El Ministerio Público Fiscal puso la mirada sobre las declaraciones juradas del jefe de Gabinete. Ordenó peritajes al ARCA, ANSES y a la plataforma Lemon Cash, además de requerir un rastreo de sus declaraciones públicas sobre inversiones en Bitcoin y los papeles de la sucesión de su padre.
La investigación judicial que examina la evolución patrimonial de Manuel Adorni sumó un capítulo de fuerte presión operativa. El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso un exhaustivo despliegue de medidas de prueba orientadas a contrastar las recientes rectificaciones en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y las justificaciones que el funcionario ofreció ante la opinión pública sobre el origen de sus bienes.
En el centro de las exigencias, el fiscal le otorgó un plazo perentorio de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que precise si Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones originales o rectificativas en los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025, exigiendo su envío inmediato. Todo este material será absorbido por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para profundizar el análisis técnico de los números del funcionario.
Uno de los puntos más complejos de la pesquisa gira en torno a los activos digitales. Pollicita le encomendó a la DAFI la confección de un informe técnico detallado sobre la fluctuación histórica de la cotización del Bitcoin desde el año 2013 hasta el presente. El objetivo es establecer un parámetro financiero preciso que permita evaluar los movimientos de las criptomonedas declaradas por el entorno de Adorni.
En sintonía con esta línea, el Ministerio Público Fiscal avanzó sobre la firma de activos virtuales Lemon Cash. Tras constatar en el expediente que el jefe de Gabinete abrió una cuenta en esa plataforma en diciembre de 2020, el fiscal decidió ampliar los requerimientos informativos hacia la empresa para reconstruir cronológicamente el flujo de fondos desde el momento de la apertura de dicho usuario.
Para cruzar los ingresos formales con el crecimiento real de los bienes de la pareja, la fiscalía le exigió a la ANSES la remisión de la historia laboral completa de Adorni y su esposa desde 2012 a la fecha. El requerimiento abarca:
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Nómina de empleadores registrados.
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Fechas exactas de altas y bajas laborales.
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Remuneraciones percibidas y aportes previsionales efectuados.
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Registros de actividades autónomas o bajo el régimen de monotributo.
Por otra parte, la Justicia busca verificar la veracidad de la justificación pública de Adorni, quien atribuyó una porción de sus bienes a un legado familiar. Ante esto, Pollicita libró un oficio al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata para hacerse con el expediente sucesorio de su padre, Jorge Adorni. La fiscalía demandó conocer el listado de bienes denunciados, tenencias de dinero en efectivo, cuentas bancarias, divisas extranjeras, títulos, y si existieron transferencias patrimoniales o cesiones de derechos hereditarios.
Finalmente, la investigación sumará el apoyo de la División Antifraude de la Policía Federal. El cuerpo policial tendrá la tarea de ejecutar un relevamiento exhaustivo en internet, redes sociales, archivos periodísticos, entrevistas radiales, televisivas y podcasts desde 2013 en adelante. El propósito de este archivo documental es detectar cada manifestación pública realizada por el funcionario respecto a su trayectoria laboral, inversiones financieras y manejo de billeteras virtuales, para evaluar si sus dichos públicos se contradicen con los balances presentados formalmente ante las oficinas de control del Estado.