Este mes comienza el calendario electoral y Bordet, con miedo a la movilización de los sindicatos, trabajadores y jubilados por los recortes, decidió evitar pagar el costo político y perder 1.150 millones de pesos.
El gobernador Gustavo Bordet anunció que no extenderá la Ley de Emergencia Provincial, que generó polémica entre trabajadores y gremios porque implicaba un sobrecargo en los aportes de los empleados al Estado.
Según anunció el mandatario mediante un mensaje grabado desde la Casa Gris, “la aplicación de la Ley abrió el debate sobre la posibilidad de poner equidad en la provincia”.
El gobernador afirmó que “esta ley nos ha permitido mantener la estabilidad financiera” durante el año de vigencia y declaró que el ordenamiento y los objetivos para los cuales fue creada la Ley de Emergencia Solidaria Nº 10.806 “se han logrado”.
Hasta el momento, el mandatario no ha mostrado ningún informe en el que se refleje exactamente qué hizo el gobierno provincial con los más de 2.300 millones de pesos recaudados con esta normativa por un año, que recortaba los ingresos de trabajadores y jubilados de la provincia.
Lo que se sabe es que, a pesar de la vigencia de la ley, no se detuvieron los nombramientos, compras, designaciones, contrataciones y gastos multimillonarios de la política.
Por el contrario, en el sistema sanitario provincial no se vieron reflejadas las inversiones que el gobierno anunció y las camas siguen faltando en la provincia, al igual que los respiradores que podrían salvarle la vida a los entrerrianos.
Por los desmanejos que se vieron aún con la ley de Emergencia vigente, Bordet ha demostrado tener miedo a la movilización, denunciando ante la Justicia a un vecino.
También le teme a las marchas de los sindicatos, trabajadores y jubilados si llega a anunciar la prórroga, por lo que busca evitar pagar el costo político de extender por otros seis meses la ley de Emergencia.
La recaudación que obtuvo la provincia en el año que lleva vigente la normativa es de 2.300 millones de pesos, aunque no se especificó en qué se los invirtió.
Para evitar más movilizaciones y no pagar el costo político, Bordet optó por no prorrogar la ley, aunque eso le cueste 1.150 millones de pesos.
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