decidir si la culpa reside en los ejecutores de la maniobra de extracción de dinero, o en los funcionarios que con su firma y autoridad permitieron que el desvío de fondos fuera posible. Tarde o temprano, para salvar a un grupo, van a tener que entregar al otro.

Todo comenzó con un trazo de lapicera el 28 de diciembre de 2007. Apenas ocho días después de haber asumido como vicegobernador y presidente del Senado, José Eduardo Laurito firmó el Decreto Nº 123 H.C.S. (Honorable Cámara de Senadores). Este documento, que hoy es la piedra angular del Legajo N° 305.361 (Contratos Truchos II), no fue una simple medida administrativa que fijó responsabilidades en las contrataciones de personal temporario; sino que fue el manual de instrucciones para el desvío de fondos.

El decreto facultaba explícitamente en su Artículo 3º al vicegobernador, al presidente de la Cámara, a los vicepresidentes primero y segundo, y a los senadores, para «formular solicitudes de contratación». Según el circuito administrativo revelado en la «Presentación Espontánea» de directivos como Sergio Cardoso (ex Director de Administración de Diputados) y Juan Domingo Orabona (Senado), no podían hacer nada sin el conocimiento ni el control del Presidente del Senado ni de Diputados:

1. Cada legislador recibía un «cupo» o presupuesto (que hoy equivaldría a entre 15 y 20 millones de pesos mensuales).

2. El legislador entregaba una lista de nombres con sus respectivos currículums y datos de monotributo al área de contrataciones.

3. Los contratos aprobados por el Presidente del Senado o el Vicepresidente, se redactaban internamente, eran firmados por el legislador y el «contratado», y luego el área administrativa, bajo órdenes superiores, efectuaba los pagos.

El dinero no iba a parar a los servicios de los contratados. En la mayoría de los casos, estas personas apenas percibían una ínfima parte o nada, mientras que el grueso de los fondos retornaba a una organización dedicada a la sustracción de dinero público.

NINGUNO de los PRINCIPALES IMPUTADOS EN LA CAUSA «CONTRATOS TRUCHOS I» MEJORÓ SU CONDICIÓN ECONÓMICA, a pesar de que durante años manipularon millones y millones de pesos. Eran pobres, y siguieron siendo pobres. A dónde fue ese dinero?

Uno de los capítulos más indignantes de esta trama lo protagoniza José Ángel Allende, ex diputado y titular de UPCN. En una entrevista reciente que generó un fuerte repudio social, Allende minimizó la gravedad de las acusaciones:

«Es una risa. Yo tengo 20 años de diputado y a mí no me encontraron ni un contrato trucho, ni uno. Me río porque esto es una multa», afirmó con tono burlón.

El razonamiento de Allende es perversamente lógico dentro del sistema: los contratos no son «truchos» porque fueron autorizados legalmente por las autoridades de la Cámara, pasaron por administración y se pagaron con fondos públicos. La «falsedad» no está en el papel, sino en la prestación inexistente y el destino del dinero. Allende sostiene que su única responsabilidad sería una «negligencia administrativa» por no controlar si el empleado iba a trabajar, comparándolo con el gobernador y sus miles de empleados.

Sin embargo, su patrimonio cuenta otra historia. Allende, quien se declaró culpable de enriquecimiento ilícito para intentar un juicio abreviado (rechazado por el juez Canepa por ser «vergonzoso»), ofreció devolver propiedades por 1.300.000 dólares (más de 2.000 millones de pesos actuales). ¿Cómo puede un ex funcionario ofrecer devolver una cifra astronómica y pretender que creamos que su pecado fue solo «no controlar»? El patrimonio involucrado grita que hubo dolo, hubo plan y hubo enriquecimiento.

El inventario de la opulencia de Allende incluye:

• Departamentos en calle Cervantes y Santiago del Estero (Paraná).

• Una fastuosa casa en el Parque, vendida sugestivamente a los hermanos Tortul (empresarios contratistas del Estado implicados en la causa SECURITAS).

• Campos y haras en Nogoyá, caballos de carrera

• Dos yates. Propietario del equivalente a una manzana en una isla frente a Paraná.

• Propiedades en Buenos Aires (CABA), cuatro departamentos en el conocido como «edificio fantasma», en Santiago del Estero y Tejeiro Martínez.

Resulta inverosímil que tal patrimonio se haya construido sobre la base de su actividad como diputado con un sueldo que al día de hoy no supera los 7 millones de pesos, o representante de UPCN. Además, la familia de Allende, su esposa, la ex esposa, sus hijos, también están implicados teniendo fastuosos bienes a su nombre, IMPOSIBLE DE JUSTIFICAR. Pero es un tema que la Justicia entrerriana viene peloteando hace 20 años a pesar de las evidencias y la CONFESIÓN de Allende reconociendo el enriquecimiento ilícito.

La estrategia de la clase política entrerriana es ahora refugiarse en el Artículo 262 del Código Penal, que reprime con una simple multa (del 20% al 60% de lo sustraído) al funcionario que por «imprudencia o negligencia» diere ocasión a que otra persona sustraiga caudales.

Pero las cifras desmienten la negligencia. Se estima que se sustrajo el 40% del presupuesto legislativo anual según el primer hecho desde 2008 hasta 2023. Estamos hablando de aproximadamente 53 millones de dólares.

• Contratos I: enfocado en la Cámara de Diputados bajo presidencias como la de Allende y el desvío a través de «perejiles» como Flavia Beckman y Hugo Mena etc etc.

• Contratos II : apunta a las autoridades del Senado (Laurito, Cáceres, Bahl, Bellestena.) y a la de Diputados (Allende, Urribarri) incorporando documentación, entrevistas y pruebas de Contratos l, más pruebas a producir lo que se podría transformar en una asociación ilícita . Esta modalidad no paró en 2018, tuvo continuidad del sistema bajo las gestiones de Ángel Giano (Diputados) y Laura Stratta (Senado), donde se asegura que la cantidad de contratados se incrementó entre un 40% y 50% incluso después de estallar el escándalo. Giano y Stratta se ganaron el mote del Rey y la Reina de los Contratos. Además, Laura Stratta se consagró como la Protectora del Secreto de los Contratos, ya que su principal política, acordada con los Senadores, era NO REVELAR el contenido de los Contratos, ni montos, ni beneficiarios. Hizo un culto del ocultamiento de datos que son públicos.

¿Cómo se le puede explicar a la gente que un presidente de Cámara «no vea» que se le escapa casi la mitad de su presupuesto anual frente a sus narices? No fueron «cinco biromes y diez resmas de papel»; fue el robo más grande en la historia de la provincia.

Aunque Bahl, Allende, Laurito, Cáceres y Urribarri pretenden arreglar todo con una simple multa, para los entendidos la cosa no es tan sencilla, porque para la causa CONTRATOS ll se agregaron todas las pruebas y entrevistas de la causa CONTRATOS l, y con la presentación de nuevas pruebas a producir la situación de los ex autoridades se puede agravar a lo largo de la investigación y transformarse en asociación ilícita. La justicia se encuentra en una encrucijada de credibilidad. Hasta ahora, la tendencia ha sido aplicar la «Teoría del Encapsulamiento»: cargar las tintas sobre los eslabones más débiles, Beckman, Mena y funcionarios administrativos sin poder de decisión en la autorización de las contrataciones, mientras los verdaderos responsables políticos permanecen a resguardo.

Los testimonios de Cardoso y Orabona son lapidarios: ellos eran fusibles administrativos que seguían órdenes directas de la Presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Si no hubiera nombres enviados por los legisladores, no habría contrato. Si no hubiera contrato firmado por la autoridad máxima, no habría pagos.

En Entre Ríos, durante casi dos décadas, el robo de caudales públicos no fue una anomalía del sistema, fue el sistema mismo. La investigación de la causa «Contratos» ha dejado de ser una crónica policial de tarjetas de débito y cajeros automáticos para transformarse en la radiografía de una estafa institucional diseñada desde la cúspide del poder. La sociedad entrerriana no merece que la causa termine en una multa simbólica que los acusados pagarían con el mismo dinero sustraído. La condena social ya está firme, pero aún falta ver si la justicia tendrá la voluntad de romper el «techo de cristal» que protege al firmante del Decreto 123 y a sus sucesores.
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