La sospechosa entrega del control del juego entrerriano a Telinfor Online SA, firma comandada por Carlos Banfi, un operador del mercado financiero global y de criptoactivos, expone una flagrante violación a las normativas del Banco Central (BCRA) diseñadas específicamente para prevenir el lavado de dinero. Ante esta absoluta inacción y la preocupante falta de controles por parte de los funcionarios del IAFAS, quienes una vez más parecen priorizar los pactos de oficina por sobre los intereses de los entrerrianos, el organismo estatal se encuentra acorralado y obligado a brindar una urgente aclaración pública a toda la ciudadanía.
El nuevo jugador que avanzó sobre el tablero del juego entrerriano posee un perfil corporativo que debió haber encendido de inmediato todas las alarmas regulatorias del Estado provincial. Quien maneja los hilos de esta estructura es Carlos Banfi, cara visible y CEO para Latinoamérica de Huobi (Huobi Argentina), una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes a nivel internacional.
Como expone un recorte periodístico de Clarín, Banfi comanda una corporación que opera con más de 200 tipos de criptomonedas y que está catalogada globalmente como uno de los mayores «proveedores de servicios financieros y activos digitales del mundo».
Que el ente regulador del Juego en Entre Ríos, el IAFAS, permita el desembarco y otorgue el manejo de salas locales a una firma directamente vinculada al ecosistema financiero crypto internacional es una contradicción regulatoria escandalosa. Una circunstancia sobre la cual las autoridades encargadas de fiscalizar la legalidad del juego no pusieron ningún tipo de reparo ni objeción.
La ley argentina busca impedir con cerrojos muy claros que las mesas de dinero y las plataformas de activos líquidos se fusionen con las cajas recaudadoras de los casinos y bingos. Según se detalla en las normativas del sector bancario, en el año 2017, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó una norma de cumplimiento obligatorio e inmediato en todo el territorio nacional que restringe la posibilidad de que una institución financiera opere una empresa de juego y, recíprocamente, que los directores y socios de una empresa de juego tengan una financiera.
La resolución del BCRA es taxativa y no deja margen a interpretaciones:
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Incompatibilidad de propiedad: Los accionistas que posean una participación superior al 5% en una entidad financiera no podrán ser accionistas en empresas dedicadas a los juegos de azar y apuestas.
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Inhabilitación de cargos directivos: Quienes tengan participación en firmas de apuestas no están habilitados para ser directores, síndicos ni ocupar ningún cargo de relevancia en una entidad financiera,
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Prevención de Lavado: El Banco Central fundamentó estas restricciones siguiendo expresas recomendaciones internacionales para la prevención del lavado de dinero, debido al «mayor riesgo que implica la vinculación de los juegos de azar con el sistema financiero» .
Frente a la contundencia de este texto legal, el espíritu crítico obliga a preguntarse de forma directa: ¿Qué clase de auditoría o revisión de antecedentes realizaron los funcionarios del IAFAS antes de convalidar el ingreso de un operador financiero internacional? ¿Cómo es posible ignorar una normativa federal dictada específicamente para evitar que los casinos sean utilizados como terminales de lavado de activos o triangulación financiera?
La pasividad del IAFAS ante el ingreso de firmas dedicadas a los servicios financieros y crypto-activos deja en evidencia una alarmante ausencia de rigurosidad en el control de las concesiones públicas en Entre Ríos. Cuando el organismo del Estado encargado de destinar los dividendos del azar a la «Acción Social» decide mirar para otro lado ante prohibiciones explícitas del Banco Central, la negligencia adquiere un cariz institucional intolerable.
Esta falta de control sistemática no hace más que confirmar la desconexión total de las autoridades con las normativas vigentes, optando por beneficiar el desembarco de capitales corporativos cuestionados en lugar de resguardar el patrimonio, la transparencia y la seguridad jurídica de la comunidad entrerriana. El IAFAS tiene la obligación legal y moral de romper el silencio y rendir cuentas públicas sobre este entramado.