El arte de «lavarse las manos»: el escudo de Bahl, el Poncio Pilatos de los Contratos Truchos

La causa de los Contratos Truchos es una verdadera «Matrix» del saqueo, donde millones de dólares desaparecieron. En esta historia, el gran protagonista del deslinde es Adán Bahl. Su estrategia frente a la justicia ha sido tan simple como efectiva: «yo no firmé». Para lograr esto, se apoyó en el famoso Decreto 123, una herencia de la gestión de Eduardo Lauritto que permitía que el vicepresidente primero del Senado pusiera el gancho en las contrataciones. Además, entre los 70 Contratos que se le endilgan, hay nombres que sobresalen, como el de la esposa del que era Pro Secretario de la Cámara de Senadores, y también se menciona que en los contratos hay firmas falsificadas.

Desde que el escándalo estalló en septiembre de 2018, tras la detención de personas retirando sumas millonarias de cajeros automáticos, Adan Bahl, en su afán de despegarse del caso de los Contratos Truchos, apuntó directamente contra Aldo Bellestena, dejándolo como el único responsable legal. Pero aquí es donde la lógica se choca con la realidad: se comenta en los pasillos legislativos que existía una regla no escrita, el «85/15». De cada 100 contratos, 85 eran para «la caja» del jefe y 15 para quien prestaba la firma.

En el ámbito judicial y político surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que un dirigente de perfil técnico, contador de profesión, exministro de Gobierno y titular del cuerpo, desconociera que en un Senado donde apenas trabajan 25 personas físicamente, se drenaban presupuestos millonarios para sostener a 70 contratados que nunca prestaron servicio?

Quienes conocen la dinámica de poder del exintendente de Paraná aseguran que «el Beto si no autorizaba, no salía nada sin su consentimiento previo». La teoría de que Ballestena actuó con autonomía para firmar 70 contratos, que más abajo se detallan los nombres, bajo una supuesta regla de reparto político de «85% para la estructura central y 15% para el firmante», choca con el rigor administrativo que Bahl siempre pregonó.

Al asumir el 10 de diciembre de 2015, Bahl mantuvo vigentes estos contratos hasta que el escándalo se hizo público en 2018. Solo entonces se ordenó un sumario administrativo y se pidió la intervención de la justicia para declarar las nulidades. Para los fiscales y el común de la gente por lo menos para estos últimos , resulta llamativo que durante casi tres años no se detectara el desvío de millones de dólares hacia una nómina de personal inexistente.

Pero si algo le faltaba a este guion de estafa de película era el drama familiar. Entre los nombres de la lista de contratos bajo sospecha, resalta el nombre de Fabiola Soraya Claret. Ella no es cualquier persona; es la esposa de Leonardo «Nano» Centurión, un hombre que fue pieza clave en el engranaje del Senado durante años, incluso bajo la gestión de Laura Stratta.

Lo escandaloso aquí es que, según trascendió, Fabiola habría estado contratada desde el año 2003 sin saberlo. Le habrían falsificaron la firma durante años para cobrar un dinero que ella nunca habría visto. Las sospechas apuntan a que su propio entorno pudo haber facilitado su identidad para alimentar este sistema de recaudación. Esta metodología de «contratados fantasma» que ni siquiera sabían que tenían un sueldo asignado fue, según la investigación, una práctica constante para desviar fondos sin levantar sospechas.

Lo más preocupante es que el escándalo de 2018 no parece haber frenado la maquinaria. Se asegura que bajo la gestión de Laura Stratta, apodada por algunos como la «Protectora del Secreto» porque su negativa a difundir los manejos del Senado que presidía , el sistema no solo continuó, sino que se volvió más hermético. Los contratos se habrían incrementado entre un 40% y un 50%, manteniendo a figuras como Centurión en lugares estratégicos para asegurar que la «maquinita» de facturar no se detuviera.

Hoy, la clase política entrerriana, con nombres como José Ángel Allende, Eduardo Lauritto, José Cáceres y Sergio Urribarri, busca un refugio legal cómodo: la «negligencia». Quieren convencer a todos de que el desvío de 53 millones de dólares (casi la mitad del presupuesto del Senado) fue un descuido, una simple falta de control que se arregla pagando una multa.

La estrategia de Adán Bahl en la causa de los contratos truchos se resume en un intento deliberado de trasladar toda la carga legal y penal hacia la figura de Aldo Bellestena. Al ampararse en el Decreto 123, Bahl pretende convencer a la justicia de que su firma no figura en los documentos y que, por lo tanto, la «maquinita» de recaudación funcionó bajo la exclusiva órbita y responsabilidad del vicepresidente primero. Sin embargo, este intento de deslinde choca de frente con la lógica política y profesional: resulta inverosímil que un contador experto y jefe máximo del Senado desconociera el desvío de millones de dólares y la existencia de 70 contratados fantasma en un recinto donde todos se conocen. En última instancia, lo que Bahl presenta como una falta de competencia administrativa de su subordinado, aparece ante la sociedad como un esquema de impunidad diseñado para que el hilo siempre se corte por lo más delgado, protegiendo la estructura jerárquica del saqueo.

CONTRATADOS DE LA CÁMARA DE SENADORES DE ENTRE RÍOS