Mientras las salas de juego están llenas, multan y labran actas a reuniones familiares

Este fin de semana, el municipio y la provincia tildaron de “fiesta clandestina” a reuniones sociales.

Este fin de semana se vieron dos situaciones antagónicas en medio de la pandemia en la provincia de Entre Ríos.

Por un lado, los casinos y salas de juego del territorio provincial retomaron la actividad con una masiva concurrencia de público y sin el cumplimiento de los protocolos, mientras efectivos policiales observaban sin actuar, algo que denunciaron particularmente los vecinos de Victoria.

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Por el otro, en Paraná y en otros puntos de la provincia, la Policía de Entre Ríos, que responde a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y por orden estricta del gobernador Bordet, tomó intervención en reuniones sociales y familiares y se labraron actas para apercibir a los vecinos.

Lo llamativo es que a esas reuniones se les dio el tratamiento de “fiesta clandestina”, aunque, según dejaron trascender algunos de los vecinos involucrados, se trataba de pequeñas reuniones.

Según se supo, en una de ellas había siete personas, y en otra ocho, a pesar de lo cual se labraron actas como si se tratara de faltas gravísimas.

Es más, la policía de Entre Ríos emitió comunicados y exhibió mercadería secuestrada en las supuestas fiestas clandestinas que denotan que los presentes eran apenas un puñado, como puede inferirse de las imágenes difundidas.

Si bien es entendible la necesidad de hacer cumplir los DNU y los protocolos vigentes, la contracara eran las salas de juego y casinos llenas de gente, en las que los límites de aforo no eran respetados y tampoco las medidas de prevención.

Lo que indignaba mayormente a los vecinos que pasaban por las salas de juego era que observando las grandes filas de gente había miembros de la policía, que evidentemente habían recibido la orden de no actuar, un privilegio de los privados que facturan cifras multimillonarias al mes.

Pero cuando se trata de vecinos particulares dentro de una casa, se cae con todo el peso de las normas vigentes.

Es más, en Paraná se sancionó una ordenanza que prevé multas fortísimas para los vecinos que incumplen los protocolos por participar en “fiestas clandestinas”.

Se trata de un proyecto redactado por la concejal Luisina Minni, que responde al sector de la ministra Rosario Romero, y que el intendente Bahl promulgó, que establece sanciones con multas que oscilan entre los 270.000 y los 2.231.000 pesos para quienes realicen fiestas clandestinas o privadas durante la pandemia del Covid.

La norma, sancionada por el Concejo Deliberante en la sesión ordinaria del 3 de junio pasado, incluye entre los infractores a aquellas personas responsables de organizar, promocionar, prestar servicios y concurrir a fiestas privadas, clandestinas, bailes o cualquier tipo de espectáculos de características similares, que se realicen en locales no habilitados al efecto -ya sea al aire libre o en espacios cerrados- sin autorización municipal previa, que pongan en riesgo la salud pública y que se lleven a cabo en violación a las restricciones dispuestas por los poderes ejecutivo nacional, provincial o municipal, en lo que respecta a reunión de personas.

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Aún sin la ordenanza en vigencia, este fin de semana hubo fuertes operativos para reuniones muy reducidas.

Si bien es importante tomar medidas que tiendan a la disuasión de la realización de fiestas masivas, que se labraran actas a vecinos que se reunieron con menos de 10 personas mientras las salas de juego estaban repletas habla de las distintas varas con las que se miden las acciones de la ciudadanía.

A los vecinos de a pie se les aplican multas, para los empresarios privados que facturan cifras multimillonarias se mira para otro lado.

Es más, son esos los empresarios que le hicieron llegar al gobernador Bordet la orden de habilitar la apertura de las salas de juego, algo que, a poco de iniciar la campaña, el gobernador accedió inmediatamente.

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