El peronismo entrerriano atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas, marcada por una reconfiguración de fuerzas que combina sanciones disciplinarias con una interna feroz de cara a las próximas elecciones. Mientras el Tribunal de Disciplina partidario avanza con una serie de expulsiones y suspensiones contra dirigentes que jugaron por fuera de la estructura oficial, el criterio de selección de dichas penas ha despertado suspicacias en toda la provincia. Las medidas alcanzaron a figuras como Rossi y Regiardo, quienes fueron eyectados del padrón, mientras que otros referentes como Maya, Guzmán, Gaillard, recibieron suspensiones en sus cargos partidarios. Sin embargo, el hermetismo y la aparente desinformación del Tribunal han dejado un vacío difícil de explicar en términos políticos y éticos. ¿Cómo se explica que en esta lista de sancionados no figure José Ángel Allende, el principal promotor y soporte logístico de una lista disidente?
Resulta llamativo que el órgano disciplinario ignore hechos que fueron de público conocimiento y que contaron con amplia difusión mediática. Allende no solo fue el armador del espacio que hoy se intenta purgar, sino que puso a disposición la estructura del sindicato UPCN para actos donde se impulsaban candidaturas por fuera del sello del Partido Justicialista. La contradicción se agudiza al comparar los perfiles de los sancionados: mientras se suspende a dirigentes como Gustavo Guzmán, quien obtuvo un importante caudal de dieciocho mil votos en una interna para la intendencia y mantiene un perfil de militancia austera (sigue usando el mismo par de alpargatas con las que camino en la campaña por las PASO de 2023), o se expulsa a Daniel Rossi, que es el mayor elector del departamento La Paz, se sostiene la afiliación de un dirigente como Allende, quien se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito. El ex legislador reconoció judicialmente su responsabilidad en delitos contra la administración pública y llegó a proponer la devolución de bienes valuados en más de un millón trescientos mil dólares, cifra que, a valores actuales, representa una fortuna cercana a los dos mil millones de pesos, para evitar penas mayores. Esta disparidad en el trato partidario alimenta la lectura de un peronismo que, en lugar de renovarse, parece encaminarse hacia un modelo de partido de minorías, similar a las derivas históricas de la Unión Cívica Radical.
La aplicación de esta medida disciplinaria responde a una inconducta técnica específica: la doble pertenencia o la integración de listas electorales en organizaciones políticas competidoras. Al postularse como candidatos por una fuerza distinta a la propia, los dirigentes incurren en una violación directa al Artículo 10° de la Carta Orgánica Partidaria, el cual exige lealtad institucional y prohíbe explícitamente el apoyo a estructuras opositoras mientras se mantenga la afiliación. El hecho de que esta normativa haya permanecido inactiva durante 20 años y se decida aplicar precisamente ahora genera un debate sobre la discrecionalidad política y la selectividad en el cumplimiento de las reglas internas del partido.
Este fenómeno de fragmentación no es nuevo en la historia reciente del movimiento en Entre Ríos. Durante las últimas dos décadas, las fugas por el sistema de listas «colectoras» o estructuras paralelas han sido una constante. Ejemplos de ello fueron la Lista 100 en el año 2007, el surgimiento del FEF (Frente Entrerriano Federal) fundado por Jorge Busti como una estructura electoral propia para competir en las elecciones provinciales de 2011, tras su distanciamiento del kirchnerismo y del entonces gobernador Sergio Urribarri, y, de manera más prominente, la fractura de 2015. En aquel entonces, la fórmula compuesta por el intendente de Villaguay UNA Adrián Fuertes y Jorge Busto compitió por fuera del PJ integrando Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), la coalición nacional que sellaron Sergio Massa y José Manuel de la Sota. La repetición de estos esquemas sugiere que la sanción actual no busca corregir una conducta inédita, sino que funciona como una herramienta de presión en medio de un escenario donde el desdoblamiento electoral en la provincia ya dicta la agenda de los principales referentes.
En este escenario, el ex intendente de Concordia y actual diputado provincial, Enrique Cresto, ha comenzado a mover sus piezas con la mira puesta en la gobernación. Según trascendió de fuentes directas, Cresto mantuvo un encuentro clave con Gustavo Bordet para proponerle un acuerdo estratégico: que el ex gobernador lo acompañe como candidato a intendente de Concordia. El planteo de Cresto se basaba en una lógica de blindaje territorial para contrarrestar las charlas que estaban llevando Rosarío Romero con Eduardo Lauritto de una posible alianza ; aseguraba que, con Bordet en la boleta local, el triunfo en Concordia estaba garantizado más allá de los riesgos que pudiera correr la provincia. No obstante, la respuesta del ex mandatario fue un cierre rotundo a esa posibilidad. Bordet fue claro al manifestar que su compromiso político está ligado a Guillermo Michel, asegurando que si el ex titular de Aduana decide lanzarse a la arena electoral, él será su principal aliado. Este rechazo no solo dejó expuesta la fractura entre los liderazgos de la costa del Uruguay, sino que precedió a un hecho que en el entorno de Bordet no interpretan como una casualidad: a los pocos días de esa negativa, se produjeron allanamientos judiciales en propiedades vinculadas a su familia.
Mientras la tensión crece entre Concordia y los sectores que responden a Bordet, otros polos de poder ensayan sus propios acuerdos. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, mantiene diálogos avanzados con el jefe comunal de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, buscando consolidar un eje que equilibre la balanza interna frente a las aspiraciones de los sectores más radicalizados. Sin embargo, toda esta arquitectura electoral choca contra el desánimo de una base militante y un electorado que observa con perplejidad cómo el rigor disciplinario se aplica con cuentagotas y según la conveniencia del momento.
El castigo a la disidencia electoral parece una distracción frente a escándalos de mayor calibre que afectan la imagen del partido y su transparencia institucional. La pregunta sobre la coherencia del peronismo entrerriano queda abierta. En política, nada es casual. Agitar el fantasma de la «traición» por cuestiones de boletas es una estrategia clásica para desviar la atención de lo verdaderamente urgente: la crisis de ejemplaridad. Es mucho más sencillo para una conducción señalar con el dedo a quien compitió en otra lista que explicarle al electorado por qué el partido sigue siendo el refugio de figuras que caminan por los pasillos de los tribunales con más frecuencia que por los barrios. Esta «limpieza» de nombres menores no es más que un decorado que intenta ocultar las grietas de un edificio que se cae a pedazos por su propia falta de coherencia ética, siguiendo tristemente los pasos de la UCR, que esta solamente para acompañar.